La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, analiza una ley para deducir los impuestos a la exploración de las empresas mineras, denunció la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) que exigió la cancelación de proyectos que afecten los derechos humanos y el medio ambiente.
Leticia Ánimas
Regeneración, 11 de abril de 2017. La Cámara de Diputados pretende aprobar este mes una ley para deducir los de impuestos los gastos de exploración de las empresas mineras, denunció la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y exigió la suspensión de los proyectos extractivos y la cancelación de las concesiones otorgadas en detrimento de los derechos humanos y ambientales.
Al expresar su oposición a la iniciativa que se discute en la Comisión de Minería del legislativo federal por considerar que sólo facilitaría el proceso de “depredación irreversible” y de vulneración de la soberanía del país ocasionado por las empresas extractivas mineras, la REMA consideró que se debe seguir el ejemplo del El Salvador que prohibió el desarrollo de esa industria en su territorio.
La RED, en la que participan colectivos de la Sierra Norte poblana como la Unión de Ejidos y Comunidades de Ixtacamaxtitlán que rechazan los trabajos de la canadiense Almaden Minerals, cuestionó que desde el gobierno se continúe favoreciendo el “burdo saqueo que hacen de nuestros bienes naturales con daños irreversibles a la salud de la población y al ambiente”.
Aprobar más beneficios a las empresas mineras, señaló la REMA, coloca una vez más al gobierno al servicio de los intereses de empresas ajenas al interés de las colectividades y a la viabilidad de los territorios.
Deducir de impuestos las actividades de exploración, pasa por alto las desmedidas utilidades que obtienen las mineras que hacen pagos “irrisorios” por las concesiones, autorizaciones y regalías, cuando el costo que pagan los pueblos es mayor por las afectaciones a la salud de sus habitantes y la devastación de sus territorios.
En contraste, aseguró la Red, mientras se acosa fiscalmente a la ciudadanía con menores ingresos, se beneficia a los grandes capitales a los que se les ofrece el reintegro de una considerable suma de dinero, con la justificación tras la eliminación de la deducibilidad se fueron de México más de 200 empresas mineras y se suspendieron más de 150 proyectos.
“La deducción de impuestos que pretenden las empresas mineras no facilita la apertura de posibilidades dignas de ingreso y de empleo, como se aduce con engaños, sino el despojo del país, poniendo de manifiesto, una vez más y categóricamente, la ausencia de una política clara de impulso económico respetuoso de los seres humanos y de su entorno ambiental”, aseguró.
Además, la iniciativa pasa por alto el carácter irreversible de las afectaciones ambientales, sociales, sanitarias, económicas y políticas que generan las iniciativas de minería, en particular las que se llevan a cabo bajo la técnica intensiva a tajo abierto y con utilización de tóxicos, concluyó.