El estado mexicano de Puebla se ha caracterizado por un compromiso histórico con la tierra y la soberanía nacional, ya que entre sus montañas se libró aquella batalla mítica del 5 de mayo de 1862, en el que los indígenas poblanos expulsaron al ejército francés de Napoleón.
Por Yolisbeth Ruiz García | Periodistas-es
Con este antecedente se entiende que, aun en estos años, los poblanos están dispuestos a todo para defender sus tierras.
Existen más de 570.000 indígenas que habitan en las cadenas montañosas que recorren de norte a sur el territorio del Estado. Los nahuas son el grupo predominante, con más de 440.000 nativos. En segundo lugar se encuentran los totonacas, con poco más de 100.000 hablantes y, finalmente, los popolacos y mazatecos, que juntos suman un número de 30.000, según el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (Inegi).
A pesar de estos datos, los indígenas poblanos son uno de los grupos más vulnerables, ya que sufren pobreza, desnutrición, analfabetismo, carecen de servicios de salud y, por si fuera poco, tienen que soportar la inseguridad, y el despojo y abuso por parte de las autoridades regionales.
La vida de cualquiera de estos grupos consiste en defenderse de los embates de la naturaleza, en trabajar en el campo para llevar a su mesa tortillas con chile y sembrar y recolectar, maíz, chile, café o los frutos de sus huertos, para después venderlos en el mercado más cercano.
Desde la montaña hasta el punto de venta, un indígena poblano camina por lo menos ocho horas cargando un cajón de fruta de unos 30 kilos para recibir 15 pesos (poco menos de un euro), y los intermediarios venderán ese producto en unos 180 pesos (10 euros) cuando lleguen a la ciudad.
Sin embargo, esto no es lo único con lo que se tienen que enfrentar. Desde hace unos años, la explotación de recursos naturales ha puesto en desventaja a los pueblos marginados. Las tierras comunitarias están en la mira de empresas mineras, constructoras, y productoras y extractoras de productos energéticos. Y ellos deben defenderse de esa codicia.
Consecuencias de la defensa
Puebla es uno de los Estados con mayor número de indígenas presos por motivos diversos. Los casos más abundantes son los relacionados con la oposición específica a los proyectos “morenovallistas” (auspiciados por el gobernador del Estado). Sin embargo, los detenidos se encuentran procesados por cargos tan disímbolos como el homicidio, robo o secuestro, lo que nos hace pensar que en realidad se habla de presos políticos.
Los activistas de la Sierra Norte del Estado han señalado en distintas ocasiones, y por distintos medios, el acoso del gobernador Rafael Moreno Valle por la oposición que mantienen a la construcción de diversos proyectos mineros e hidroeléctricos que afectarían la posesión de las tierras comunales, además de acabar con la producción de maíz, café y fruta, así como del ecoturismo, que son el sustento económico de las comunidades marginadas de esta zona de México.
En una reciente conferencia que tuvo como sede la Universidad Iberoamericana de la capital del mismo Estado, distintas asociaciones comunitarias de indígenas poblanos, señalaron que “defenderían con la vida si fuere necesario”, sus tierras. Así mismo, expusieron las consecuencias ecológicas y económicas que se presentarían si se aprueba la construcción de dichos proyectos, y manifestaron que no están dispuestos a ceder sus tierras a estas obras de muerte.
Los comuneros señalan que por medio de engaños, la constructora Grupo México recibió el permiso para hacer una carretera de 300 kilómetros, sin embargo ahora se proyecta la construcción de hidroeléctricas que beneficiarían a la Comisión Federal de la Electricidad (CFE), que abastecerían de energía a las minas. Pero este no es el único grupo beneficiado, también se sabe de la incursión de mineras canadienses, norteamericanas y españolas, que desean conseguir los permisos de explotación de recursos minerales en esta zona.
Ante esta resistencia civil que han mantenido los indígenas poblanos, la represión no se ha hecho esperar.
La CNDH los respalda
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya ha emitido distintas recomendaciones al gobierno de Puebla, puesto que los procesados carecen de un intérprete (muchos de ellos no hablan español), además de que manifiestan desconocer las causas de su encarcelamiento y, por si fuera poco, los han hecho firmar declaraciones bajo tortura.
Sin embargo, los indígenas presos no son la única manifestación de represión por parte del gobierno hacia las comunidades en resistencia.
En junio del año pasado organizaciones indígenas señalaron como culpable directo al gobernador Moreno Valle del asesinato del activista y líder del Movimiento Independiente de Organizaciones Campesinas, Urbanas y Populares (MIOCUP), Antonio Estaban Cruz, del municipio poblano de Cuetzalan. Y como éste, existen otros casos de muertos y desaparecidos cuyos culpables han quedado impunes.
La comunidad indígena poblana vive con el temor de perder sus tierras y, en su defensa, la vida. No obstante, sus integrantes dicen no tener miedo y estar dispuestos a enfrentar, hasta las últimas consecuencias, estos embates gubernamentales que pretenden despojarlos de lo que, por generaciones, les ha pertenecido. Los muertos, presos políticos y desaparecidos son solo parte del precio que pagarán por, tristemente, defender lo que es de su propiedad.