A 41 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, ONG’s presentaron un estudio realizado por un equipo de cuatro psicólogas, una antropóloga y un equipo médico.
Regeneración, 14 de marzo de 2018.- A 41 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Serapaz, presentaron el informe: “Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del Caso Ayotzinapa”.
En conferencia de prensa las organizaciones de la sociedad civil explicaron que para desarrollar el documento se conformó un equipo multidisciplinario integrado por cuatro psicólogas, una antropóloga y la colaboración de un equipo médico.
En dicho estudio se abordan los impactos psicosociales en los estudiantes normalistas que sobrevivieron los ataques y enfrentan secuelas post traumáticas, entre ellas la llamada “culpa del sobreviviente”, así como el dolor por la ausencia de sus compañeros.
Asismismo, se documentaron los impactos vividos por los estudiantes normalistas que fueron gravemente heridos y sus familiares, para quienes los hechos trastocaron su proyecto de vida y los obligaron a desplazarse de su lugar de origen.
“Se abordaron los procesos de duelo traumático que enfrentan los familiares de los normalistas asesinados, y las profundas afectaciones a los niños y niñas, quienes intentan dar sentido a los hechos ante la falta de respuestas”, indicaron por medio de un comunicado las ONG’s.
Además, revela además la violencia estructural y discriminación que sufren las víctimas que pertenecen a pueblos indígenas.
“El estudio da cuenta de la manera en que estos impactos se han profundizado a lo largo de tres años debido a la impunidad, entendida no solamente como la falta de investigación y sanción a los responsables, sino que incluye las actuaciones de las autoridades que han obstaculizado la investigación y manipulado la verdad”, detallan.
Esta investigación también desmiente la difusión de la llamada “verdad histórica” que sin sustento científico criminalizaron a los normalistas como miembros del crimen organizado.
Entre las medidas que plantearon está que el Estado mexicano debe generar las condiciones para el avance de la búsqueda y la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, incluyendo garantías para la seguridad de los padres, madres y familiares de los estudiantes desaparecidos y sus representantes.
Para finalizar denunciaron que el pasado 2 de marzo, el gobierno mexicano se negó, en audiencia pública ante la CIDH, a asumir un compromiso para adoptar el documento que hoy se presenta, como base para la generación de planes de atención, y en su caso, de reparación para las víctimas.
“La respuesta del Estado es inaceptable, no solo por la solidez técnica y metodológica del informe, sino porque nace del dolor y dignidad de las víctimas en la búsqueda de sus hijos desaparecidos, al mismo tiempo que aspira a que esta memoria se colectivice y contagie la esperanza de hacer amanecer la verdad y la justicia para Ayotzinapa y para nuestro adolorido México”, finalizaron.