Por: Marcos Chávez * @marcos_contra (Contralínea)
Veo claramente miras tiránicas en todos sus actos y proyectos
Cicerón
Una vez cruzado el “puentecillo” del Río Rubicón, Julio César dijo: “Alea jacta est” (“la suerte está echada”). “Todo habrán de decidirlo las armas” (Suetonio, Vida de los doce césares).
Una vez asumido el riesgo y pasado el punto sin retorno, Julio César, rasgándose teatralmente las vestiduras sobre el pecho, invocó la fidelidad de sus partidarios que lo acompañaban en su aventura por adueñarse del poder soberano, detentado por los déspotas aristócratas de la antigua república romana –los optimates (“los hombres excelentes”) y los nobiles (familias nobles)–, los cuales habían despojado de casi todo su poder a las asambleas populares y bloqueado el ascenso de los plebeyos (los romanos provincianos y sin familiareslustrosos) y los “patronos de la plebe”, los popularii. A sus tribunos y soldados leales les prometió derechos y rentas de caballeros, es decir, 400 mil sestercios, o al menos eso creyeron. Al populacho le dio pan y circo. Con la guerra civil se convirtió en dictator perpetuus (dictador vitalicio), hasta que fue asesinado atrozmente en el senado por Marco Junio Bruto, entre otros, y a quien Julio César, antes de morir, le dijo: kai oú, tékvov, ¿Incluso tú, hijo mío?, según Suetonio.
A Julio César le gustaba citar a Eurípides: “si hay derecho para violar/violadlo todo por reinar, pero respetad lo demás” (“nam si violandum est jus, regnandi gratia/Violandum est: aliis rebus pietatem colas”).
En la celebración de su victoria sobre el Ponto se leyeron las siguientes palabras: “Veni, vidi, vinci”, que quiere decir “Llegué, vi, vencí” (Suetonio dixit).
El 20 de diciembre de 2013, en un acto histriónico ante sus súbditos, Enrique Peña Nieto declaró: “Hemos decidido superar mitos y tabúes [y comenzar] una nueva historia para nuestro país”
El mito desmitificado, el tabú exorcizado y la “historia” revisada representan la reescritura de otra historia: la de la nacionalización petrolera y eléctrica, enmendada 75 y 53 años después, respectivamente. El nuevo orden constitucional arranca a golpes de hacha de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la propiedad de tales activos al Estado, a la nación, al pueblo, recuperadas por Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, en 1938 y 1960, de la rapiña a la que eran sometidos por las corporaciones trasnacionales de aquellos tiempos.
Constituye la renovación de la escrituración de losveneros del diablo energético mexicano en las hojas de balance de las voraces corporaciones de estos tiempos. Las reservas y la extracción de hidrocarburos, la refinación, la petroquímica y distribución de derivados, así como la generación de la electricidad pasarán de los estados contables de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a los gigantes como las estadunidenses Exxon Mobil, Chevron y Conoco Phillips; la holandesa Royal Dutch Shell; la británica British Petroleum, o las españolas Repsol, Iberdrola, Gas Natural, y Unión Fenosa, entre otros.
La reforma energética peñista se hermana con otras generosas reformas que se creyeron enterradas en elbasurero de la historia. A la imperial. Al estilo Maximiliano, la cual fracasa en el primer intento reprivatizador de la explotación de los yacimientos petroleros, en 1864. A la de la dictadura. Al modo de la dadivosa ley petrolera porfiriana de 1901, que entrega la exploración y explotación de los hidrocarburos a la depredación de la petroleras extranjeras, 16 nacionalizadas por Cárdenas. Entre ellas, la Standard Oil (Exxon), la Royal Dutch, la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, la Huasteca Petroleum Company. A la industria eléctrica nacida en el porfirismo, en 1895, en la cuna de la Mexican Light and Power y otras trasnacionales estatizadas por Adolfo López Mateos.
