Comuneros fueron despojados de sus tierras, ingresaron maquinaria de las empresas Grupo GAP y las constructoras OHL y Grupo Hermes de Carlos Hank Rhon, Proyectos Viales de México y La Peninsular.
Regeneración, 14 Octubre 2016.- La construcción del tren interurbano México-Toluca, ocasionará graves riesgos a la zona arqueológica otomí de Ocoyoacac, considerada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como Patrimonio Cultural de la Nación y del Pueblo Mexiquense.
La comunidad solicitará la cancelación del proyecto, Joel Cerón, jefe supremo de la cultura indígena otomí en Ocoyoacac, quien asegura es propietario de un predio de 4 mil metros cuadrados al que hace tres días ingresaron las máquinas para construir la vía, adelantó la promoción de una denuncia por despojo y de un amparo personal y comunitario por el daño al patrimonio arqueológico.
En la edificación de la obra, se encuentran involucradas las empresas Grupo GAP, como liberadora; y las constructoras OHL y Grupo Hermes –de Carlos Hank Rhon), a través de sus filiales Proyectos Viales de México y La Peninsular.
El terreno afectado se encuentra sobre el kilómetro 46 de la carretera México-Toluca, a tan sólo 300 metros de la zona arqueológica ubicada frente a la ex Hacienda del Parián.
En 2012, a Cerón Tovar le fueron ofrecidos alrededor de mil 500 pesos por metro cuadrado para que vendiera la propiedad, a pesar de que el precio comercial en la zona rebasa los 8 mil pesos.
No obstante, aclaró que aun cuando le ofrecieran un precio justo no se encuentra interesado en concretar la transacción, pues pone en riesgo el sitio arqueológico con basamentos otomíes.
Explicó que al momento de allanar sus tierras, los trabajadores le aseguraron que el predio fue vendido a la constructora por el propietario que acredita mejor derecho, lo que, de haber ocurrido, se configura en despojo.
Joel Cerón afirmó contar con las escrituras que datan de 1944 y actualizadas en 1960 para acreditar su posesión. Santiago Pérez, representante jurídico del afectado, adelantó que el lunes próximo promoverán la denuncia penal correspondiente por el delito de despojo y dos amparos, uno individual y el otro comunitario, para conseguir la cancelación de la obra en protección de los derechos de los pueblos originarios.
Este fin de semana, se convocará a una asamblea a la comunidad de pueblos indígenas con la intención de delinear acciones alternas de la lucha, entre ellas una declaración de defensa del patrimonio por parte de las nacionalidades indígenas.
“Solicitaremos también la intervención del INAH y que el Gobierno mexicano dé cumplimiento a los convenios internacionales que solicitan la consulta obligatoria de la comunidad para este tipo de obras”, expuso.
A la fecha la constructora ni siquiera ha presentado el proyecto de salvamento ecológico y tampoco ha realizado las acciones de rescate ambiental por los cientos de árboles derribados en la zona de La Marquesa, aseveró.
Con información de La Jornada