El comité de especializado en derechos de la mujer había pedido al Estado mexicano resolver el caso de Pilar Argüello, asesinada en 2012 y cuyo asesino confeso fue liberado.
Por Blanca Juárez
Regeneración, 7 de julio de 2018. El Estado mexicano sigue dejando impune el feminicidio de Pilar Argüello Trujillo, pese a que un comité especializado en derechos de la mujer, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), le encomendó en 2017 impartir justicia.
En el país, y principalmente en Veracruz, “existe una práctica generalizada y permanente de violencia contra las mujeres”, acusaron este viernes defensoras de los derechos humanos ante el comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés).
De 513 investigaciones por feminicidio, iniciadas entre 2012 y 2018 en Veracruz, solo para 11 se logró una sentencia, expuso el colectivo Equifonía en Ginebra, Suiza, donde se llevan a cabo las sesiones de la Cedaw.
Las activistas denunciaron que las autoridades mexicanas no han reportado avances sustanciales en la investigación del feminicidio de Pilar Argüello. El Estado construye “un mensaje de tolerancia a la violencia de género”, pues el asesino confeso continúa en libertad.
Pilar Argüello, de 20 años, desapareció el domingo 2 de septiembre de 2012 en su pueblo natal, Coscomatepec, en las altas montañas de Veracruz. Dos días después su cuerpo fue hallado con golpes y señales de violencia sexual.
Su pareja, de 16 años, admitió haberla asesinado y luego violado. Lo hizo, explicó, porque la joven no aceptó tener relaciones sexuales con él. El 4 de septiembre de ese año fue detenido en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, donde sólo permaneció dos meses y luego fue liberado.
Tras agotar las instancias de impartición de justicia en México, integrantes del colectivo Equifonía presentaron el caso ante la Cedaw en 2014. Y en julio de 2017 ese organismo de la ONU emitió seis recomendaciones al Estado mexicano.
La primera de ellas: reabrir la investigación para garantizar verdad y justicia a Pilar y sus familiares. Las otras cinco tienen que ver con la urgencia de mejorar el sistema de impartición de justicia en Veracruz y de todo el país.
Ahora, un año después de esos encargos, funcionarios del país están rindiendo cuentas e informando los avances de este y otros casos. Y mientras en su reporte oficial afirman haber cumplido con lo sugerido por la Cedaw, el colectivo Equifonía presentó un informe sombra en el que señala lo contrario.
De entrada, “el asesino de Pilar continúa en la impunidad”, apunta la organización. Los representantes del Estado mexicano presumen una serie de reformas legales, pero estas “no garantizan la impartición de justicia para las víctimas de feminicidio y víctimas de violencia de género”.
Como parte del plan para garantizar justicias a las mujeres, el Estado indica haber impartido cursos sobre el lenguaje incluyente y la investigación con perspectiva de género. “Esfuerzos insuficientes, desarticulados” y que no pueden ser evaluados para medir sus resultados.
Equifonía apunta que “para cambiar el estado de las cosas no basta que exista un marco normativo adecuado, pues la ley no transforma por sí misma la realidad”. Informa que de 2012 a 2018 la Fiscalía General del Estado aceptó iniciar 513 investigaciones por feminicidio.
Ese periodo comprende las administraciones del priísta Javier Duarte de Ochoa, preso y acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Así como del panista Miguel Ángel Yúnes Linares, señalado de pederasta por Edith Encalada, víctima de una red de pederastia encabezada por Jean Succar Kuri.
De esas investigaciones el Poder Judicial del Estado solo ha juzgado 184 casos y 11 de ellos han sido condenados. Es decir, tres de cada 10 expedientes llegan a los jueces y menos del 1 por ciento obtiene una sentencia.
El feminicidio de Pilar Arguello Trujillo, sostiene Equifonía en su informe, “evidencia el incumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado mexicano en materia de derechos humanos, particularmente con las víctimas de violencia feminicida”.
Las legislaciones y políticas públicas no han garantizado que las mujeres tengan acceso a la justicia “debido a las graves omisiones y acciones del Estado mexicano” y sus funcionarios. Para la mayoría de los casos no se respeta el debido proceso, no se investiga y se traslada la responsabilidad de la investigación a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil”.