Filtraciones y revictimización, líneas de investigación acotadas, falta de pruebas y contradicciones en la investigación del multihomicidio de la colonia Narvarte son los aspectos “que podrían poner en seria duda las conclusiones de la misma” y arriesgar el acceso a la justicia, denunció la organización ARTICLE 19, que ejerce la representación de la familia del fallecido foto reportero Rubén Espinosa
Regeneración, 1 de septiembre del 2015. (Sidih)A un mes de los asesinatos, la organización defensora de la libertad de expresión señaló que “con la violación de protocolos internos y faltando a la normatividad, la Procuraduría del DF ha filtrado información sobre el caso, de manera ilegal y dolosa a medios de comunicación, en perjuicio de las víctimas, de la opinión pública y de la libertad de prensa”. Las filtraciones, que han revictimizado, estigmatizado y criminalizado a las víctimas del múltiple homicidio, así como a sus familiares, “sólo buscan desviar, manipular la atención pública del caso. Además con la revelación de ciertos datos, lo que se provoca también es entorpecer las investigaciones, lo cual atenta contra el derecho de acceso a la justicia de las víctimas”, lamentó en un comunicado. Ante ello, el 27 de agosto el Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, le ordenó a la PGJDF, a petición de las hermanas de Rubén Espinosa, instrumenten medidas efectivas para resguardar la información de la averiguación previa sobre el multihomicidio y evitar que se haga del dominio público.
ARTICLE 19 calificó como “profundamente insatisfactoria” la línea de investigación relacionada con la actividad periodística de Rubén Espinosa, lo que “confirma que desde un principio, la PGJDF no ha investigado los presentes hechos bajo la perspectiva del ataque a la libertad de expresión, pese al discurso que ha sostenido frente la opinión pública”. La organización precisó que no ha tenido acceso a la declaración del gobernador Javier Duarte -presentada por escrito el 11 de agosto- ni a la de otros altos funcionarios de Veracruz.
El comunicado de la organización de derechos humanos se dio a conocer unas horas después de que las autoridades capitalinas informaron que fue detenido Abraham Torres Tranquilino como uno de los presuntos responsables en el crimen, de acuerdo con la declaración del también detenido Daniel Pacheco Gutiérrez. ARTICLE 19 señaló su preocupación por la tortura denunciada por Pacheco Gutiérrez, sobre cuya declaración se basa actualmente el caso, y recordó que “la carga de probar que no se produjeron malos tratos y tortura a dicha persona corresponde al propio Estado. Además de resultar inválido en el proceso tal declaración, se requiere que la investigación iniciada por las violaciones al derecho a la integridad personal arroje resultados inmediatos”.
La representación de Rubén Espinosa sostuvo que en la declaración de Daniel Pacheco hay “evidentes contradicciones y aspectos inverosímiles”, como la inexistencia de rastros de las supuestas relaciones sexuales que alega haber sostenido con una de las víctimas, el error en el modelo y color de auto en el que declara haber llegado contra la imagen que arrojaron las cámaras y los testimonios que arrojan que Mile Virginia no recibía gente en el departamento.
También se enumera que el agente del Ministerio Público no dio fe adecudamente de todos los indicios y que hasta dos días después de la quíntuple tortura y ejecución encontraron las pruebas fundamentales para soportar la hipótesis oficial, no reportada el día del crimen, “lo que genera incertidumbre de que hayan sido introducidos con posterioridad”.
Además, la PGJDF ha dificultado y condicionado el cceso al expedientea los representantes de las víctimas.
ARTICLE 19 consideró urgente que se determine conmayor exactitud la secuencia de los hechos; que se establezca el número de participantes en el crimen; que se profundice la línea de investigación relativa a las amenazas previas a Nadia Vera y a Rubén Espinosa y que se geolocalicen los aparatos telefónicos que sí fueron extraídos del lugar.