Hubo una disposición absoluta del PRI y el PAN a no aprobar nada relacionado con la minería, sector protegido y de los más beneficiados.
Regeneración, 14 de enero de 2018.- Uno de los temas tabú en el Senado fue el de las reformas en materia mineral pues la mayoría de las iniciativas presentadas al pleno fueron congeladas y después desechadas.
Ejemplo de ello es la iniciativa elaborada por una docena de organizaciones y movimientos afectados por la minería toxica que en septiembre de 2013 presentaron los senadores Alejando Encinas, Dolores Padierna y Layda Sansores que, pese a sus esfuerzos y llamados para que se dictaminara terminó siendo desechada en 2015.
Dolores Padierna recordó que hubo una disposición absoluta a no aprobar nada relacionado con la minería, sector protegido y de los más beneficiados.
Dijo que durante las negociaciones de la reforma constitucional energética en diciembre de 2014, el dictamen se modificó de última hora y con el aval del PRI y PAN para beneficiar a los concesionarios mineros extranjeros y mexicanos.
Apenas el año pasado los senadores del PRI y la mayoría del PAN también impidieron que en la Ley de Biodiversidad se plasmara la prohibición expresa de llevar a cabo proyectos de explotación minera en áreas naturales reservadas. Aun cuando la panista Silvia Garza, a contracorriente de su bancada, expuso los riesgos de permitir este tipo de proyectos.
La congeladora ha sido el destino para varias iniciativas presentadas desde el inicio de la legislatura, cuando la lucha de los familiares de Pasta de Conchos evidenció la necesidad de instaurar un marco jurídico nuevo para la minería.
Uno de los proyectos más ambiciosos presentados en el Senado fue la nueva ley minera que Padierna, Sansores y Encinas presentaron al pleno el 19 de septiembre de 2013.
Dicha Ley fue elaborada por el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, el Movimiento Morelense contra Concesiones Mineras, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y otras más, que han luchado contra la instalación de este tipo de proyectos tóxicos en sus regiones.
La reforma plantea que la actividad minera deje de ser preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno como lo señala la ley actual y además, se establece que como requisito indispensable para otorgar cualquier concesión se instaure el derecho de las comunidades indígenas al goce preferencial de su territorio.
Además, se anulan cláusulas de confidencialidad donde se oculta la información económica y fiscal que deben entregar las empresas al Estado y se introduce el cobro de regalías.
De acuerdo con Padierna esta iniciativa planteaba un nuevo marco legal para impedir el saqueo de recursos naturales en el país.
Con información de La Jornada