Investigar la responsabilidad institucional así como cadena de mando, exige el Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro-Juárez».
Regeneración, 21 de julio del 2015. (APRO) Ante los recientes hechos de violaciones a derechos humanos en Calera, Zacatecas, y Ostula, Michoacán, donde están involucrados miembros del Ejército Mexicano, urge que “la responsabilidad institucional y la cadena de mando sean investigadas”, consideró el director del Centro de Derechos Humanos de Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez.
A unas semanas de que presentara el informe “Tlatlaya: la orden fue abatir”, en el que se revela que el oficial al mando responsable de esos hechos –en los que murieron 22 personas– llevaba la instrucción de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, Patrón Sánchez evaluó que las recientes acciones en las que militares presuntamente participaron en la desaparición y ejecución de siete personas en Zacatecas, así como en los disparos indiscriminados a población civil en Michoacán, es “consecuencia de que no hay transparencia, no hay rendición de cuentas y no hay investigaciones a fondo que aseguren que estos actos no se vuelvan a repetir”.