Organizaciones civiles presentan el Segundo Diagnóstico sobre la implementación del mecanismo
Regeneración, 29 de julio de 2015. A tres años de su creación, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no ha logrado un cambio significativo en la situación de violencia que enfrentan quienes defienden los derechos humanos e informan en México, denunciaron ayer destacadas organizaciones de la sociedad civil que presentaron su segundo diagnóstico sobre el tema.
Entre los hallazgos del diagnóstico se encuentran: la ausencia de respaldo político, financiero y de recursos humanos del Mecanismo, seguido de la falta de reconocimiento de la labor de las personas defensoras y periodistas; la descoordinación y falta de voluntad de las autoridades competentes de los distintos niveles de gobierno –a pesar de la firma de los convenios de colaboración–; las limitaciones en la investigación, y el desinterés en activar las herramientas que por ley se definieron para prevenir los abusos y ataques contra esta población. “Todo ello es una muestra de los retos que enfrenta el Mecanismo para reducir el riesgo y tomar medidas efectivas para su correcta implementación”, insistieron.
El Mecanismo de Protección fue resultado de las exigencias de organizaciones de la sociedad civil para impulsar una política pública integral de prevención y protección de la labor de personas defensoras y periodistas, pero “éste no podrá ser eficaz mientras la colusión de autoridades y la impunidad registrada, en la mayoría de los casos de agresión denunciados, siga siendo la norma, pues rara vez los ataques contra personas defensoras y periodistas son investigados de forma efectiva por las autoridades federales y estatales”, lamentaron las organizaciones en un comunicado.
El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC) sistematizó y analizó 59 casos (19 colectivos y 40 individuales) de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, provenientes de 21 estados de la República, que han solicitado el ingreso al Mecanismo desde su puesta en funcionamiento hasta noviembre de 2014. Se trata, especificaron de un total aproximado de 140 personas, además de un caso colectivo adicional de un albergue, que amplía su protección a las personas migrantes que acoge.
El diagnóstico presenta la información recabada sobre los problemas en la implementación del Mecanismo en todas sus fases: desde los criterios y las formas de incorporación al mismo, el desarrollo de los análisis de riesgo, la toma de decisiones y la forma de operar de la Junta de Gobierno, hasta la puesta en marcha, seguimiento y funcionamiento de las medidas de protección.
Para contrarrestar estas deficiencias, el Espacio OSC recomendó al Mecanismo y a los órganos responsables de su operatividad brindar mayor información sobre el desempeño y los resultados del Mecanismo; cumplir los tiempos de respuesta establecidos por ley; asegurar un equipo y mayor especialización en la elaboración de análisis de riesgo, que permita determinar medidas de protección adecuadas según el sexo, la etnicididad o el carácter individual o colectivo, así como otras particularidades, de la potencial persona beneficiaria; brindar capacitación y sensibilización a los funcionarios, especialmente a los analistas, en la atención de las personas beneficiarias, y establecer mecanismos para proteger la identidad y privacidad de las personas solicitantes o beneficiarias.
“La correcta implementación y ejecución del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas requiere, además, estrategias que garanticen de forma integral la defensa de los derechos humanos en México. En este sentido, es fundamental que el Estado y sus instituciones visibilicen y respalden la legítima actividad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, reconociendo públicamente su valía para la vida democrática del país”, remarcaron.
El Espacio OSC destacó que las mismas organizaciones que fueron parte de la construcción de la Ley y del Mecanismo de Protección, de la mano de personas defensoras y periodistas que han enfrentado agresiones, monitorean su implementación para exigir su correcto funcionamiento. Como parte de esta labor, “se entregó a la Secretaría de Gobernación y a otros actores gubernamentales un Primer Diagnóstico sobre la Implementación del Mecanismo, actualizado por el presente informe”.