Por Luz NietoHoy que dominan en la esfera política la perversidad, la ignorancia y la estulticia, graves en sí mismas y más cuando contradicen a nuestra Constitución, estamos obligados a recordar las razones y los medios por los cuales el gobierno de Lázaro Cárdenas enfrentó a los intereses extranjeros que pretendían dominar a México.
En noviembre de 1936 el Congreso aprobó una ley reglamentaria al artículo 27 constitucional –conocida como Ley de Expropiación–, que ratificó: los bienes de la nación deben ser explotados y dirigidos exclusivamente en el sentido del servicio público. Aplicada en primer término para asegurar la viabilidad de los Ferrocarriles Mexicanos, la reforma también fue fundamento de la expropiación del petróleo.
En un escrito dirigido al gobierno inglés, el general Cárdenas exponía: La causa de utilidad pública nació de la rebeldía de las empresas frente a una ejecutoria dictada por el más Alto Tribunal de la República, al atraer como consecuencia la petición de los trabajadores, fundada en nuestra Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, de que declararan terminados sus contratos de trabajo y porque esta ruptura significaba la paralización total de la industria petrolera, lo que, a su vez, afectaba las más importantes actividades del país con grave perjuicio para sus intereses.
[REGENERACIÓN, No.28, abril 2013]
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