Encabezados por Elena Poniatowska, Francisco Toledo, Alfredo López Austin y Víctor Manuel Toledo, un grupo de personalidades y organizaciones civiles rechazan la instalación de dos confinamientos de residuos tóxicos y peligrosos en los municipios de Santo Domingo, San Luis Potosí, y de General Cepeda, Coahuila, por las consecuencias al medio ambiente y a la salud. Lanzan campaña de firmas y un frente civil para impedir su instalación.
Firma contra los confinamientos tóxicos en General Cepeda y Santo Domingo, infórmate y actúa.
Regeneración, 28 de marzo de 2016. En un manifiesto titulado Por la vida y en defensa de nuestros territorios, medio centenar de colectivos de la sociedad civil y de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, así como de la pastoral social de varias diócesis del país, rechazan la instalación de confinamientos de residuos tóxicos y peligrosos en los municipios de Santo Domingo, San Luis Potosí, y de General Escobedo, en Coahuila.
La declaración está acompañada por medio millar de firmas, entre ellas casi un centenar de reconocidos intelectuales, académicos, artistas plásticos, investigadores, escritores, actores y abogados, entre otros, el manifiesto denuncia que la imposición de un confinamiento de este tipo de residuos a campesinos y ganaderos en pequeño –que viven del autoconsumo y que han cuidado durante siglos la biodiversidad–, “es un violento crimen empresarial que viola los derechos humanos a un medio ambiente sano”.
Tras señalar que la gran cantidad de desechos industriales es uno de los más graves problemas del planeta, aseguran que en México, con la complicidad de las autoridades, 75 por ciento de esos venenos se desecha sin control en ríos, barrancas y basureros al aire libre.
“El gobierno no ha querido crear una política seria que obligue a los industriales a mejorar sus prácticas, a reducir la cantidad de basura tóxica que producen, reciclarla y confinarla en el sitio donde la generan. Los confinamientos están mal reglamentados, por eso son un negocio multimillonario que los empresarios tratan de instalar cerca de comunidades rurales aisladas que creen vulnerables y poco capaces para defender sus derechos”, dice la declaración a la opinión pública.
Citan que de manera directa las empresas Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula en San Luis Potosí, y de la Sociedad Ecológica Mexicana del Norte en Coahuila, son quienes como estrategia para imponer sus proyectos han recurrido al engaño, amenazas, desprecio, siembra de divisiones y confusión en las comunidades, falta de transparencia, corrupción y complicidad con funcionarios, autoridades e instituciones del Estado.
Ambos corporativos pretenden trasladar cientos de miles de toneladas de basura tóxica y peligrosa a esos municipios rurales, sometiendo a sus habitantes, durante 30 años, a los riesgos de esa actividad y obligándolos a convivir para siempre con cientos de miles de metros cúbicos de desechos.
Las organizaciones y el grupo de personas firmantes señalaron que la defensa de sus propiedades, que encabezan el Comité en Defensa del Territorio en San Luis Potosí, y el Colectivo Sí a la Vida, en Coahuila, es nuestra casa común. Es la misma batalla no violenta por la vida y la dignidad que libran la Tribu Yaqui, los campesinos de Atenco, o los nahuas, totonakus y mestizos de la Sierra Norte de Puebla, por citar unos ejemplos.
Entre las organizaciones firmantes están Fundar, Alianza Mexicana contra el Fracking, Pro San Luis Ecológico, Pastoral Social de Saltillo, Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Frente de Pueblos del Anáhuac.
En la larga lista de personalidades que suscriben el manifiesto están, entre otros, Elena Poniatowska, Ezequiel Ezcurra, Alfredo López Austin, Francisco Toledo, Pablo Ortiz Monasterio, Jesusa Rodríguez, Liliana Felipe, Jesús Ramírez Cuevas, Jesús González Schmal, Benito Taibo, Laura Esquivel, Armando Bartra, Elvira Concheiro, Félix Hernández Gamundi, José del Val y Víctor Suárez.
