Regeneración, 3 de noviembre de 2014.-Una de las iniciativas constitutivas a la neoliberalización de los Estados es la criminalización de la población. Especialmente la población joven, estudiante o económicamente improductiva. En el léxico del poder, estas estrategias están englobadas en la noción de “gestión de poblaciones marginales”. La novedad de la gestión neoliberal –que se distingue de otros modos de administración no sólo por una cuestión “epocal”– consiste en que ésta es infinitamente más letal: la criminalización se traduce no pocas veces en exterminio. En los albores del neoliberalismo, las políticas de seguridad contemplaban una reestructuración legal y penitenciaria, orientada al encierro de personas, en especial jóvenes, desempleados, subempleados y pobres, por oposición al rigor disciplinario de otras épocas. Pero la estrategia escaló en intensidad y amplitud. La persecución se extendió a vastos sectores poblacionales. Y las premisas tácticas cobraron un aspecto más violento e intolerante. El control de las poblaciones en los Estados neoliberales integraría la guerra y el exterminio como métodos privilegiados, y en los países del llamado “tercer mundo”, la desaparición forzada a gran escala. Los experimentos dictatoriales-militares en América del Sur anunciaban el advenimiento de ciertas técnicas que a la postre se extenderían a la generalidad de las sociedades. La guerra contra el narcotráfico, que es un modo de violencia estatal, habilitaría en México un escenario bélico óptimo para el dominio en el contexto de la neoliberalización, inaugurando las formas más radicales de terrorismo estatal, violencia e intimidación represiva. El caso Ayotzinapa es sólo un ejemplo de esas formas radicales de violencia estatal. No es otra cosa que el Estado efectuando uno de sus quehaceres fundamentales: la gestión de poblaciones a su entender “residuales”.
Para acusar al Estado por los crímenes en Guerrero es preciso tener ciertas bases teóricas, aún cuando la intuición histórica nos ofrece un sostén legítimo e invaluable. Por eso en esta ocasión se convino recuperar el pensamiento de Karl Marx en relación con el concepto de Estado. Más que una explicación detallada de sus ideas, acá sólo se aspira a proveer algunas pistas para documentar teóricamente la naturaleza del Estado, las fuentes de la criminalidad en México, y en particular la trama de relaciones objetivas que decretan la culpabilidad del Estado en el asesinato de seis personas, y la desaparición de otras 43, el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Escribe el autor alemán:
“Desde el punto de vista político el Estado y la organización de las cosas no son dos cosas distintas. El Estado es la organización de la sociedad. Allí donde el Estado confiesa la existencia de abusos sociales, los busca o bien en leyes naturales, irremediables con las fuerzas humanas, o en la vida privada, independiente de él, o en disfuncionalidades de la administración, que depende de él…
“La existencia del Estado y la de la esclavitud son inseparables. El Estado antiguo y la esclavitud antigua –contraste clásico y sin tapujos– no se hallan soldados entre sí más íntimamente que el moderno Estado y el moderno mundo del lucro –hipócrita contraste cristiano–. Si el Estado moderno quisiese acabar con la impotencia de su administración, tendría que acabar con la actual vida privada. Y de querer acabar con la vida privada, tendría que acabar consigo mismo, ya que sólo existe por oposición a ella… El Estado no puede creer en la impotencia interna de su administración, o sea de sí mismo. Lo único de que es capaz es de reconocer defectos formales, accidentales y tratar de remediarlos ¿Que estas modificaciones no solucionan nada? Entonces la dolencia social es una imperfección natural, independiente del hombre… o la voluntad de la gente privada se halla demasiado pervertida como para corresponder a las buenas intenciones de la administración…
“La contradicción entre el carácter y la buena voluntad de la administración por una parte y sus medios y capacidad por la otra no puede ser superada por el Estado, sin que éste se supere a sí mismo ya que se basa en esta contradicción. El Estado se basa en la contradicción entre la vida pública y privada, entre los intereses generales y especiales. Por tanto la administración tiene que limitarse a una actividad formal y negativa, toda vez que su poder acaba donde comienza la vida burguesa y su trabajo. Más aún, frente a las consecuencias que brotan de la naturaleza antisocial de esta vida burguesa, de esta propiedad privada, de este comercio, de esta industria, de este mutuo saqueo de los diversos sectores burgueses, la impotencia es la ley natural de la administración. Y es que este desgarramiento, esta vileza, este esclavismo de la sociedad burguesa es el fundamento natural en que se basa el Estado moderno”.
El Estado mexicano insistentemente ha tratado de fincar la responsabilidad de los hechos en Iguala a los cárteles de la droga, a grupos criminales particulares que operan en la región. Es decir –siguiendo a Marx– reconoce la “existencia de abusos sociales, [pero] los busca… en la vida privada, independiente de él”. Y es natural, pues “el Estado no puede creer en la impotencia interna de su administración, o sea de sí mismo. Lo único de que es capaz es de reconocer defectos formales, accidentales y tratar de remediarlos”. Por eso las autoridades públicas anuncian pomposamente búsquedas, operativos y pesquisas intrascendentes, tercamente omitiendo su corresponsabilidad en la trama. La “dolencia social”, que en este caso se trata de la criminalidad o la delincuencia organizada, presuntamente no es un asunto que involucra al Estado. La narrativa oficial argüiría que “la voluntad de la gente privada –los cárteles o células delincuenciales– se halla demasiado pervertida como para corresponder a las buenas intenciones de la administración”. Pero este relato ignora deliberadamente que “el Estado se basa en la contradicción entre la vida pública y privada, entre los intereses generales y especiales. [Y que] por tanto la administración tiene que limitarse a una actividad formal y negativa, toda vez que su poder acaba donde comienza la vida burguesa…”
En el marco de un narcoestado, la ecuación es más o menos la misma: allí donde comienza la vida de la empresa criminal, acaba el poder del Estado. Esta vileza, señala Marx, “es el fundamento natural en que se basa el Estado moderno”.
En este sentido, el Estado es el responsable de los crímenes en Guerrero por dos razones: uno, porque involucra directamente a personal estatal en los actos represivos-delictivos; y dos, porque el Estado es el facilitador de las empresas criminales, suministrando, con base en las políticas que impulsa, la trama legal e institucional que permite el libre albedrío de los negocios privados, aún allí donde tales intereses particulares entrañan altos contenidos de criminalidad e ilegalidad.
Fue el Estado.