Los actos pudieron ser cometidos por integrantes de la Agencia de Investigación Criminal que dirigía Tomás Zerón y el resto contra elementos de la Policía Federal y militares.
Regeneración, 05 octubre 2016.- Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tiene dos averiguaciones abiertas en su contra por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), en las que se le indaga la responsabilidad de, una de ellas relacionada con probables irregularidades administrativas y otra de tipo penal.
Primero, por la presunta siembra de evidencia en el río San Juan y la realización de una diligencia sin autorización del Ministerio Público; la otra, por presuntos actos de tortura a detenidos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas.
Funcionarios federales indicaron que la visitaduría general de la PGR sigue integrando la investigación relacionada con faltas administrativas, como la violación a la ley orgánica o reglamentos de la institución, así como a los procedimientos para el desahogo de una diligencia, toda vez que, sin autorización de un agente del Ministerio Público, Zerón de Lucio sacó de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) a Agustín García Reyes, El Chereje, y lo trasladó al río San Juan, en Cocula.
También se investiga a personal de la Policía Federal Ministerial y de servicios periciales que participaron en la diligencia realizada el 28 de octubre de 2014, en la que estuvo presente García Reyes, pero a la que formalmente se dijo se realizó un día después.
A partir de los señalamientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se abrió una averiguación previa por presuntos actos de tortura cometidos por elementos de la Policía Federal Ministerial y Tomás Zerón en contra de varios detenidos para que dieran su testimonio respecto de las acciones que realizaron contra los estudiantes de Ayotzinapa.
La PGR ha iniciado 16 averiguaciones previas por la comisión de presuntos actos de tortura; cuatro de ellas corresponden a actos supuestamente cometidos por integrantes de la Agencia de Investigación Criminal que dirigía Tomás Zerón, y el resto contra elementos de la Policía Federal y militares.
Con información de Proceso