Guerro, México, informe anual de Tlachinollan da cuenta de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de normalistas rurales de Ayotzinapa y de la represión contra las movilizaciones sociales
Regeneración, 27 de agosto del 2015. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, denunciamos la impunidad y la violencia del Estado que ha generado la crisis humanitaria reinante
Tlapa de Comonfort, Guerrero, México, 27 de agosto de 2015.- En medio de una crisis en materia de derechos humanos el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan conmemora el próximo sábado 29 de agosto, 21 años de acompañar a víctimas de violaciones graves de derechos humanos y de reivindicar el derecho de los pueblos al ejercicio pleno de su libre determinación frente al clima de impunidad y violencia de Estado que impera en nuestro país.
En 21 años de trabajo y lucha por el respeto a los derechos humanos en Guerrero, desde Tlachinollan hemos documentado los impactos negativos de las políticas fallidas de seguridad pública basadas en la militarización, de desarrollo social centradas en el asistencialismo y clientelismo, de represión a la protesta social, de la falta de la independencia de los poderes del Estado en Guerrero, así como del total colapso del sistema de justicia penal donde reina la impunidad que – entre otras causas estructurales – nos han llevado a una crisis donde la violencia generalizada y la colusión de las autoridades de todos los niveles con la delincuencia organizada, han debilitado cualquier rastro de Estado de derecho, dejando en la indefensión a las y los guerrerenses
Ante esta crisis, la respuesta del Estado ha sido la de deslegitimar todas las voces que denunciamos esta situación. De ello hemos sido testigos las defensoras y defensores de derechos humanos que somos centro de campañas de deslegitimación y criminalización por nuestra labor. No obstante, estas deslegitimaciones han alcanzado otros niveles al rechazar las voces de expertos independientes; así lo hizo con el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y con el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Sr. Juan Méndez, quienes aseveraron que tanto las prácticas de desaparición como de tortura son generalizadas en México.
Por ello, el Estado se ha empecinado en la imposición de “verdades históricas” a partir del uso de la fuerza y la criminalización de la protesta social; sin embargo, lo cierto es que el Estado mexicano ha demostrado su falta de capacidad técnica y de voluntad política para garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de violaciones graves de derechos humanos.
Estas prácticas las hemos documentado y denunciado durante nuestro tortuoso caminar de 21 años por los derechos humanos en Guerrero; no obstante, el 26 de septiembre de 2014 nos ha marcado profundamente con la pena que embarga a la comunidad de Ayotzinapa y particularmente a 43 familias que desde esa fecha han emprendido una ardua batalla contra las autoridades mexicanas para exigir la presentación con vida de sus hijos.
Por ello, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada a celebrarse el próximo 30 de agosto, desde Tlachinollan queremos hacer un reconocimiento a las familias de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa y de las decenas de miles de personas desaparecidas en nuestro país.
En ese contexto, estaremos presentando el informe Desde las trincheras de Ayotzinapa: la defensa por la educación y la vida de los hijos del pueblo, un documento relevante por su valor testimonial, de análisis e información. Un pequeño aporte a la obra gigantesca de los estudiantes y los padres y madres de Ayotzinapa que han construido un movimiento nacional para contener esta avalancha delincuencial urdida desde las más altas esferas del poder. Este informe de ninguna manera busca presentar la verdad sobre los hechos ocurridos en septiembre de 2014, por el contrario, su objetivo es el de dar voz a la comunidad normalista rural y a la de las familias víctimas de la impunidad y la colusión estatal.