Por Miguel Concha/ La Jornada
México está inmerso en cientos de conflictos por la tierra, el territorio, el agua y los bienes comunes naturales. Son precisamente estos bienes los que nos benefician a todas y todos, a quienes ahora estamos y a las generaciones que han de venir por delante. Si tomamos en cuenta los saberes de los pueblos, conservaremos y respetaremos muy ampliamente a la naturaleza, a la vez que aseguraremos una buena administración y plena garantía de que otros también disfruten de ellos. Sin embargo, sabemos, muy a nuestro pesar, que ahora en el país se impulsan desde arriba agendas contrarias a su mantenimiento y cuidado. La conflictividad parece además carecer de mecanismos adecuados para dar respuesta efectiva del Estado a las problemáticas que los pueblos y comunidades padecen, las cuales son originadas por la imposición de megaproyectos, el despojo de los bienes comunes y la violación de sus derechos como pueblos indígenas o campesinos.
Hemos visto ahora igualmente que no sólo en las zonas rurales, sino también en conurbadas y urbanas se originan luchas frente a la nula consulta y participación de las personas en los planes de desarrollo, de infraestructura de carreteras, o en reformas legales que invalidan e ignoran formas comunitarias de organización y gestión de recursos. Se trata de una crisis sin precedente en la historia de la humanidad, y de una guerra contra los pueblos que pasa por encima de la vida, la dignidad y la democracia verdaderas. Como bien escribió Don Pablo González Casanova en su ponencia presentada en el seminario El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, organizado por el EZLN: A los muchos recursos económicos que la guerra les reporta [a los de arriba] ponen toda su atención, y ninguna a los sufrimientos que provocan. Son presidentes, gerentes, gobiernos y comandos eficaces y eficientes que maximizan su poder y utilidades, ya sea en esas formas indirectas y confusas, ya con guerras y medidas abiertas que ponen al orden del día lo que Harvey ha llamado economía por desposesión, y que en realidad es economía por despojo, abierto y encubierto, formal e informal, directo y subrogado, con ejércitos de línea y con bandas criminales y sádicas debidamente entrenadas, todas al servicio consciente o inconsciente de complejos y corporaciones que sacan billones y billones de los pobres de la tierra y de los recursos de la Tierra (La Jornada, 9/5/15).
Precisamente frente a estos gerentes y comandos de arriba, los pueblos responden y se organizan. Se movilizan para impedirles el paso, y resisten ante el intento de convertir en botín de guerra los bienes comunes. En estas semanas presenciamos dos experiencias reveladoras de esos movimientos desde abajo: la Caravana del Fuego de la Digna Resistencia, y la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida. La primera se llevó a cabo del 29 de abril al 15 mayo. En ella pueblos indígenas, campesinos, organizaciones sociales, sistemas autónomos de agua potable, y colectivos estudiantiles, están fortaleciendo sus luchas. Denuncian la imposición de un proyecto político y económico que atenta contra la dignidad e identidad de sus formas organizativas, comunidades y pueblos. Representantes de los pueblos de Atenco, Coyotepec, San Francisco Magú, Tecámac, San Francisco Xochicuautla y San Lorenzo Huitzizilapan, entre otros, gestan un movimiento social revitalizado en el estado de México y en sus regiones cercanas, cuyo objetivo es la defensa de sus derechos humanos, la construcción de alternativas, y el rescate y conservación de su historia, cultura y organización colectiva. Es precisamente en esta entidad de la República, tan azotada por el flagelo de la mano dura de régimenes bastante violatorios de derechos humanos, donde el fuego, la energía y la pasión por la justicia se materializa en las alternativas y resistencias que se construyen paso a paso.
La segunda Caravana está encabezada por la Tribu Yaqui. Comenzó el pasado 11 de mayo y arribará a la ciudad de México el próximo 22. Unos vienen desde Vícam, Sonora; otros desde Pijijiapan, Chiapas, y otros más desde Piedras Negras, Coahuila. Son en total 11 días de jornadas; harán presencia en 23 estados de la República y visitarán alrededor de 75 localidades y ciudades. Durante estos días se da la oportunidad de que los pueblos y comunidades en resistencia intercambien reflexiones, compartan sus experiencias y fortalezcan sus alianzas para hacer frente a la guerra que les han declarado. Curiosamente, tanto la caravana que recorrió municipios del estado de México, como la que llegará desde el sur y norte a la ciudad de México, denuncian el generalizado despojo que se padece cada vez más en nuestros territorios. Subrayan la imposición de trasvases por medio de acueductos, de minería tóxica; los riesgos del fracking, de presas, parques eólicos, gasoductos y termoeléctricas, así como la devastación de bosques, la urbanización salvaje, la construcción de autopistas, la privatización de la energía y de los sistemas de agua.
Quienes participan pueden también dar testimonio de la contaminación agroquímica e industrial, de la destrucción y control que pretenden hacer de nuestras semillas nativas y de la sobrexplotación de los trabajadores. Ambos ejemplos de luchas hayan entre ellos entendimiento en sus dolores compartidos. Saben que la guerra por el agua y la tierra ya está entre nosotros, y, sin embargo, hay que reconocer ampliamente que los pueblos se movilicen a pesar del escenario desolador que los circunda. Es casi prodigiosa la manera en que desde abajo se fortalecen los bríos para hacer posible un mundo más digno y justo. Ahí vienen los nuevos tiempos. Después de la guerra tormentosa vendrán, no cabe duda, los tiempos de la justicia y la dignidad. De ello se están encargando mayormente los pueblos y comunidades. ¿Será que todas y todos nos sumaremos a estas luchas? ¿Sera posible? La respuesta la daremos en la resistencia ante los que pretenden adueñarse de nuestros bienes comunes.
México, Regeneración, 6 de mayo del 2015. Fuente: La Jornada