Por Víctor M. Toledo | La Jornada
19 de agosto, 2014.-Que ni se acerquen… Esa fue la frase que resonó con enorme fuerza durante el inicio del encuentro nacional en defensa de la tierra, el agua y la vida, celebrado este fin de semana en Atenco, que reunió a 70 organizaciones de todo el país. Y no es para menos: al día de hoy el panorama ecopolítico registra cerca de 300 conflictos socioambientales en el país, desencadenados por proyectos mineros, hidráulicos, energéticos, turísticos, urbanos y biotecnológicos que impactan la vida de cientos de pueblos y sus entornos naturales. Apenas ha concluido el ciclo de las reformas neoliberales, que han gestado leyes dirigidas a dinamitar los logros sociales, agrarios, ambientales y culturales heredados de la historia reciente y remota de la nación, y ya comienzan a multiplicarse y potenciarse las reacciones para enfrentarlas con decisión y contundencia. Como han señalado varios analistas, literalmente estamos, caprichos de la historia, ante una situación similar a la de mediados del siglo XIX, cuando los gobiernos liberales expropiaron las tierras a la Iglesia y, de paso, a las comunidades indígenas, las mismas que la corona española respetó durante los tres siglos del periodo colonial. La otra coincidencia: en estos meses habrán de celebrarse los 100 años de la Convención de Aguascalientes (que selló la unidad campesina de aquellos tiempos), el histórico encuentro entre Zapata y Villa (Ejército del Sur y División del Norte) y la toma de la ciudad de México por los ejércitos provenientes del campo (6 de diciembre de 1914). Es decir, las respuestas provocadas por la usurpación de las tierras de seis décadas atrás.
Ya el mes de julio contempló la realización de sendos foros campesinos e indígenas en Oaxaca, Pachuca, Tlaxcala, las huastecas y otros sitios. Y si la manifestación campesina que tuvo lugar en la ciudad de México el pasado 23 de julio convocada por varias de las principales organizaciones nacionales del campo, pareció un pétalo de rosa, los eventos regionales que se han multiplicado en diferentes puntos del país rebosan enjundia, rabia y ánimos de unidad. La semana pasada durante seis días tuvo lugar en Chiapas un decisivo encuentro entre 312 representantes indígenas de todo el país y mil 500 miembros de las bases zapatistas. Durante el encuentro, los segundos conocieron la cauda de agresiones contra los pueblos originarios, sus territorios, recursos, cultura e historia, y los primeros certificaron de manera directa, voz a voz, los logros de los caracoles zapatistas y sus comunidades en términos de la autogestión y defensa de sus territorios (ver los artículos de Luis Hernández Navarro y Magdalena Gómez en La Jornada, 12/8). Apenas el viernes pasado, mil manifestantes de las comunidades en lucha contra la construcción de la presa La Parota, bloquearon la costera de Acapulco para demandar la liberación de su vocero y de dos comuneros que fueron apresados ilegalmente, y adelantándose a lo que vendrá, en Tlaxcala este domingo comenzaron a organizarse decenas de comités comunitarios para defender sus territorios.
La reunión de Atenco, sin embargo, ha impulsado una fuerza que emerge con enorme decisión porque surge de la idea compartida de que se está en un momento histórico; en una suerte de batalla crucial y suprema. Iniciada con una batería de combativas intervenciones provenientes de regiones donde la resistencia ha triunfado y/o donde existen proyectos muy exitosos de autogestión con antigüedades de hasta tres décadas, las mesas de trabajo dejaron claro un panorama de lucha basados en cuatro ejes estratégicos: 1) la defensa de los territorios como objetivo común y final; 2) la emancipación social y ecológica como las dos caras de la misma batalla; 3) el reconocimiento de que la fase de resistencia una vez consolidada debe dar lugar a la generación (desde abajo y en plena alianza con los recursos naturales locales o regionales) de proyectos autogestivos, y 4) la obligada relación, solidaria y recíproca, con los sectores, movimientos y resistencias urbanos (al evento acudió el Sindicato Mexicano de Electricistas, con una antigüedad de cien años).
Se trata de blindar los territorios, expulsar a los agentes externos sean los que fueren que operan como las fuerzas de la destrucción social y ecológica (proyectos de muerte), e iniciar mediante la unidad y la organización de los actores locales, proyectos de vida, basados en la autogestión, la democracia comunitaria, la producción agroecológica, el rescate cultural, la creación de bancos populares, prensa, televisión y radios comunitarios y educación alternativa. Todo ello mientras se avanza en la dimensión jurídica, con la promulgación de leyes municipales y comunitarias que impidan la entrada de cualquier proyecto que atente contra la vida de los pueblos y de las regiones. Y, como señaló de manera contundente uno de los participantes, “…aquí no hay nada que negociar; porque el territorio, el agua, la historia, la cultura y la vida misma no son negociables”. Una cruenta batalla se avecina. Una batalla que será política, legal, ideológica y sobre todo territorial.
* Me veo obligado a interrumpir mi serie sobre México, la batalla final es civilizatoria, para abordar los acontecimientos ocurridos en los últimos días.