En el futuro, cuando la sociedad vuelva a recuperar el petróleo, la electricidad, las riquezas del país subastadas, la nación tendrá que incinerar el antiguo régimen autoritario y al “libre mercado” para evitar el resurgimiento del pasado.
La dilatada parábola histórica cerró sus extremos. De un lado, el proyecto de nación de los conservadores monárquicos, la dictadura porfirista, el coloniaje y el saqueo de la economía capitalista de enclave de las “ventajas comparativas” tradicionales; del otro, el proyecto del despótico neoconservadurismo y la sumisión neocolonial de enclave del capitalismo mundial “globalizado”, neoliberal. En medio del círculo de la cuerda histórica, el cuello de la república restaurada juarista y el nacionalismo-revolucionario del Estado intervencionista que aspiraba a un desarrollo económico autónomo.
La industria petrolera y eléctrica, la parodia platanera de democracia y las mayorías fueron apuñaladas en Palacio Nacional por los senadores, los diputados y los congresos estatales, por los nuevos Bruto.
Shakespeare en México: Tu quoque, Peña, fili mi. Tú también, Peña, hijo mío.
Con su reforma energética Peña Nieto, desgarró y removió los últimos andrajos del nacionalismo revolucionario autoritario que le quedaban al sistema. Afeaban el nuevo ropaje exigido para participar en elorgiástico lupanar del capitalismo neoliberal globalizado, con su crecientemente anchuroso océano de exclusión, de pobreza y miseria, y la destrucción de la riqueza nacional exigida por la acumulación capitalista y la maximización de la tasa de ganancia sin restricciones.
La suerte está echada.
Que cada quien saque sus conclusiones, sus respuestas y sus acciones venideras.
Peña Nieto y su equipo sacaron las suyas desde el 1 de diciembre de 2012 y actúan en consecuencia. La aprobación de las contrarreformas laboral, educativa o fiscal les mostró que no existe una oposición de izquierda en el Congreso de la Unión. La que usurpa esa etiqueta, los Chuchos Ortega y Zambrano, les dejó claro que es tan mercenaria como el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza y sólo le interesa preservar sus mezquinos espacios de poder y su parasitismo presupuestal. Es desechable. El Pacto por México fue un mal necesario mientras el gobierno de Peña se consolidaba; sirvió para avanzar en su agenda en las catacumbas del Congreso y fragmentar a los opositores. Ya no son necesarios los Chuchos, Miguel Ángel Mancera y demás. Se acabó la negociación y se cerró la ventanilla de las concesiones comopago de favores.
Asimismo, se comprobó que ni Cuauhtémoc Cárdenas ni Andrés Manuel López Obrador –que desapareció del escenario político en el momento más inoportuno– y el movimiento que encabeza representan un peligro real. Divididos son una fantasía. No representan una verdadera opción de cambio. Son líderes con una perspectiva histórica limitada. La convocatoria de Cárdenas al referéndum sobre la reprivatización petrolera es penosa y posiblemente no pueda emplearse ese instrumento por su carácter legalmente ambiguo y acotado. El Movimiento Regeneración Nacional es amorfo y reproduce los vicios de los partidos oficiales. El resto de la oposición y de la izquierda está dividido, carece de una relación orgánica y un proyecto alternativo que integre a las mayorías a su alrededor. Es espectral.
Cárdenas y López Obrador son una versión posmoderna de San Francisco, que sólo buscan los colmillos al neoliberalismo. Cuando de lo que se trata es acabar con el lobo.
De Miguel de la Madrid a Enrique Peña han dejado en claro que la lucha de clases es sin piedad. A muerte.
La jauría está desatada. Como dice Jorge Zepeda Patterson, los peñistas comprendieron que “la calle ladrapero no muerde”. No basta el descontento terapéutico. Es impotente. Movilizaciones como las del #YoSoy132, los maestros o los anarquistas son como llamaradas de pólvora que estallan todos los días y se diluyen sin trascendencia. Son controlables. Hasta el momento no han afectado la estabilidad del sistema.
