En un Punto de Acuerdo, que presentó la coordinadora parlamentaria de Morena, Rocío Nahle, con el que se exhorta a la ASF “a iniciar los procedimientos administrativos y penales contra los funcionarios responsables de determinar la fórmula y los volúmenes de venta de etano al “grupo de inversionistas” formado por Braskem, filial de Odebrecht, e Idesa, por el quebranto generando al erario con el proyecto Etileno XXI”.
Regeneración, 07 marzo 2018.- La mayoría del PRI y sus aliados Partido Verde- Panal, en la Cámara de Diputados rechazaron con 182 votos a favor, 160 en contra y la abstención de un priista, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sancione los contratos de Pemex con Odebrecht, y se proceda penalmente contra los funcionarios responsables.
En respuesta, la confrontación PRI-Frente (PAN-PRD-MC) subió de tono y evadieron el llamado “a la civilidad” de algunas diputadas del tricolor, para evitar agresiones y llegar a los golpes, por la guerra de denuncias de corrupción.
Por tercera ocasión, los diputados arreciaron sus protestas, con pancartas de más de 15 metros, que esta vez alcanzaron al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a José Antonio Meade, Rosario Robles y hasta Javier Duarte.
“Hijos de la estafa maestra”, se leyó en una enorme lona roja, que atravesó de lado a lado el salón de sesiones, con grandes fotos de Peña Nieto, Duarte, Rosario Robles y Meade. Otras, por separado, que en fila india subieron los diputados del PRD, mostraron que “En Sedesol Meade desvió 500 mdp”; “Rosario Robles desvió 1,747 mdp”; “Javier Duarte desvió 60 mil mdp”.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio trámite express a un Punto de Acuerdo, que presentó la coordinadora parlamentaria de Morena, Rocío Nahle, con el que se exhorta a la ASF “a iniciar los procedimientos administrativos y penales contra los funcionarios responsables de determinar la fórmula y los volúmenes de venta de etano al “grupo de inversionistas” formado por Braskem, filial de Odebrecht, e Idesa, por el quebranto generando al erario con el proyecto Etileno XXI”.
La diputada que está propuesta por Andrés Manuel López Obrador como secretaria de Energía, en caso de ganar la Presidencia, explicó que “el costo estimado de producción de las ventas de etano realizadas al grupo de inversionistas en 2016, fue de mil 736 millones 261 mil pesos, que sumados a los mil 387 millones 208 mil pesos del servicio de transportación de etano a las instalaciones de dicho proyecto, resultan en un costo de ventas de 3 mil 123 millones 470 mil pesos”.
“Comparado con las ventas de etano realizadas al “comprador”, por mil 188 millones 382 mil pesos, muestran una pérdida de mil 935 millones 088 mil pesos, sin considerar los gastos de administración ni otros”, añadió.
En un reciente informe, el auditor mexicano certificó que entre 2015 y 2016 la petrolera pública mexicana pagó más de 668 millones de pesos por servicios no prestados, a la vez que se apuntó unas pérdidas de 1935 millones con la venta de etano por debajo del precio de mercado. Ambas operaciones en el marco de un mega proyecto petroquímico controlado por la mexicana Idesa y la brasileira Braskem, subsidiaria de Odebrecht.
Mientras que la trama ha provocado un tsunami político en países como Brasil, Perú o Colombia, en México la polémica se circunscribe de momento a las novedades que se van conociendo del caso abierto por la justicia brasileña o informaciones esporádicas revelados por investigaciones independientes. En octubre del año pasado, días antes de su renuncia como procurador general, Raúl Cervantes anunció: “ha concluido la investigación respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción que en América Latina y México se hayan visto”.
Casi medio año después, aun no se conocen las conclusiones de dicha investigación, más allá de la carpeta abierta a Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex de 2012 a 2016, por cohecho y enriquecimiento ilícito; y la inhabilitación impuesta por Secretaría de la Función Pública a la constructora brasileña para participar en contratos públicos.
En diciembre, el exdirector en México de la constructora brasileña reconoció haber sobornado al exdirector de Petróleos Mexicanos con cuatro millones de dólares (3,4 millones de euros). “Le dije que estaríamos dispuestos a contribuir (…) para reconocer, digamos, la atención que nos había dedicado en los últimos años”. Así narró Luis Alberto de Meneses Weyll el pago de un presunto soborno a Emilio Lozoya, que en 2012 era coordinador del área internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto.
Con información de El País y El Financiero