Campaña de firmas en Change.org para frenar los basureros tóxicos
Imponer un confinamiento de residuos tóxicos y peligrosos a campesinos y ganaderos en pequeño, que viven del autoconsumo y que han cuidado durante siglos la biodiversidad, es un violento crimen empresarial que viola los derechos humanos a un medio ambiente sano, y siembra conflictos por la llegada de empresarios y técnicos ajenos a la comunidad. Ha sucedido así en muchos lugares en el país, como Zimapán, Hidalgo.
Los desechos industriales tóxicos y peligrosos que produce la industria es uno de los más graves problemas actuales. En México, con la complicidad de las autoridades, 75% de esos venenos se desecha sin control en ríos, barrancas y basureros al aire libre. El Gobierno no ha querido establecer una política seria que obligue a los industriales a mejorar sus prácticas, a reducir la cantidad de basura tóxica que producen, reciclarla y confinarla en el sitio donde la generan.
Los confinamientos están mal reglamentados, por eso son un negocio multimillonario que los empresarios tratan de instalar cerca de comunidades rurales aisladas que creen vulnerables y poco capaces para defender sus derechos.
Los pobladores del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, y de General Cepeda, Coahuila, han vivido en sus tierras durante generaciones sin dañarlas y de acuerdo con los recursos naturales de la región (cabras, lechuguilla, candelilla, orégano, maíz, frijol, etcétera); han conservado su patrimonio biocultural, -desde semillas criollas hasta costumbres y creencias-, porque es la base de su sustento e identidad. Sin embargo, las empresas denominadas Sociedad Ecológica Mexicana del Norte en Coahuila, y Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula en San Luis Potosí, pretenden construir en esos municipios dos confinamientos para trasladar desde cientos de kilómetros millones de toneladas de residuos tóxicos y peligrosos.
Imponer un confinamiento de residuos tóxicos y peligrosos a campesinos y ganaderos en pequeño, que viven del autoconsumo y que han cuidado durante siglos la biodiversidad, es un violento crimen empresarial que viola los derechos humanos a un medio ambiente sano, y siembra conflictos por la llegada de empresarios y técnicos ajenos a la comunidad. Ha sucedido así en otros lugares. Después de trabajar durante años, los confinamientos sólo dejan deterioro a la tierra y a las personas por el tráfico intenso de toneladas de venenos producidos a gran distancia y porque, a fin de cuentas, los desechos se quedan para siempre.
Frente al riesgo de verse obligadas a vivir así, las comunidades rurales de los municipios de General Cepeda y de Santo Domingo se han organizado para resistir de manera pacífica contra esos proyectos de confinamiento o basurero tóxico, y piden nuestra solidaridad en la defensa de sus territorios.
MANIFIESTO
POR LA VIDA Y EN DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS
NO A LOS CONFINAMIENTOS DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS EN SANTO DOMINGO (SAN LUIS POTOSÍ) Y GENERAL CEPEDA (COAHUILA)
A LA SOCIEDAD MEXICANA
A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
La gran cantidad de desechos industriales tóxicos y peligrosos que produce la civilización industrial, es uno de los más graves problemas de nuestra casa común. En México, con la complicidad de las autoridades, el 75% de esos venenos se desecha sin control en ríos, barrancas y basureros al aire libre. El Gobierno no ha querido establecer una política seria que obligue a los industriales a mejorar sus prácticas, a reducir la cantidad de basura tóxica que producen, reciclarla y confinarla en el sitio donde la generan. Los confinamientos están mal reglamentados,
por eso son un negocio multimillonario que los empresarios tratan de instalar cerca de comunidades rurales aisladas que creen vulnerables y poco capaces para defender sus derechos.
Los pobladores del Municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, y de General Cepeda, Coahuila, han vivido en sus tierras durante generaciones sin dañarlas y de acuerdo con los recursos naturales de la región (cabras, lechuguilla, candelilla, orégano, maíz, frijol, etcétera); han conservado su patrimonio biocultural, -desde semillas criollas hasta costumbres y creencias-, porque es la base de su sustento e identidad.
Imponer un confinamiento de residuos tóxicos y peligrosos a campesinos y ganaderos en pequeño, que viven del autoconsumo y que han cuidado durante siglos la biodiversidad, es un violento crimen empresarial que viola los derechos humanos a un medio ambiente sano, y siembra conflictos por la llegada de empresarios y técnicos ajenos a la comunidad. Ha sucedido así en otros lugares. Después de trabajar durante años, los confinamientos sólo dejan deterioro a la tierra y a las personas por el tráfico intenso de toneladas de venenos producidos a gran distancia y porque, a fin de cuentas, los desechos se quedan para siempre.
