El conocido paraíso turquesa se encuentra devastado ecológicamente, un 58% de su población en pobreza extrema, y los mayas son segregados de sus propias tierras.
Regeneración, 27 de febrero de 2017.- El destino turístico de la Riviera Maya es uno de los más famosos del territorio mexicano, y genera una de las principales derramas económicas en ese ámbito. Las playas de Quintana Roo son conocidas por sus aguas turquesa, arenas blancas y atractivos naturales como cenotes, ríos subterráneos, lagunas y una selva exuberante.
Sin embargo, la península de Yucatán es desde hace muchos años, cuna de la corrupción gubernamental. Bajo la administración priísta del hoy ex gobernador Roberto Borge Angulo, se volvió un foco de devastación ecológica e injusticia social.
Las ciudades turísticas del estado de Quintana Roo generan una derrama económica de hasta 10 mil millones de dólares anuales, esto podría hacernos pensar que existe una importante inversión gubernamental destinada a la preservación de las zonas naturales que albergan a cientos de cadenas hoteleras y demás servicios para los turistas, pero a pesar de contar con 931 hoteles, y 88 mil 280 habitaciones registrados por la Secretaría de Turismo, hace mucho que dejó de invertirse en preservación o fomento turístico nacional.
En términos ambientales, las áreas naturales protegidas (ANP) se encuentran en un total abandono. La más grande, la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, con 528 mil hectáreas de zona protegida, no posee un plan de manejo adecuado operante, además de que el resto de las ANP, que en total son 10, aunque cuentan con un programa de manejo, no reciben los recursos necesarios para garantizar su protección, vigilancia, ni aprovechamiento.
Desde diciembre del año 2013, el presupuesto destinado a promoción del destino turístico, dejó de fluir correctamente y esto ocasionó que la mayoría de los proyectos turísticos programáticos se detuvieran. Desde esta fecha, los fideicomisos de promoción comenzaron a acumular deuda a proveedores que aún no ha sido determinada por la nueva administración estatal, pero que podría alcanzar los cientos de millones de pesos.
Se ha adjudicado la mala administración de estos recursos al gobierno del priísta Roberto Borge Angulo, que provocó que los destinos turísticos no crecieran en infraestructura y promoción, además de que se descuidara su correcta conservación ecológica.
La problemática ambiental posee numerosas raíces, causas de la actual devastación de selvas, costas y manglares y mucha de ella tiene que ver con los permisos otorgados a grandes empresas hoteleras y desarrollos turísticos fuera de la norma ambiental y con múltiples irregularidades en sus construcciones y formas de operar.
Es conocido el caso Tajamar, una porción de manglar que fue desmontado ilegalmente por maquinaria, pipas de agua, excavadoras y camiones de volteo. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) presentó el anteproyecto de malecón Tajamar a la Semarnat, quien autorizó las obras de urbanización para 58.76 hectáreas, valiéndose de un cambio de uso de suelo otorgado por la propia Semarnat, que aprueba la modificación del manglar. Gracias a la sociedad civil se consiguió detener el ecocidio mediante suspensiones provisionales y definitivas de las obras.
Otro caso de devastación es el de las 87 hectáreas consumidas por un incendio en el Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, en la isla de Holbox. El incendio fue provocado intencionalmente para cambiar el tipo de uso de suelo y que se permita su posterior explotación, sin embargo, una nueva legislación, que supuestamente castiga con mayor rigor a los incendiarios, impone una veda al terreno quemado, que en Yum Balam se ha decretado por veinte años.
Bacalar es otra de las áreas dañadas por un mal manejo de las áreas naturales. Con un sistema de lagunas de casi 55 kilómetros de largo, y el cenote azul con 90 metros de profundidad, menos de un 25% de las casas de la población están conectadas a un sistema de drenaje sanitario, lo que envía el otro 75% de los desechos humanos directo a los mantos freáticos, que terminan contaminando la Laguna de los siete colores.
Las áreas naturales protegidas ocupan en Quintana Roo un millón 632 mil 493 hectáreas, y abarcan desde ecosistemas costeros, humedales, arrecifes y manglares, hasta zonas forestales con una gran diversidad biológica, tanto de flora como de fauna, y todos son amenazados por la actividad hotelera, principalmente extranjera, que desecha residuos sanitarios directamente al mar, saquea la arena de playas como Cozumel o Isla Mujeres para mantener la playa artificial de Cancún, (lo que conlleva un alto gasto de transporte).
Pobreza
Pero esto no es todo. Según la Coneval, el 58% de la población de Tulum está en una situación de pobreza extrema, sin acceso a servicios sanitarios, acceso a agua limpia, electricidad, empleos o educación de calidad.
Sólo en el año 2014, la entidad recibió a 12.2 millones de visitantes, un 73% de ellos extranjeros, que dejaron una derrama de 8,258 millones de dólares (8 veces el presupuesto destinado al estado de Quintana Roo por el gobierno federal).
Pero esto no se ve reflejado en la calidad de vida de los mayas.
Cancún fue el primer destino turístico específicamente creado por el gobierno mexicano en los años setentas, y las ciudades crecieron rápidamente, transformando a los habitantes de las comunidades locales en mano de obra barata para la nueva industria turística que servía principalmente a extranjeros.
Miles de mayas trabajan ahora en hoteles y desarrollos como albañiles, camareros, cocineros, personal de limpieza, choferes y demás mano de obra mal pagada. Viven además conflictos relacionados a la posesión de la tierra. Grandes empresarios les compran sus propiedades a muy bajos precios para construir desarrollos turísticos y los dejan desprovistos de toda seguridad.
Y aunque la ley mexicana dicta que los bañistas pueden pasear por todas las playas de las costas mexicanas, en una gran parte de la costa maya, el acceso está restringido por murallas y construcciones que invaden zona federa e impiden el paso. Según una investigación del CIDE, publicada en el medio Horizontal, del 2013 al 2016, la Profepa reportó haber recibido 12 denuncias contra hoteleros y restaurantes en zona de playas, acusados de obstruir el libre tránsito.
Las ahora poblaciones dormitorio de trabajadores de grandes hoteles, se encuentran del otro lado de la carretera federal, separados por asfalto, y lejos de los accesos a las playas públicas (aunque en México, supuestamente todas lo son).
Con información de La Jornada Maya, Excélsior, Greenpeace, HorizontalMX, La Silla Rota