Poderosos empresarios en contubernio con políticos en sus tres niveles (municipal, estatal y federal) se empeñan en realizar una obra vial en la llamada Loma de Santa María que generará severos impactos ecológicos, biológicos, hidráulicos y urbanísticos además de poner en riesgo a miles de ciudadanos de la capital de Michoacán.
Por Víctor M. Toledo
Regeneración, 1 de mayo de 2016. Los grandes desastres “naturales” o “humanos” siempre son emergencias largamente construidas mediante la sucesión y concatenación de acciones irracionales, golpes de autoritarismo, actos de corrupción y la voracidad desbocada de empresarios y mercaderes. En Morelia, durante los últimos diez años, poderosos empresarios locales y nacionales en contubernio con los poderes políticos en sus tres niveles (municipal, estatal y federal) se han empeñado en realizar una obra en la llamada Loma de Santa María que generará severos impactos ecológicos, biológicos, hidráulicos y urbanísticos además de poner en riesgo a miles de ciudadanos de al menos 8 colonias de la ciudad.
Por una década, la necedad empresarial ha arrastrado a cinco gobernadores y varios presidentes municipales de los tres principales partidos (PRI, PAN y PRD), no obstante la opinión en contra de reconocidos científicos de la UNAM (campus Morelia y ciudad de México) y de la Universidad Michoacana y de la constante resistencia activa de colonos, ambientalistas y ciudadanos en general que han logrado cancelar ese proyecto en cuatro ocasiones. Pero la tozudez continúa, no obstante las diversas manifestaciones ciudadanas, los dictámenes científicos y técnicos, y que una consulta levantada en mayo del 2011 entre 27,440 habitantes de 100 puntos de la ciudad revelara que el 83% estaba en contra de ese proyecto.
La ciudad de Morelia se fundó y creció sobre un extenso valle atravesado por dos ríos, pero actualmente se ha extendido en su porción sur que es montañosa y en donde se ha desarrollado un impresionante proyecto comercial y habitacional de gran envergadura conocido como Altozano (que intenta subliminalmente hacer creer que ahí se vive “sanamente en lo alto”) en el que destaca un enorme centro comercial de lujo. Son los magnates de ese proyecto los que están detrás del llamado “túnel de la muerte” desde hace una década, pues insisten en conectar su centro comercial con la ciudad de Morelia atravesando el mayor cinturón de vegetación de la ciudad y cuna de la microcuenca de uno de los dos ríos. El llamado río Chiquito recoge el agua de varios mantos acuíferos y abastece a la ciudad en un 40% del líquido vital. El proyecto es ilegal, además de ilógico, de alto riesgo y costoso. El costo de esta vialidad absurda ha ido subiendo de los 200 millones en 2006 (megapuente), a 400 millones en 2008 (megatúnel), a 700 millones en 2010 (vialidad ocolusen) a 1200 millones en la actualidad (una carretera de cuatro kilómetros con dos túneles). Pero además se intenta construirla sin los permisos correspondientes sobre dos áreas de reserva: la Loma de Santa María, una creación del general Lázaro Cárdenas y el Parque Nacional Francisco Zarco. Al impacto ecológico que afecta 170 hectáreas de zona arbolada, se suma el riesgo geológico pues la carretera y los túneles pretenden construirse sobre tres fallas geológicas que hoy mantienen a una parte del sur de la ciudad en una situación de alta inestabilidad corroborada por las afectaciones que los movimientos provocan sobre casas, edificios, oficinas y escuelas. Un dictamen elaborado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM en 2014 solicitado por la Secretaría de Comunicaciones y transportes (SCT) recomendó no realizar la obra porque acelerará el riesgo de deslaves. Ese dictamen fue ocultado de manera criminal por la propia SCT durante varios meses y fue descubierto y hecho público por la exigencia de los ciudadanos en resistencia. Hoy se estima que las acciones en la Loma de Santa María que incluye dinamitar en varios puntos y modificar sustancialmente el terreno y el subsuelo hacen más factible derrumbes y deslizamientos. Bajo esta amenaza se encuentran las colonias La Paloma, Bosques Camelinas, Prados del Campestre y cinco colonias de la zona de Ocolusen, con una población estimada en 13,900 personas.
Violando toda legalidad la SCT (PRI) con el silencio puntual de los gobiernos estatal de Michoacán (PRD) y municipal de Morelia (PAN), pretende construir la obra vial sin tener permisos de impacto ambiental ni autorizaciones sobre su potencial de riesgo o peligro sobre los habitantes. Se trata de una acto potencialmente criminal en lo ecológico (ecocidio) y en lo humano (genocidio). Los autores de este doble atentado están obligados a dar la cara y hacer públicas las razones que los llevan a cometer este enorme desacato, y sobretodo a demostrar que la obra tiene sentido. De lo contrario se debe cancelar de inmediato. Mientras tanto los ciudadanos en resistencia continúan su heroica batalla en nombre de los habitantes de una ciudad que no se merece vivir bajo la amenaza constante de un “túnel de la muerte”.
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