Frente al riesgo de verse obligadas a vivir así, las comunidades rurales de los municipios de General Cepeda y de Santo Domingo se han organizado para resistir de manera pacífica contra esos proyectos de confinamiento o basurero tóxico. En los dos casos la estrategia empresarial ha sido la misma: engaños, amenazas, desprecio, siembra de divisiones y confusión, falta de transparencia, corrupción y complicidad con funcionarios, autoridades e instituciones del Estado.
Así han actuado, por un lado, la Sociedad Ecológica Mexicana del Norte en Coahuila, y por el otro, el Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula en San Luis Potosí, propiedad de José Cerrillo Chowell. Ambos corporativos pretenden trasladar cientos de miles de toneladas de basura tóxica y peligrosa a esos municipios rurales, sometiendo a sus habitantes, durante treinta años, a los riesgos de esa actividad y obligándolos a convivir para siempre con cientos de miles de metros cúbicos de desechos.
Ante la resistencia de las comunidades afectadas para detener estos daños, y frente a la indiferencia de empresas y autoridades que ignoran la voz de los afectados, los abajo firmantes manifestamos nuestro absoluto compromiso con la defensa de la tierra y con la lucha de las comunidades de General Cepeda, de Santo Domingo y de todas las comunidades vecinas que la defensa de sus territorios, que encabezan el Comité en Defensa del Territorio en San Luis Potosí y el Colectivo ¡Sí a la Vida! en Coahuila, es la defensa de nuestra casa común y del patrimonio ambiental de las futuras generaciones. Es la misma batalla no violenta por la vida y por la dignidad que libran los hermanos yaquis de Sonora, los campesinos de Tlaltenco en la Ciudad de México, los campesinos de Atenco, o los nahuas, totonakus y mestizos de la Sierra
Norte de Puebla, por mencionar sólo algunos ejemplos de lo que está surgiendo en el suelo mexicano para enfrentar lo que Víctor Toledo ha llamado la crisis civilizatoria que actualmente
En su encíclica Laudato si’, Francisco señala que las raíces de los problemas ambientales son éticas y espirituales; el actual modelo de crecimiento es suicida, no conoce límites en la explotación del hombre y de la naturaleza en todas sus formas; la idea de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta desarrollada por el binomio tecnociencia-capital, es el mayor peligro para la sobrevivencia de la humanidad. Tanto General Cepeda como Santo Domingo están amenazados por esa alianza que desea medrar, convirtiendo en basureros tóxicos los territorios de comunidades que son consideradas por los empresarios como residuales y
Frente a esta agresión, lanzamos a la opinión pública mundial este MANIFIESTO POR LA VIDA Y EN DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS, y hacemos un llamado urgente a solidarizarse con las luchas en General Cepeda y Santo Domingo. Exhortamos a
reflexionar sobre la amenaza del modelo tecno-económico contra los más vulnerables: la tierra y los pobres. Hacemos nuestras las palabras del papa Francisco sobre los daños que la civilización industrial ha hecho a la hermana madre tierra. Apelamos a la conciencia de los empresarios católicos y de cualquier otra religión que promueven estos proyectos, para que frenen sus afanes de negocio y asuman el principio de subsidiariedad propuesto por Francisco: la libertad para desarrollar las capacidades presentes exige, a los que tienen más poder, mayor responsabilidad por el bien común presente y futuro.
¡NO QUEREMOS OTRO TAJAMAR!
¡NUNCA MÁS OTRO CASO COMO CERRO DE SAN PEDRO!
¡DETENGAMOS JUNTOS LOS ECOCIDIOS!
México, febrero 25 del 2016
Firman
Colectivo ¡Sí a la vida! (General Cepeda, Coahuila), Diócesis de Saltillo, Pastoral Social de la Diócesis de Saltillo, Parroquia de Parras de la Fuente, CEP Parras, Frontera con Justicia, Casa de Migrante Belén.