Regeneración, 6 de mayo de 2015. Representantes de los jornaleros agrícolas del valle de San Quintín, Baja California, y organizaciones campesinas iniciaron la Acción global de San Quintín, para demandar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores del campo.
En el Hemiciclo a Juárez anunciaron que el próximo 9 de mayo iniciará un boicot económico internacional y una caravana nacional por las zonas agrícolas del país, en caso de que los gobiernos federal y del estado no atiendan sus demandas laborales y judiciales.
Entre las demandas judiciales está la liberación inmediata de 14 de sus compañeros presos en Ensenada, y el retiro de varias órdenes de aprehensión por el delito de obstrucción de vías de comunicación.
Fidel Sánchez Gabriel y Bonifacio Martínez, voceros de los jornaleros agrícolas, explicaron sus demandas laborales, en las que no hay nada fuera de la ley
. Exigen un ingreso mínimo de 200 pesos por jornal, así como la libre sindicalización, pago de horas extras y la restitución de los derechos plasmados en la Ley Federal del Trabajo.
Exigen la rescisión del actual contrato colectivo de trabajo, administrado por sindicatos oficiales como la CTM, la CROC y la CROM, pues sólo beneficia a los empresarios y promueve la explotación de los trabajadores agrícolas.
La explotación laboral que sufren los más de 80 mil jornaleros que existen en el valle de San Quintín se debe también a lacomplicidad
de los diferentes niveles de gobierno con las organizaciones sindicales corruptas, denunciaron.
La Ley Federal del Trabajo y los derechos humanos en San Quintín no existen, afirmó Max Correa Hernández, de la Central Campesina Cardenista (CCC).
En la conferencia de prensa también participaron músicos de rock alternativo y actores, pues la acción global incluye una gira por Europa con el grupo Los de Abajo para dar a conocer la realidad de San Quintín, y otra por Estados Unidos, que incluye conciertos para evidenciar la realidad de los jornaleros agrícolas. También realizarán una gira a escala nacional para integrar más jornaleros al movimiento.
Denunciaron la represión al movimiento y la existencia de órdenes de aprehensión en contra de varios dirigentes por lo que responsabilizaron al gobierno federal y al gobernador Francisco Vega de Lamadrid de la represión o agresiones en contra de los jornaleros inconformes.
Ante tales acontecimientos y con el respaldo de organizaciones campesinas y sociales como la CCC, el Consejo Nacional de Sociedad y Unidades Campesinas y Colonos y la Unión General Obrero, Campesina y Popular, así como de los grupos musicales Royal Club y Tijuana No, anunciaron que acudirán ante la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demandar un salario digno de por lo menos 200 pesos por ocho horas de trabajo, y la restitución de prestaciones laborales.
(Con información de La Jornada)