Un juez federal solicitó que se rencause la investigación del caso Tlatlaya por omisiones e ineficiencia
Regeneración, 12 de agosto de 2018. Un juez federal de distrito ordenó reabrir el caso Tlatlaya ante la ineficacia y las omisiones cometidas por la Procuraduría General de la República (PGR), en la investigación, reportó el periódico La Jornada.
La resolución es parte de un amparo promovido por una de las sobrevivientes de los hechos de Tlatlaya, sucedidos el pasado 30 de junio de 2014, cuando un grupo de militares privó de la vida a 22 personas que al parecer ya estaban rendidas y desarmadas.
El juez Érik Zabalgoitia Novales no sólo ordenó a la PGR que reabra el caso y cumpla con todas las diligencias que no ha llevado a cabo para definir qué ocurrió, sino también que profundice en la cadena de mando para averiguar el origen de la mencionada “orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
La señora Clara Gómez González, madre de Érika, una joven de 14 años de edad que murió en el operativo de Tlatlaya, fue quien interpuso una demanda de amparo en contra del la PGR y la agencia del Ministerio Público encargada del caso, por considerar que no había puesto la atención necesaria en la investigación.
El juzgador comprobó que la PGR no había hecho una investigación efectiva sobre los mencionados temas y tampoco había garantizado el derecho de la señora Gómez a coadyuvar en la investigación; es decir, de aportar los elementos que considerara importantes para llegar a la verdad.
Zabalgoitia enumeró las fallas de la PGR en su labor en investigar, por ejemplo, jamás analizó un disco compacto entregado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el que había información sobre la probable existencia de otros responsables de la masacre.
Asimismo, la procuraduría no le pidió a la CNDH que ratificara o cambiara un documento en donde existía discrepancia sobre el número de víctimas, no constató que la Policía Federal Ministerial realizara informes de investigación, ni generó una “ruta de fortalecimiento del ejercicio de la acción penal contra los soldados”.
Por todo lo anterior, el juez concluyó que la PGR “no ha realizado diligencia alguna encaminada a la investigación de los hechos, ni en lo relativo a la orden emitida a los elementos militares (de abatir criminales en horas de oscuridad)”.
La PGR tampoco investigó a fondo quién fue el responsable de redactar la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
Por todo lo anterior, la sentencia del juez obliga a la PGR a rencausar el expediente en un plazo máximo de 30 días hábiles –que se cumplen esta semana– y abre la posibilidad de recabar más pruebas contra siete militares que en su momento fueron detenidos y luego puestos en libertad por falta de pruebas, no por ser hallados inocentes. El cumplimiento del fallo se encuentra suspendido por los recursos de revisión que interpuso la procuraduría.