Regeneración, 6 de enero de 2016.- Hoy se cumple un año de cometida la masacre de Apatzingán por parte de la Policía Federal (PF) sin que hasta el momento la PGR dé a conocer sus investigaciones, haya detenido a algún responsable y mucho menos llame a cuentas a Alfredo Castillo, el ex Comisionado Federal de Seguridad de Michoacán.
Castillo sigue siendo el gran impune de la matanza del Día de Reyes en la que se cometieron por lo menos 16 ejecuciones extrajudiciales a manos de la Policía Federal.
No obstante la protección federal que goza se extiende ahora al flamante gobierno perredista de Silvano Aureoles, que no sólo ratificó a José Martín Godoy como procurador estatal, sino también al único funcionario que la PGR vio como probable involucrado en los hechos y que es de las confianzas del titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
Se trata de Andrés Becerril, fiscal de delitos de alto impacto de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJE), quien fue titular de la delegación de la PGR en el estado al suceder la masacre, y que anteriormente fue subordinado de Castillo cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
La PGR anunció la destitución de Becerril a días de los hechos pero en realidad éste renunció con un cordial saludo de agradecimiento, no lo investigó, y luego se le nombró en la citada fiscalía estatal que precisamente investiga los casos de homicidios dolosos, como lo documentó la reportera Peniley Ramírez en Univisión.
La protección oficial a Castillo se debe a que fue el responsable de la estrategia en la que el gobierno armó a civiles para combatir a civiles criminales y se les dotó de acompañamiento de las fuerzas federales en sus operativos. Es decir, fue el legitimador de una guerra civil acontecida bajo un estado de excepción en el que se realizaron todo tipo de atropellos.
Tal acompañamiento fue, sin embargo, relativo. Más bien a esos civiles se les utilizó como la carne de cañón.
No hay que olvidar que los autodefensas e integrantes de la Fuerza Rural atacados pertenecían al grupo elite G-250 creado por Castillo para combatir a Servando Gómez Martínez La Tuta.
Diversos testimonios de jornaleros que integraron el G-250 aseguran que en la sierra estuvieron ocho meses, a su suerte y sin paga, en los que llegaron a enfrentarse a pedradas y palazos no con criminales, sino con militares que impedían su avanzada en rancherías de la zona o pretendían desarmarlos. Los civiles dicen que atestiguaron que había una red de protección de fuerzas federales a La Tuta.
Como se sabe, Castillo disolvió al G-250 días antes de salir como comisionado en diciembre de 2014 sin que se detuviera a La Tuta, por lo que dichos civiles se inconformaron en un plantón y los atacó la PF en un operativo en el que también intervino el Ejército (…).
FUENTE: Laura Castellanos, ARISTEGUI NOTICIAS