Tras dos años del desastre ambiental, juez emitió la orden a Grupo México de transparentar y entregar información sobre el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Bacánuchi y Sonora.
Información de La Jornada.
Regeneración, 08 de agosto 2016. Un juez de distrito de Arizona emitió un fallo que obliga a Grupo México a transparentar y entregar información sobre el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacánuchi y Sonora, aseguraron la United Steelworkers (USW, pos sus siglas en inglés) y el sindicato nacional de mineros que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.
Benjamin Davis, director de asuntos internacionales de la USW, explicó que se interpuso un recurso legal para obligar a que el corporativo proporcione datos respecto de las consecuencias del mayor derrame de tóxicos en México.
Dos años después del desastre ambiental, dicho juez determinó que Southern Cooper Corporation, firma matriz de la mina Buenavista del Cobre –con sede en Phoenix, Arizona– que pertenece a Grupo México, tendrá que entregar dicha información.
Al respecto, la organización no gubernamental Poder dio a conocer que Grupo México y sus subsidiarias han utilizado todas las herramientas legales para evitar la entrega de datos públicos en México relacionados con el derrame y las acciones que llevó a cabo para remediar las afectaciones.
Incluso la empresa, de Germán Larrea, se ha amparado para evitar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturarles (Semarnat) publique los resultados del programa de remediación propuesto por la compañía.
Además, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha ordenado a la Semarnat presentar estudios, resultados y plan de remediación presentado por la empresa, lo cual no ha ocurrido.
Según Poder, a la opacidad de la compañía y autoridades se suma que los sonorenses afectados por el derrame ya no disponen de una clínica provisional que tenían, la cual cerró el 30 de julio de 2016, pese a que en los reportes oficiales la cifra de perjudicados por el consumo y uso de agua de esos ríos va en aumento.
La planta potabilizadora no está funcionando y los habitantes de los municipios cercanos a dichos cuerpos de agua siguen comprando líquido embotellado, pues no hay certeza sobre la calidad del elemento.
El director de asuntos internacionales de la USW recordó que, no obstante que el derrame fue el 6 de agosto de 2014, la empresa notificó del mismo el 8 de agosto vía telefónica y de manera formal a la Comisión Nacional del Agua el día 12.
Los habitantes emitieron la voz de alerta el 7 de agosto. Avisaron que el río Bacánuchi tenía un color inusual. Sin embargo, en un primer momento Grupo México argumentó que el derrame se debió a lluvias por arriba de la media nacional, pero reportes meteorológicos señalan que no hubo precipitaciones.
El dictamen oficial concluyó que el percance fue responsabilidad de la empresa: El derrame se ocasionó por falta de amarre de un tubo de polietileno (tubificación) en una de las piletas de lixiviados y por la falta de una válvula en la pileta de demasías imputable a la empresa. No obstante, ésta no ha cumplido con sus obligaciones de remediación y ahora tendrá que dar cuenta de sus acciones al ser requerida por la justicia estadunidense, indicó.