Más de dos mil personas de San Felipe Tepatlán manifestaron su rechazo a la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1, que “no beneficiará a las comunidades, pero sí a la transnacional WalMart”. La empresa que inicio labores con armas de fuego, recibió dinero del Departamento de Estado de EU y de Banobras
Leticia Ánimas
Regeneración, 29 de febrero de 2016. San Felipe Tepatlán, Puebla.- Sin autorización de la población indígena, portando armas para “amedrentarlos y provocarlos”, empleados de la empresa Deselec1-Comexhidro iniciaron la construcción de una de las represas de la hidroeléctrica Puebla 1, en terrenos del río Ajajalpan a la altura de San Felipe Tepatlán, denunciaron pobladores.
Las obras, dijeron, comenzaron el pasado 25 de febrero pasado por lo que una comisión de miembros de la organización “Guardianes del Río Ajajalpan” se trasladó al lugar donde estaban los trabajadores de la generadora de energía para exigirles que suspendieran las excavaciones que realizaban.
“Cuando llegamos allí, uno de los trabajadores sacó un arma con intención de amedrentarnos y provocarnos, generándose momentos de mucha tensión. Con esto –añadieron-, se demuestra que la empresa Comexhidro utiliza la violencia para imponer el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 que traería graves daños a la madre tierra y a nuestras vidas”.
Ante esta situación, los defensores del río Ajajalpan, responsabilizaron al gobierno federal, al gobernador del estado Rafael Moreno Valle y a la empresa Comexhidro, de cualquier situación de violencia y confrontación que pudiera suscitarse contra los habitantes de este municipio de la Sierra Norte y contra quienes participan en la defensa de su territorio.
Recordaron que en una asamblea pública, realizada el 5 de julio del año pasado, ante la presencia de representantes de los gobiernos estatal, federal y municipal, más de dos mil personas de San Felipe Tepatlán manifestaron su rechazo a la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1, que “no beneficiará a las comunidades, pero sí a la transnacional WalMart”.
Por ello exigieron que tanto las autoridades, como los empresarios respeten su derecho a la libre determinación y al territorio, cancelando el proyecto de generación de energía que empezaron a construir en el río Ajajalpan y que afecta además a los pobladores de los municipios de Ahuacatlán y Tlapacoya.
La empresa recibió dinero del Departamento de Estado y de Banobras
La empresa Deselec 1, a cargo del proyecto hidroeléctrico, es una subsidiaria de Comexhidro, constituida, entre otros, por Salomón Camhaji Samra, exdirector de la ex paraestatal Altos Hornos de México. La Comisión Reguladora de Energía le otorgó a este corporativo un permiso de autoabastecimiento para proveer de electricidad a Wal Mart, Waldo’s Mart, Suburbia, Vips, Colchas de México y una persona física: Ileana Jinich Mekler.
Además, según datos del centro de investigaciones PODER, la empresa recibió financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos para la promoción de energías renovables, recursos del Fondo Nacional de Infraestructura de Banobras, orientado a asumir los riesgos a la inversión para fomentar la participación de la iniciativa privada en proyectos de infraestructura.
Entre los cuestionamientos al proyecto, además de los daños al medio ambiente, están que la Puebla 1 no proveerá de la electricidad a las comunidades afectadas; que el proceso de consulta a la población indígena inició cinco años después de haber sido otorgado el primer permiso a la empresa.
Además han sido denunciadas diversas acciones de las autoridades y de la Deslec-Comexhidro tendientes a “romper el tejido comunitario”: ofreciendo dádivas, bebidas embriagantes y proyectos productivos financiados con recursos públicos a algunos pobladores que aglutinó en organizaciones a modo: “Bios Sierra” y “Campesinos Unidos de San Felipe Tepatlán y Tlapacoya”; mientras que quienes se oponen al proyecto están siendo perseguidos, señalados en algunos medios de comunicación de la región y amenazados, indicaron los Defensores del Ajajalpan.
En fechas recientes, 14 pobladores de San Felipe Tepatlán fueron denunciados penalmente como parte de esta estrategia de represión, recordaron.