A 3 años del levantamiento de autodefensas en Michoacán, cerca de 400 están presos por portación de armas de fuego pese a que el gobierno las legitimó
Regeneración, 24 de febrero de 2016.- A tres años del alzamiento de autodefensas en Michoacán, acaecido el 24 de febrero de 2013, alrededor de 400 están encarcelados por el delito de portación de arma de fuego reservada para las fuerzas federales, pese a que de forma ilegal el gobierno las legitimó, les registró armamento de grueso calibre y actuó en operativos conjuntos con ellos, afirma Ignacio Mendoza Jiménez, defensor jurídico de 200 de estos casos.
Mendoza señala que el 27 de enero y el 14 de abril de 2014, prácticamente un año después del levantamiento de los civiles, los gobiernos federal y estatal establecieron negociaciones con líderes de los grupos insurrectos, entre estas el registro de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pese a que era inconstitucional.
El abogado afirma que se violó el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra ordena: “Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional”.
El legista expone sobre dicho registro de armamento, que oficialmente fue de 6 mil 442 armas, de las cuales 4 mil 497 eran de grueso calibre: “No podía autorizarlo ni el Papa ni el presidente, nadie lo podía hacer, la Constitución no lo permite”.
El presidente Enrique Peña Nieto sólo podía haber registrado esas armas largas, explica, aplicando el artículo 29 de la Constitución que crea un estado de excepción cuando la paz pública se perturba o hay un peligro o conflicto grave contra la sociedad, como acontecía en la región de Tierra Caliente, porque había una rebelión ciudadana para combatir a criminales del Cártel de Los Caballeros Templarios.
El artículo reza que el presidente debe proceder con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente y sólo así “podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación”.
Sin embargo, explica Mendoza, no sólo no se creó un estado de excepción en Michoacán sino que se registraron “casi 8 mil armas”, haciéndoles creer a sus poseedores que estaban legitimados para usarlas, como dice que le sucedió a su defendido José Manuel Mireles, ex coordinador general de autodefensas y comunitarios de Michoacán, preso en un penal de Sonora por el delito de portación de arma exclusiva del Ejército.
Mendoza asegura que los alegatos jurídicos que ha presentado en las defensas de Mireles y los otros 200 presos evidencian las violaciones jurídicas cometidas por el gobierno federal y estatal al permitir que civiles armados, acompañados de fuerzas federales, rompieran el estado de derecho en Michoacán.
Argumenta que en estos casos aplican excluyentes de incriminación previstas en el artículo 15 del Código Penal Federal – cuando civiles se arman movidos por la necesidad de defender su vida o la de otros y porque creyeron que su conducta estaba justificada-, con las cuales logró excarcelar al autodefensa Manuel Farfán Arreola, de Turicato, y al comandante de la fuerza rural Cemeí Verdía Zepeda, de Aquila.
Sin embargo, manifiesta que en los otros casos los jueces las rechazaron: “No quieren dar por buenas las excluyentes de delito porque es aceptar que le dieron autorización fáctica a cualquier persona en Michoacán de portar y poseer armas exclusivas del ejército”.
Mendoza, y su compañero en la defensoría legal, Carlos Martínez Rosas, pidieron a los jueces que como pruebas en favor de sus defendidos, giraran citatorios para que declararan algunas de las autoridades responsables de tal registro.
El general Miguel Ángel Patiño, entonces responsable de la 43 Zona Militar de Apatzingán, declaró por escrito en la Causa Penal III-85/2015, de Cemeí Verdía, y reconoció que se negoció con los autodefensas y se les registró armamento de uso exclusivo del Ejército.
En contraste, Alfredo Castillo, ex comisionado federal de Seguridad en Michoacán, y actual titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); el ex gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa; así como el procurador estatal José Martín Godoy Castro, declararon por escrito en la Causa Penal 137/2014-II-M, de José Manuel Mireles, y negaron los hechos.