Sigue la yunta andando… La relación de hermanos incestuosos entre priístas y panistas es más rentable y explotable. Al cabo esas facciones comparten el tálamo neoliberal, conservador y autoritario, y sus conflictos son producto de las posiciones que ocupan en el lecho, el cual no es precisamente el de Procusto. Ellos, de Miguel de la Madrid a Enrique Peña, junto con los partidos mercenarios, han impulsado esa forma de gobernar. Ellos solos pueden aprobar la agenda peñista en el Congreso.
Finalmente, les quedó claro que las denuncias internacionales relativas a la grave violación de los derechos humanos en México, a la corrupción rampante o a la ausencia del estado de derecho, entre otras anomalías, pasan a un segundo plano cuando se ponderan con las concesiones esperadas y otorgadas al capital extranjero. Al cabo, los gobiernos que se presentan como fieros defensores de la democracia formal mundial han convivido sin conflictos, e incluso los apoyan como si fueran un mal necesario, con dictadores como Anastacio Somoza, Rafael Trujillo o Augusto Pinochet, siempre y cuando les ofrezcan jugosos beneficios políticos y económicos. Incluso, han contribuido a eliminar a gobiernos que no se ajustan a sus dictados.
La legitimidad que le interesa al régimen es la concedida por el poder económico interno, externo y por la Casa Blanca. La credibilidad social local poco le interesa.
El socialdemócrata alemán Peter Glotz escribió en 1986: el éxito y la conquista del poder por la derecha se debe a que ha logrado movilizarse alrededor de un proyecto compartido con las elites económicas: el neoliberal, integrado teórica y empíricamente. En cambio, la izquierda está en crisis en virtud de su incapacidad para construir un programa teórico y práctico que integre a sus diversas corrientes. De hecho, agregó, la izquierda no existe. Son un amasijo de fragmentos disgregados. Está encerrada en su “estrategia de la barricada”, en las calles, en las fábricas, en la defensa de sus intereses fragmentados. Es sólo una reacción ante la embestida neoconservadora que nunca llevará a la unión revolucionaria. Le faltó agregar que parte de esa izquierda le ayuda a los neoliberales en su trabajo sucio por mantener con vida al capitalismo neoliberal. El mismo Glotz después se convirtió en fan de Angela Merkel.
Con el poder del Estado, Peña Nieto va varios pasos adelante. Las provocaciones, las persecuciones, la represión, los asesinatos de líderes sociales registrados desde el 1 de diciembre, forman parte de la estrategia de contención de la protesta social. Escribió Adolfo Gilly: “El objetivo último de la Guerra Sucia contra el pueblo mexicano que los gobiernos hoy llaman ‘guerra contra el narco’ ha sido sembrar el miedo, paralizar por el desamparo y la pobreza, destruir la capacidad de organización y de respuesta. Para ello durante décadas han destruido y saqueado Pemex; han corrompido a sus funcionarios y su sindicato; han destruido el Instituto Mexicano del Petróleo; lo mismo han hecho con la industria eléctrica y con las organizaciones de los maestros, los petroleros, los electricistas. El objetivo de esa ‘guerra’ ha sido dejar al pueblo sin defensa y sin capacidad de reacción inmediata ante el golpe de mano contra el patrimonio y la soberanía de la nación, largamente preparado, que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión acaban de asestar.”
El miedo al desempleo, la pobreza, la inseguridad, la manipulación por los medios de comunicación,excrecencias del neoliberalismo, han reforzado la parálisis social. La sociedad fue incapaz de defender sus riquezas.
Los perros de reserva. Pero no es suficiente. Por ello, los sicarios del régimen, Manlio Fabio Beltrones, Miguel Ángel Osorio, Emilio Chuayffet y otros muestran los colmillos y han desempolvado el gorilismo diazordacista. Los aparatos represivos del Estado trabajan óptimamente.
