MORENA en los Consejos Distritales: La democracia es asunto de todos

La democracia es asunto de todos.

Estamos aquí para velar por la democracia… y para hacer valer la voluntad popular. Queremos recuperar la memoria colectiva para evitar caer en los errores del pasado.

Los avances democráticos de México se deben en primer lugar al empuje de la sociedad. De esta forma, el Instituto Federal Electoral (IFE) ha sido una conquista del pueblo mexicano hacia a favor de la democratización del país. El IFE materializó la exigencia social para que la organización de las elecciones dejara de estar en manos del gobierno en turno y pasara a manos de un órgano ciudadano. El IFE tiene el mandato de garantizar los derechos políticos y electorales de los mexicanos; de dar certidumbre y legitimidad a la elección de autoridades.

Hay que recordar que el IFE se creó después del fraude electoral de 1988, mismo que llevó a Carlos Salinas a la presidencia de la República. La decisión se precipitó en 1996, cuando la rebelión indígena en Chiapas puso en cuestión al sistema político en su conjunto y la debacle económica de 1994-95, colocó al país al borde de la crisis social.

Las elecciones de 1997, las primeras organizadas por el nuevo IFE, representaron un paso adelante hacia democratización. El partido en el gobierno, el PRI, perdió por primera vez la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados y el gobierno de la capital del país.

Tres años después, en el año 2000, se consumó la primera alternancia en el poder Ejecutivo federal. Al terminar una era gobernada por el PRI durante más de 70 años, hizo pensar a muchos que se iniciaba la transición democrática en México. Sin embargo, esto no ocurrió así.

Vicente Fox y el PAN ganaron las elecciones presidenciales del 2000 con la promesa del cambio y de acabar con el viejo régimen político, juzgando a los políticos corruptos. Pero ya en el gobierno, Fox y los panistas traicionaron sus compromisos democráticos y pactaron la impunidad de los priistas y la continuidad del sistema político. La alternancia del poder no significó una verdadera transición democrática para México, sino la restauración del viejo régimen, mediante la concerta-cesión entre el PRI y el PAN. De esta manera, se perdió la oportunidad de un cambio democrático verdadero.

En este ambiente, en 2003, por presiones del PAN y del PRI –en  particular, por maniobras de Elba Esther Gordillo–, el IFE se partidizó y perdió su carácter ciudadano. Ambos partidos en el Congreso impusieron como consejeros del IFE a personajes que respondían a sus intereses partidarios.

El fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2006 y la crisis política que generó, confirmaron que el IFE había sido subordinado a los intereses de la minoría que mantiene en el poder, a través del control que ejerce de las instituciones políticas.

El fraude electoral de 2006 provocó una crisis de legitimidad del poder público y una herida en la vida política del país, cuyas consecuencias aún perduran. El IFE fue cuestionado como nunca en su corta historia y  en los hechos no pudo garantizar el respeto al voto de los ciudadanos. Por el contrario, el IFE permitió y avaló maniobras que distorsionaron el resultado de las elecciones y permitieron la imposición de un gobierno que vio cuestionada su legitimidad desde el inicio. Las maniobras de los grupos de poder y el fraude electoral de 2006, representaron un duro golpe a las aspiraciones democráticas del pueblo mexicano.

Ante las dudas y denuncias de graves irregularidades, la autoridad electoral ni siquiera permitió la posibilidad de recontar los votos. Este sólo hecho le habría devuelto la legitimidad al gobierno emanado de la contienda y las condiciones para una gobernabilidad democrática. Pero al negarse a limpiar la elección, el IFE impidió restaurar la confianza en las autoridades electorales y la consolidación de la vida democrática.

Ni el IFE ni el Tribunal Electoral cumplieron en 2006 con el mandato constitucional de otorgar certeza a los procesos electorales y proteger el voto mismo. La defensa a ultranza de un triunfo cuestionado, cuya legalidad y legitimidad ha sido puesta en entredicho por amplios sectores de la población, se convirtió en una afrenta a toda la sociedad, pero también a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al marco jurídico electoral del país.

