La Ley de Austeridad Republicana que prevé la eliminación privilegios de la clase política, fue turnada a comisiones del Congreso para su eliminación.
Regeneración, 02 de octubre de 2018.- Morena presentó ayer una ante la Cámara de diputados la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana, con la que se busca regular los privilegios de la alta burocracia, entre los que están: pensiones de expresidentes, eliminación de escoltas, carros blindados y choferes, eliminar seguros de vida, médicos y gastos médicos mayores de los legisladores, así como la reducción de viajes oficiales, entre otras medidas, que se implementarán para todas las dependencias.
La iniciativa de ley consta de 13 artículos, enlistada en la Gaceta Parlamentaria y fue presentada por el diputado Manuel González ante el pleno, para ser turnada a Comisiones.
Con ello se prevé la eliminación de las millonarias pensiones de los expresidentes de México, así como la reducción de los servicios de escolta -con cargo al erario-, sólo para servidores públicos que sirvan en materia de seguridad, defensa exterior y procuración e impartición de justicia, indicó Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro.
“Los secretarios que no sean de seguridad no van a tener escoltas. Solamente los tendrán los funcionarios que sea necesario tenerlos, la escolta como un asunto de seguridad, cuando esté plenamente justificado y no como un tema de un privilegio indebido”, dijo.
En la ley se incluye la cancelación de los seguros de vida institucional, gastos médicos mayores y la separación individualizada, y el fondo de ahorro que asciende a 36 mil 723 pesos por cada uno de los 500 diputados. Con ello, los legisladores pasarán de ganar 128 mil 230 pesos por concepto de dieta y prestaciones a 91 mil 507 pesos.
Con la iniciativa también se busca la eliminación de las pensiones de los expresidentes, sólo tendrán acceso a lo que determine el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Así mismo, se busca no crear plazas adicionales a las autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ni se aumentarán sus dotaciones y la contratación de servicios personales por honorarios, sólo procederá en casos excepcionales y plenamente justificados.
Señala que los vehículos sólo podrán destinarse a actividades prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población.
En cuanto a viajes oficiales, sólo se autorizarán, por ente público, dependencia, órgano desconcentrado o entidad, los que resulten estrictamente necesarios y “queda prohibida la adquisición de boletos de viajes en servicio de primera clase o equivalente, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte”.
En relación a los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, no podrán exceder de los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior.
En adición a las previsiones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no se constituirán fideicomisos ni se permitirá hacer aportaciones, transferencias, pagos de cualquier naturaleza que tengan por objeto evadir las reglas de disciplina, transparencia y fiscalización del gasto.
Según la iniciativa, las dependencias de los tres poderes y los órganos autónomos, deberán emitir disposiciones administrativas generales que sean necesarias para dar cumplimiento a esta ley y en caso de elusión, se “constituirá falta administrativa grave y se sancionará en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.