El fantasma de la represión danza entre nosotros
Escribió el politólogo Octavio Rodríguez Araujo: “las derechas han existido siempre, pero ahora hacen gala de su poder ignorando y avasallando a la oposición como si fuera un tanque de guerra cuyo conductor ni se toma la molestia de ver lo que se atraviese en el camino y a quién apachurre”.
Estamos ante la sombra de un viejo Estado desplazado, derrotado, ausente. Ante un Estado que fue acusado de Leviatán y fue reducido a un simple instrumento de salvaguarda de la acumulación de capital y de sus dueños.
La guerra de clases se llevará hasta sus últimas consecuencias.
Es el turno del ofendido.
La suerte está echada.
La reprivatización energética es un punto de inflexión histórico y un viaje sin retorno.
Representa, por un lado, la coronación de un ciclo histórico iniciado en 1983; y por otro, la destrucción final de la industria energética, su extranjerización y la próxima desaparición de Pemex y la CFE, decisión equiparable al fracasado proyecto del Tratado McLane-Ocampo.
Encarna la demolición del penúltimo fundamento esencial que quedaba de la Constitución de 1917 y, por tanto, del acuerdo social fundacional (Artículo 39) y del proyecto de nación erigido con la Revolución Mexicana. Ese proceso se inició con el gradual desmantelamiento de los apartados relativos a la salvaguardia de recursos que son propiedad exclusiva de la nación (Artículos 27 y 28 constitucionales); el de los pactos con el campesinado, con el fin del reparto agrario y reprivatización de la tierra (Artículo 27), y con los trabajadores (123 constitucional); los que consagran la separación Iglesia-Estado, la educación y la rectoría del Estado. La Carta Magna es un mutante irreconocible, vaciado de su contenido como la norma suprema de un estado de derecho soberano, después de las más de 552 alteraciones sufridas en su contenido original a lo largo de su historia, la mayoría de las veces según los caprichos del déspota en turno (Rogelio Velázquez, “La Constitución, desfigurada”).
Sólo falta allanar el último obstáculo: la reelección del príncipe. ¿Esa corona será para la testuz de Peña como premio a su papel de sepulturero del orden constitucional?
Como dice el politólogo Arnaldo Córdova, “la Constitución no es una norma como cualquier otra. Es un pacto signado por los ciudadanos integrantes del pueblo. Es el acuerdo popular para darse un régimen de gobierno, un ordenamiento democrático y un sistema de justicia decididos por los ciudadanos permanentemente. El objetivo es el bienestar y el beneficio del pueblo mismo y de todos los integrantes de la sociedad (la nación, como la denomina el Artículo 27). No es sólo un pacto fundador, en el tiempo, sino un pacto fundacional, permanente, que edifica el estado de derecho y sus instituciones y los renueva constantemente. El pacto es el escudo que permite y procura al pueblo la protección y la defensa de sus derechos frente a la opresión y el mal gobierno. El Estado aparece, por eso, decidido y conformado permanentemente por el pueblo. El sufragio es el elemento clave a través del cual se manifiesta la voluntad popular. Las instituciones sólo subsisten si respetan este principio fundador”.
Agrega Córdova: “La Constitución está moribunda. El pacto social y político que encarnaba no existe ya. Lo que hoy tenemos es una oligarquía convertida en sistema dominante. Tenemos el gobierno de los ricos más ricos y el dominio absoluto del dinero con sus secuelas de corrupción, dilapidación y desperdicio que es propio de los regímenes plutocráticos. Enrique Peña Nieto es el sepulturero de la Constitución de 1917”.
Si se considera válida la interpretación de Córdova, entonces la sociedad tiene que buscar un nuevo arreglo social, el cual realmente posibilite la consecución de los principios señalados previamente y que sólo fueron una trágica quimera del régimen del nacionalismo-devocionario y del neoliberal.