Al negarse a limpiar la elección de 2006, el IFE cortó de tajo el avance democrático institucional y la llamada transición democrática se convirtió en una coartada para ocultar la falta de democracia en México. Lo que existe en nuestro país es una democracia simulada, bajo el control de los poderes fácticos, de la oligarquía que manda en su propio beneficio y controla a casi todos los partidos políticos, usa dinero ilegal en las campañas y echa mano de prácticas clientelares y autoritarias. Hoy día constatamos que el principal sostén de este sistema oligárquico no es el voto, sino el control y la manipulación de los principales medios de comunicación.

En esta nueva contienda electoral, en este nuevo episodio que pone a prueba a la sociedad y a las instituciones democráticas, partimos de un hecho insoslayable y grave que se ha constatado en los últimos procesos electorales: el IFE ha renunciado a su tarea de garantizar los derechos políticos y democráticos de los ciudadanos. Esta no es una simple postura política o electoral, es una realidad. Hoy en México es práctica común la compra de votos; la manipulación de la pobreza con la entrega despensas y otras dádivas. No hay autoridad que pueda frenar el uso electoral del presupuesto y de los programas sociales públicos. El IFE ni siquiera puede detener o fiscalizar la utilización de dinero sucio hacia los partidos políticos y las campañas electorales. Nada hace contra el uso de los medios de comunicación para favorecer, extralegalmente, a ciertos candidatos y partidos.

Tampoco hay control de las aportaciones privadas a las campañas electorales. Esas omisiones, deliberadas o involuntarias, han terminado por legalizar el fraude electoral, en la misma medida en que a nadie se castiga por el mal uso de los recursos públicos, por la manipulación electoral desde gobiernos corruptos o por prácticas fraudulentas.

Por todo ello, desde hace tiempo amplios sectores de la población nos hemos dado a la tarea de reconstruir la vida democrática y civilizada de nuestro país. Queremos restaurar la legitimidad de los gobiernos emanados de los procesos electorales y garantizar el derechos del pueblo a elegir a sus gobernantes.

Estamos aquí, porque estamos convencidos de que la vía democrática garantiza el cambio pacífico y el establecimiento de un gobierno que responda a las aspiraciones y exigencias del pueblo mexicano.

Estamos aquí, porque queremos que se cuenten y cuenten todos los votos. Sin distinguir para quien sean. Estamos comprometidos con hacer valer la decisión que tomen los ciudadanos en las urnas sobre el rumbo que debe seguir nuestro país.

Estamos aquí, convencidos de que si las instituciones electorales no garantizan los derechos de los ciudadanos, deben ser los mismos ciudadanos los que, de manera organizada, hagan valer la democracia y garanticen el principal derecho democrático: el del voto ciudadano.

Como un deber cívico y como un compromiso moral, vigilaremos los pasos de la autoridad electoral, de los partidos políticos y de quienes pretendan imponer sus intereses por vías ilegales y antidemocráticas.

Es nuestro compromiso y nuestra convicción. Creemos en la democracia y estamos dispuestos a aportar todo nuestro esfuerzo para hacerla realidad.

El futuro de México está en manos de sus ciudadanos. Las elecciones de 2012 son una gran oportunidad para recuperar la ruta democrática. Todo dependerá de lo que hagamos o dejemos de hacer para garantizar el respeto a la voluntad popular. Hoy la exigencia de una democracia verdadera recorre todo el mundo, como una vía para que los pueblos puedan resolver sus problemas económicos, de pobreza y exclusión social. Es la hora de los pueblos y de la democracia. Nuestra tarea en estos órganos electorales, insistimos, será vigilar que cumplan con su mandato constitucional y garanticen el respeto del voto de todos, de la voluntad popular.

Muchas gracias.