De esta forma con los votos del PRI, PRD, PAN, PT y Verde se evitará sancionar a los responsables de este desvío millonario de recursos públicos.
Regeneración, 20 de octubre de 2016.- Diputados del PRI y PRD en el Congreso local de Guerrero rechazaron la propuesta de Morena de crear una comisión especial para investigar el millonario desvío de recursos públicos que ha provocado el colapso de las finanzas del gobierno estatal.
Durante la sesión del pleno de este día, la diputada por Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, propuso un punto de acuerdo con el propósito de que el Legislativo asuma en los hechos una de sus funciones que le manda la ley: fiscalizar el gasto público a través de la Auditoría General del Estado (AGE).
La legisladora reprochó el hecho de que a pesar de que el gobierno de Héctor Astudillo ha denunciado públicamente el desvío de más de cuatro mil millones pesos de las administraciones anteriores, “ninguna autoridad administrativa, política, fiscalizadora o penal tiene la intención de resarcir el daño y recuperar el monto de lo defraudado para evitar que se convierta en práctica recurrente y que ya no siga el saqueo y robo al pueblo de Guerrero”.
Por ello, Cisneros Martínez planteó la necesidad de crear una comisión especial de legisladores para investigar las irregularidades, el desfalco o fraude cometido por servidores públicos a la administración pública y en agravio al erario del estado de Guerrero.
“Para dar a conocer de manera concreta la verdad de esas anomalías, ineficientes y corruptas administraciones y dar parte a las autoridades competentes para fincar responsabilidades a los responsables y recuperar el monto defraudado”, justificó la diputada en tribuna.
Las fracciones de PRI y PRD, con sus apéndices de Acción Nacional, PT y Verde votaron en contra, sumando 31 votos frente a los cuatro votos que logró Morena y Movimiento Ciudadano (MC).
Así los partidos que votaron en contra turnó a la Comisión de Gobierno y ahora Junta de Coordinación Política el punto de acuerdo de Morena para eludir de esta forma asumir la responsabilidad del Legislativo y evitar sancionar a los responsables de este desvío millonario de recursos públicos.
Vía Proceso