Un tribunal confirmó la suspensión de la construcción de la presa hidroeléctrica Puebla 1, concedida por el Juzgado Primero de Distrito, a favor del pueblo tutunakú. El proyecto hidroeléctrico Puebla 1 serviría para abastecer a Walmart pero afectaría a 100 mil habitantes de la Sierra Norte de Puebla. Indígenas nahuas y tutunakús se oponen a la obra porque destruiría el río, afectaría sus cultivos y el medio ambiente.
Regeneración, 13 de julio de 2016. El Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa en Puebla confirmó la suspensión de la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1, concedida por el Juzgado Primero de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en Puebla, a favor del pueblo tutunaku.
Indígenas nahuas y tutunakús de varios municipios de la Sierra Norte de Puebla afirmaron que continuarán luchando para impedir que se lleve a cabo el proyecto hidroeléctrico Puebla 1, de la empresa Deselec 1 Comexhidro, el cual afectará a más de 100 mil habitantes de seis municipios.
“No permitiremos proyectos de muerte, pues con la desviación del río Ajajalpan ya no habrá agua para los cultivos, se terminará la pesca y se destruirá el entorno ecológico”, denunciaron las organizaciones Tutunakú-Nahua en Defensa del Territorio de los Pueblos y en el Consejo Tiyat Tlali.
El “Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1” pretende imponerse en los municipios de Ahuacatlán, Tepatlán y Tlapacoya, en la Sierra Norte, y tiene por finalidad generar electricidad para Walmart y otras socias de la empresa, según consta en el permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía.
Las comunidades de San Felipe Tepatlán, Altica y San Mateo Tlacotepec interpusieron el pasado 04 de abril una demanda de amparo en contra del proyecto hidroeléctrico, que fue admitida por el Juzgado Primero de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en Puebla. El juez mandató la suspensión inmediata de la ejecución del proyecto en tanto se dicta sentencia en el juicio de amparo. La suspensión fue impugnada por la empresa, pero perdió y quedó firme la obligación de cumplirla.
Los indígenas explicaron que en abril de este año el juzgado primero de distrito en materia de amparo civil de Puebla les otorgó un amparo, el cual fue impugnado por la empresa. El primer tribunal colegiado en materia administrativa del estado confirmó la suspensión, por lo que las obras están detenidas.
Los indígenas informaron que, de acuerdo con la concesión de autoabastecimiento de energía eléctrica E/106/AUT/2013, otorgada por tiempo indefinido por la Comisión Reguladora de Energía en noviembre de 2013, el proyecto pretende generar hasta 60 megavatios para abastecer energía a Walmart, Waldo’s, Suburbia, Operadora Vips, Colchas México e Ileana Jinich Mekler.
A escondidas, la empresa presentó el proyecto a los presidentes municipales en 2009 y éstos no informaron a la población. Dos años después, entregó la manifestación de impacto ambiental, pero fue hasta al final del año pasado cuando los indígenas se enteraron del proyecto. Éste ha sido modificado, pues se había presentado como una hidroeléctrica pequeña, pero tendrá una cortina de 42 metros de altura que desviará el río más de cuatro kilómetros. También pretende construir otra presa de siete hectáreas en las cercanías de Zoquiapan y Tlapacoya.
Peña Nieto prometió otorgar la hidroeléctrica a empresa canadiense.
Los indígenas denunciaron que el pasado 27 de junio, el presidente Enrique Peña, en su gira por Canadá, anunció ante la Cámara de Comercio e Industria de Quebec que la empresa canadiense Innergex construirá una planta hidroeléctrica en Puebla. “Creemos que puede tratarse del proyecto impugnado, ya que sabemos de la sociedad de Comexhidro e Innergex. No se trata de energía limpia, sino de la destrucción del entorno natural, la alteración cultural de cientos de comunidades y la privatización del agua en beneficio de empresas trasnacionales, señalaron en conferencia de prensa”.
En el estado han lanzado una campaña mediática en contra del movimiento que se opone a la presa. “Jacobo Mekler, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica (Amexhidro) y director comercial de Comexhidro, nos acusó de obstaculizar las inversiones para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, eólicos y solares. Estamos inquietos porque se niega nuestra garantía de acceso a la justicia y es una amenaza contra la independencia judicial”.
Según Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en Puebla se han otorgado 103 concesiones a 11 mineras, las cuales ocupan 169 mil 320 hectáreas en 21 municipios; 14 proyectos hidroeléctricos en 13 municipios, además de la actividad petrolera y fractura hidráulica en 122 hectáreas.
Tribunal suspende la construcción de la presa
El Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa en Puebla confirmó la suspensión de la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1, concedida por el Juzgado Primero de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en Puebla, a favor del pueblo tutunaku.
“Las comunidades reprochamos al Estado Mexicano que haya otorgado permisos diversos para la realización del referido proyecto hidroeléctrico, permitiendo así la afectación de nuestro territorio y sus recursos naturales”.
Ejemplo de ello es la concesión que CONAGUA otorgó a Deselec-Comexhidro para el uso y aprovechamiento del Río Ajajalpan en el que pretende construirse la planta, y que incluye el aprovechamiento de manantiales y ríos que escurren hacia el mismo; ¿dónde queda entonces nuestro derecho al agua reconocido en el artículo 4 constitucional? O la autorización otorgada por el INAH para la realización de las obras, a pesar de haber descubierto sitios arqueológicos en el lugar donde pretenden construir la hidroeléctrica, ¿dónde queda nuestro derecho al territorio y a nuestra cultura?”, reclamaron las comunidades en un comunicado.
Los opositores al proyecto explicaron que viven amenazas, fabricación de delitos, división comunitaria generada por la empresa al prometer dinero a las comunidades si el proyecto se realiza; engaños para lograr la adquisición de propiedades en la zona, así como una simulación de consulta avalada por la Secretaría de Energía.
Las comunidades acusaron la existencia de una campaña mediática para acusar a las comunidades de obstaculizar las inversiones en proyectos hidroeléctricos, eólicos y solares, debido a la presentación de amparos, principalmente en Puebla y en Veracruz, tal y como lo declaró Jacobo Mekler, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica (Amexhidro) y Director Comercial de Comexhidro.
“Este tipo de declaraciones nos inquietan porque con ellas hay una negación a nuestra garantía de acceso a la justicia para la defensa y protección de nuestros derechos colectivos, así como una amenaza contra la independencia judicial que debe preservarse en todo estado de derecho. En realidad, a quienes debería señalarse es al conjunto de políticas y reformas legales como la energética, que han entregado nuestros territorios y recursos a las empresas privadas”, contestaron.