La comunidad vive un conflicto por la expulsión de empresa minera de su territorio.
Regeneración, 4 de septiembre de 2015. (Sididh) El Consejo Indígena para la Defensa del Territorio de Zacualpan denunció públicamente a la delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, María Elena Díaz Rivera, por intromisión en asuntos comunitarios y por fomentar la división en el pueblo, apoyando a un grupo “fiel a sus intereses” con el fin de que éste obtenga el poder del comisariado de bienes comunales.
Los afectados relataron que la funcionaria, excediendo sus atribuciones, convocó a una asamblea de comuneros para el domingo 6 de septiembre con el fin de elegir al comisariado de bienes comunales, a pesar de que las autoridades actuales fueron electas en noviembre del año pasado en acatamiento a un fallo del Tribunal Agrario y en una asamblea convocada por la misma procuradora.
El Consejo consideró que las acciones de defensa del territorio emprendidas por las autoridadas comunitarias -como la interposición de amparos contra concesiones minera y el manejo transparente de los recursos comunales- son contrarios a los intereses de la funcionaria y sus seguidores, por lo que “pretende hacer otro intento de imposición a los comuneros e intentar fijar sus condiciones e intereses para sacar adelante un proyecto minero en la zona”.
Los comuneros informaron que no es la primera vez que la funcionaria pretende, “por los medios que sean necesarios”, imponer como representante agrario algún integrante del grupo minoritario, “que además está a favor del proyecto minero, con lo cual excede de sus funciones como procuradora e invade y viola los derechos colectivos de pueblo indígena de Zacualpan”.
Las y los habitantes de Zacualpan comenzaron su resistencia al proyecto minero de la empresa Gabfer en el año 2013. En ese entonces, el ahora expresidente del Comisariado de Bienes Comunales Carlos Guzmán fue acusado de ofrecer dinero por cada voto a favor de la mina. Sin embargo, las y los comuneros rechazaron el proyecto por el riesgo de contaminación a su manantial, destituyeron a Guzmán y declararon a su comunidad “Territorio libre de minería”. El grupo de habitantes priistas que apoya al depuesto Carlos Guzmán tomó el control del balneario Ojo de Agua, propiedad de la comunidad, e instalaron un bloqueo. Desde entonces comenzó una situación de tensión.
El Consejo informó que hace dos meses, la fracción minoritaria de comuneros finalmente había llegado a un acuerdo con el Comisariado y el Consejo Indígena para la Defensa del Territorio de Zacualpan con el fin de solucionar el conflicto interno que provocaron los intereses mineros.
“El proceso de violencia, persecución, represión, intimidaciones, agresiones verbales y físicas contra las autoridades legalmente elegidas; así como solapar la malversación de fondos del depuesto comisariado y su corrupción, y proteger la violencia iracunda del grupo minoritario, son parte de las acciones recurrentes que aplica como modus la Procuradora Agraria de Colima, usando medios de comunicación y movilizándose bajo la impunidad y protección que le brinda el gobierno de Colima. De todo ello han quedado registradas y documentadas ampliamente sus acciones en la prensa local, nacional e internacional, sin olvidar las agresiones que le sucedieron a las y los integrantes de la Misión de Observación Nacional e Internacional que arribó al estado de Colima”, detalló el comunicado público.
El Consejo indíggena exigió el respeto a los derechos humanos del pueblo indígena de Zacualpan; el respeto a sus decisiones y su estructura de gobernanza; además de dejar de hostigar a los defensores de los derechos humanos, en especial a las y los integrantes de la organización Bios Iguana. “También exigimos que de manera inmediata se destituya a la Sra María Elena Díaz Rivera como delegada de la Procuraduría Agraria del estado de Colima y se le deslinden responsabilidades en el estricto marco del derecho incluyendo lo dictado en la ley que regula a los servidores públicos, porque mientras ellas siga al frente, continuará moviéndose en total impunidad creando división y confrontación, y la responsabilizamos de cualquier violencia que pueda suscitarse en la comunidad, así como de la seguridad físicia y psicológica de las autoridades e integrantes del Consejo Indígena para la Defensa del Territorio de Zacualpan”, finalizaron.