177 mujeres de 85 organizaciones provenientes de 18 Estados de la República, nos reunimos en la Ciudad de Xalapa los días 4 y 5 de febrero de 2011. Celebramos nuestra segunda Reunión Nacional con el objetivo de realizar el balance anual de nuestras actividades; analizar la situación actual del derecho a decidir en los Estados y a nivel nacional y definir nuevas estrategias y plan de acción para este año.En el periodo 2008-2010 fueron aprobadas 17 reformas constitucionales locales que limitan o impiden el ejercicio de uno de nuestros derechos fundamentales: el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, criminalizando a las mujeres por practicarse un aborto, incluso cuando se trata del producto de una violación.
El camino seguido por estas reformas ha llegado al encarcelamiento de mujeres, no sólo de aquellas que libremente ejercen su derecho a decidir, sino también a mujeres que sufren abortos espontáneos (involuntarios) como lo hemos constatado en varias entidades del país.
El Estado, desde sus tres poderes, sigue sin tener claro cuál es su función de Estado laico y de derecho. Sigue impidiendo el ejercicio de los derechos de las mujeres, condenándolas a una pena de muerte latente, donde las deja respirar para que sientan su indefensión e impotencia frente a un ejercicio desmesurado de su poder.
Las mujeres que conformamos el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, exigimos el pleno y cabal cumplimiento de lo que significa un Estado laico, respeto a los derechos reconocidos en la Constitución Política Mexicana y a lo ratificado en la Convención Internacional de Derechos Humanos de Viena, la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
En nuestro país, las reformas constitucionales y la forma en que se aplican las leyes, así como las políticas públicas, son un signo evidente de violencia institucional que rechazamos con todas nuestras fuerzas y frente al que continuaremos actuando hasta lograr un Estado realmente democrático y de justicia equitativa. Por lo que ratificamos nuestros principales compromisos suscritos en nuestra primera reunión, y que son:
1. La defensa del derecho a decidir y por la libertad de las mujeres criminalizadas por ejercer su derecho a abortar.
2. La defensa del Estado laico y contra la injerencia de cualquier iglesia al tratar de imponer sus valores al conjunto de la ciudadanía.
3. La denuncia de aquellos servidores públicos que votaron o voten a favor de las reformas constitucionales; del personal de los servicios de salud que extralimitando sus funciones, juzgan y acusan a las mujeres; a los servidores públicos del sistema de justicia, que aplican criterios personales en lugar de criterios jurídicos.
4. Por el derecho a la salud y la despenalización del aborto en todo el país.
Para las mujeres que integramos el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los derechos de las mujeres, estos compromisos son irrenunciables, fundamentales para lograr una vida digna, lo que para nosotras significa libertad, autonomía, poder de decisión sobre nuestras vidas como forma de desarrollarnos plenamente como personas.
Desde estos compromisos convocamos a todas las mujeres, instituciones, organizaciones políticas y sociales, personas en lo individual, pero sobre todo a las y los representantes de la ciudadanía que nos representan o que nos quieren representar, para construir un país basado efectivamente en derechos que se puedan ejercer, donde las mujeres sean reconocidas como ciudadanas plenas y personas con todos los derechos y no como botines políticos.
Reconocemos que esta ofensiva de la derecha es parte de una ofensiva contra más sectores de la sociedad y que tiene como fin el sometimiento del conjunto de la población y se manifiesta más claramente en el brutal golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sindicato que ha sido un emblema de lucha y resistencia de las y los trabajadores en el país.
En esta reunión, todas las participantes hacemos público nuestro total apoyo y solidaridad con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas y en particular de las mujeres trabajadoras del SME, quienes forman parte activa de este Pacto y reiteramos la exigencia de que se respete su derecho al empleo y salario dignos.
Rechazamos enérgicamente la ola de feminicidios y violencia contra las mujeres, situación que se ve agravada con la creciente militarización del país, que a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico sirve de justificación a las agresiones contra la población, acrecentando la impunidad en estos delitos y en el caso concreto de las mujeres asesinadas por exigir justicia y respeto a los derechos humanos.
¡Alto a la criminalización de las mujeres por abortar!
¡Libertad inmediata a las mujeres presas por abortar!
¡Respeto del Estado laico!
¡Despenalización del aborto en todo el país!