Empecemos por la economía: no tuvo que ser así. En el periodo 1960-1980, bajo el viejo PRI, la renta del mexicano medio casi se duplicó. Si la economía hubiera seguido creciendo a ese ritmo, los mexicanos tendrían hoy un nivel de vida europeo. Sólo podemos especular sobre si México se hubiera vuelto más democrático al desarrollarse –así sucede en la mayoría de los países, aunque con ritmos variables.
Los años 80 fueron una “década perdida”, con un crecimiento negativo de la renta per cápita, mientras México –bajo la presión de acreedores extranjeros, incluidos Washington y el FMI— transformaba su economía, liberalizaba el comercio internacional y los flujos de capital, privatizaba las empresas estatales, y abandonaba las políticas industriales y de desarrollo. El TLCAN consolidó los cambios más perjudiciales en forma de tratado internacional, en parte para hacerlos permanentes.
Los 23 años siguientes a la firma del TLCAN han sido un fracaso, del punto de vista de cualquier comparación histórica. La tasa de pobreza nacional es hoy superior a la de 1994 y los salarios reales (ajustados a la inflación) apenas han aumentado. México se sitúa en el puesto 15 de 20 países latinoamericanos en términos de crecimiento del PIB por persona. Cinco millones de campesinos han perdido sus medios de subsistencia, incapaces de competir con el maíz subvencionado por los EEUU, lo que contribuyó a un aumento de la emigración hacia EEUU entre 1994 y 2000.
¿Qué clase de democracia se ha desarrollado a partir de este experimento económico fracasado? Cabe esperar que el gobierno tenga que encontrar otras formas de mantenerse en el poder, ya que no está cumpliendo. Y así lo ha hecho. El New York Times informaba esta semana que el gobierno mexicano ha gastado el asombroso monto de 2.000 millones de dólares en los últimos cinco años para comprar a los medios de comunicación. Esto se ha hecho, principalmente, comprando publicidad con la condición de que esta fuente de ingresos se acompañara de una cobertura mediática favorable.
Tener medios de comunicación independientes resulta prácticamente imposible con la magnitud de estos sobornos, pero aún parecen insuficientes para asegurar fidelidad al estado. El gobierno también hace uso de algunos de los más sofisticados programas informáticos de espionaje (spyware) del mundo para vigilar a periodistas, así como a abogados y activistas de derechos humanos que luchan contra la corrupción. Dado el nivel de violencia e impunidad, se puede imaginar lo intimidante que puede resultar esta vigilancia.
Según el New York Times, al menos 104 periodistas han sido asesinados desde 2000 y otros 25 más han desaparecido. Esto hace de México el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, excluyendo zonas de conflicto; sólo superado por Irak y Siria en todo el mundo. Y, aunque mucha gente tenga la impresión de que esto “sólo” se debe a los cárteles de droga, el Times informa de que “según datos gubernamentales, funcionarios públicos como alcaldes y oficiales de policía han amenazado periodistas más a menudo que los cárteles de la droga, los pequeños delincuentes o cualquier otro colectivo”.
No sólo los periodistas pueden ser asesinados por sus actividades constitucionalmente protegidas, también lo pueden ser otros ciudadanos y activistas. La desaparición y masacre de 43 estudiantes en Iguala, en el estado de Guerrero, puso la violenta represión de México en el centro de atención del mundo en 2015, por la escala de los crímenes y la profunda implicación, documentada, de las fuerzas de seguridad y agentes del gobierno.
La ausencia de medios independientes, el cuasimonopolio de la difusión televisiva por parte de dos cadenas partidistas, y el uso por parte el gobierno de recursos estatales en las campañas electorales hace que la democracia electoral resulte particularmente problemática. Pero también lo es el propio proceso de votación. En la disputada elección presidencial de 2006, el candidato de izquierdas Andrés Manuel López Obrador perdió por menos de un 0,6%. Pero había un problema “de suma”: en cada mesa electoral, el número de papeletas emitidas válidas, más el número de papeletas en blanco restante, deberían sumar el número de papeletas total inicial. En cerca de la mitad de las mesas electorales, los números no “sumaban” .
En 2006, la administración Bush comenzó inmediatamente una campaña internacional para legitimar la elección de Felipe Calderón, a pesar de los cientos de miles de personas que reclamaban un recuento en las calles. (Un recuento parcial, cuyos resultados no fueron revelados durante la disputa, planteó serias sospechas sobre el conteo.) El equipo de Bush puso en práctica el mismo manual de estrategia que puso en marcha en su propia y disputada elección del 2000, e hizo un buen trabajo.
López Obrador se presenta de nuevo a la presidencia en julio, y según las encuestas es el claro favorito. Muchos mexicanos están de nuevo preocupados por el fraude. Pero los representantes de la administración Trump, incluido el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca John Kelly –antiguo jefe del Comando Sur de EEUU—, ya han expresado otra preocupación. Están preocupados por que López Obrador puede ganar.
Curiosamente, a pesar de toda la fanfarronada de Trump sobre la construcción de un muro y la renegociación del TLCAN, combinada con sus ofensas y amenazas características –y la hostilidad resultante—, la cooperación de México con Washington en su fea política exterior en la región continúa siendo muy fuerte. Apenas nadie se cree los resultados electorales del 26 de noviembre en Honduras, en las que incluso el líder del pro-Washington OAS pedía nuevas elecciones. Pero México fue uno de las primeros en salir al paso con una firme declaración apoyando al “ganador”, al actual presidente y aliado de EEUU Juan Orlando Hernández, cuyo partido llegó al poder con laayuda de EEUU en 2009 tras un golpe militar.
Reuters informó que la declaración de México “fue acordada en coordinación con los Estados Unidos”. En un movimiento inteligente el día siguiente, un alto representante del Departamento de Estado de EEUU citaba la declaración de México como razón para rechazar las exigencias de nuevas elecciones. Esas es la clase de coordinación que quiere Washington.
En medio año, los mexicanos podrían decidir si prefieren aspirar a algo mejor como una nación independiente. Pero solo si logran defender el derecho a unas elecciones libres y justas.
Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, DC y presidente de la organización Just Foreign Policy . También es autor del libro « Fracaso. Lo que los ‘expertos’ no entendieron de la economía global » (Akal, Madrid, 2016).
Traducción por Indaga, cooperativa de investigación social (www.indaga.org).