Mientras que otros gobiernos democráticos recuperan los recursos subastados por los neoliberales, como parte de su esfuerzo por reconstruir su soberanía nacional y tratar de alcanzar un desarrollo más autónomo en el contexto de la mundialización capitalista, con la contrarreforma energética prácticamente se ha terminado por anular lo que quedaba del régimen de propiedad de la nación. El cambio constitucional implica la pérdida de los últimos bienes más valiosos. “Ya no hay una nación poseedora de un patrimonio propio –añade Córdova–. Sólo una entelequia que se quedará con algunas siglas sin ningún contenido real: Pemex, CFE. Sus antiguas riquezas que se buscaba preservar para todos los mexicanos ahora serán pasto de la avaricia y la sed de lucro de los privados, en especial trasnacionales. México como país soberano ha cesado de existir”.
Como se observa en los recuadros anexos, las modificaciones introducidas a los Artículos 25, 27 y 28 constitucionales, así como en los insólitos 21 puntos transitorios, implican la reprivatización apenas disfrazada de la propiedad petrolera y eléctrica; el descuartizamiento definitivo de sus eslabones; su extranjerización, y la desaparición de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
En esencia, se eliminan los candados que impedían la emisión de contratos a las empresas privadas en materia del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, y cuya responsabilidad descansaba exclusivamente en Pemex. A partir de este momento no sólo se permitirá la participación de las empresas privadas, a través de asignaciones y contratos –de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia, y las formas de pago serán en efectivo, con un porcentaje de la utilidad o de la producción obtenida, según el tipo de contrato– en todos los eslabones de la industria petrolera –exploración y extracción de hidrocarburos líquidos y de gas, elaboración de productos petrolíferos y petroquímicos, comercialización–. Dichos contratos, además, implican la inevitable distribución de la renta petrolera entre el Estado y los nuevos “socios”. Por si fuera poco, los contratos y su tiempo de duración, así como la posibilidad de que las empresas puedan agregarlos en las hojas contables, implican la manera disfrazada de las concesiones negadas en la antigua y nueva versión constitucional.
En el caso del sector eléctrico, también se abandona la responsabilidad estatal de la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica. Sólo se hará cargo de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. El resto será traspasado a las corporaciones por medio de contratos.
Despojados de su antigua responsabilidad exclusiva, a Pemex y la CFE se les convierte en simples “empresas productivas del Estado”, susceptible de desaparecer en cualquier momento, ya sea porque incumplen los nuevos propósitos asignados, o aun cuando los cumplan, si se considera que ya no son necesarios.
De ahora en adelante, será la Secretaría del ramo en materia de Energía, con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la que le adjudicará a Pemex sus áreas de trabajo (exploración y campos de producción), siempre y cuando la empresa demuestre capacidad técnica y financiera para operar las asignaciones, que es eficiente y competitiva ante las nuevas empresas. Si en un lapso de 3 años, más 2 prorrogables, no demuestra esas virtudes tendrá que regresar al Estado las áreas concedidas.
Con un Pemex seriamente castigado presupuestalmente, saqueado fiscalmente, con problemas tecnológicos debido al desmantelamiento del Instituto Mexicano del Petróleo, obligado a limitarse a ser un simple administrador de contratos desde hace varios años, altamente endeudado, sometido al pillaje de funcionarios y contratistas, pésimamente administrado: ¿qué capacidad tiene para sobrevivir en una actividad en la que participarán las grandes corporaciones cuyas condiciones económica y financieramente son mejores?
Por su parte, a la Comisión Federal de Electricidad se le dio un plazo breve de vida (alrededor de 1 año), y otro organismo será el que se encargue de la distribución eléctrica.
En el próximo trabajo mostraremos que los supuestos beneficios esperados en el precio de los energéticos, el empleo, la oferta y demanda de hidrocarburos y el crecimiento económico no son más que puras mentiras.