«Alejandro Murat, si es electo gobernador de Oaxaca, hará lo que sabe hacer: extraer los recursos públicos para su provecho personal».
Por Ernesto Villanueva para Proceso.
Hay dos textos sobre actos presuntamente delictivos de Alejando Murat, candidato del PRI a gobernador de Oaxaca, quien el próximo 5 de junio se someterá a la prueba de las urnas.
Proceso ya dio cuenta del tema de un faltante de casi 2 mil millones de pesos como resultado de una auditoría externa, y yo publiqué sobre el panorama general de asignaciones directas y procedimientos específicos que Murat decidió discrecionalmente por una cantidad superior a 16 mil millones de pesos y al menos más de 4 mil millones de sobreprecios en probable contubernio con Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública.
Hoy dedico esta entrega a profundizar en los temas que se han planteado con nuevos datos que permitan analizar en perspectiva cómo este personaje ha hecho de la corrupción un modo de entender el ejercicio del poder.
De entrada, la observación emitida el 16 de febrero del 2015 con clave SGPF33GFYCO47201409-2 de la Contraloría interna del infonavit dirigida al entonces director de esa institución, Alejandro Murat, es precisamente por “sobrecostos para el Instituto en Adquisiciones de Compras Directas y Procedimientos Específicos”. Lo grave fue que esta y otras observaciones fueron desestimadas y ordenada su destrucción por Virgilio Andrade, titular de la SFP, violando la Constitución y la ley. Permite tener, por ende, indicios de que hay colusión de servidores públicos.
Otro tema de importancia capital es identificar cómo Alejandro Murat ejerció fuera de la norma parte sustantiva de esos 16 mil millones asignados de manera libre.
La primera vía, la más burda, fue la asignación de contratos que por su propia naturaleza son notoriamente ilegales. Así, por ejemplo, el contrato 4600025160 entre el Infonavit y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) es por comodato. De acuerdo con lo previsto por el artículo 2497 del Código Civil Federal, “el comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible, y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente”. Pero la naturaleza de la gratuidad del comodato desaparece porque en el contrato por ese concepto se pacta el pago de 9 millones de pesos por un año, lo cual es inaudito. Y como este tipo de “contratos” hay varios entre 2013 y 2015.
La segunda vía es duplicar funciones con las estructuras existentes. El Infonavit tiene una Subdirección General Jurídica con un abultado número de gerencias y abogados para cumplir sus atribuciones. Los artículos del 38 al 44 del Estatuto Orgánico del Infonavit detallan sus facultades. Es de entrada absurdo que el propio Infonavit haya contratado a decenas de despachos legales para hacer exactamente lo mismo que por disposición legal lo debe llevar a cabo la Subdirección General Jurídica del propio Instituto. Además, es de llamar la atención que las decenas de contratos tengan idéntico monto, lo que se supone que harían exactamente lo mismo o extraña e irregularmente cuesta una cifra idéntica. Esto genera indicios de prácticas ilegales generando un daño patrimonial al Estado del que Alejandro Murat sería el responsable. En efecto, en el 2014 cada uno de los despachos jurídicos con el ¡mismo objeto en sus contratos! cobró 89 millones 320 mil pesos. En el 2015 la cifra para cada bufete legal fue de 60 millones 900 mil pesos. Si no estuviera involucrado en este desaseo, hubiera llamado inmediatamente la atención de Virgilio Andrade, titular de la SFP, que lo dejó pasar y le dio seguimiento para mantener estos datos debidamente custodiados.
La tercera vía es la compra de servicios de mantenimiento, consumibles y similares para cómputo o para diferentes áreas del Infonavit que, al no existir licitación pública, no es posible saber si efectivamente se llevaron a cabo porque basta y sobra la simple firma del modesto servidor público encargado quien, por no perder su empleo, firma lo que le pongan enfrente para ser “considerado” parte del equipo. Existe, por citar uno de decenas de ejemplos, el contrato 4600025759 por el rubro “casual” de mantenimiento y limpieza” por la cantidad de 51 millones 583 mil 263 pesos. Esto me permite razonablemente pensar que hubo un amplísimo “moche” para Murat por ese jugoso contrato de “limpieza”.
Alejandro Murat, si es electo gobernador de Oaxaca, hará lo que sabe hacer: extraer los recursos públicos destinados a los oaxaqueños para su provecho personal. Exactamente igual que lo haría el multimillonario en dólares José Antonio Estefan Garfias, Gabino Cué y Jorge Castillo si los dejan seguir como depredadores de Oaxaca, como se ha documentado públicamente en la prensa.
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