Desplegado de la Red Todos los Derechos para Todos y el Observatorio Nacional de Feminicidios.
A LA OPINIÓN PÚBLICA:
Resulta deplorable que el estado de Chihuahua demuestre nuevamente la inexistencia de garantías de protección para las mujeres víctimas de violencia y defensoras de derechos humanos. Ante la impunidad que afecta gravemente a las víctimas de feminicidio y sus familiares, el pasado viernes 2 de diciembre Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa y madre de Lilia Alejandra García Andrade, víctima del feminicidio, fue gravemente herida en un ataque directo contra su persona.
A dos años de la Sentencia de Campo Algodonero -que condena al Estado mexicano por la desaparición y muerte de tres mujeres adolescentes en Ciudad Juárez- y a un año del asesinato de Marisela Escobedo -defensora de los derechos humanos que dedicó su vida a buscar justicia para su hija Rubí Marisol-, el cual aún sigue impune, es indignante que continúen los altos índices de feminicidios (323 de enero a noviembre de 2011), de mujeres desaparecidas (294 casos de enero a mayo de 2011) y de agresiones a defensoras de derechos humanos en Chihuahua.
Ante el preocupante incremento de violencia en contra de las defensoras de derechos humanos y sus familiares, y ante la incapacidad de los gobiernos federal y estatales para impartir justicia y proteger a quienes trabajan contra la impunidad, se han emitido diversas recomendaciones exigiendo al Estado mexicano el diseño e implementación de mecanismos efectivos de protección para defensores y defensoras, las cuales a la fecha no han dado los resultados esperados.
Exigimos de nueva cuenta que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad de proporcionar protección a quienes realizan esta labor, y que ponga fin a la impunidad que rodea los casos de agresiones y hostigamientos a defensores y defensoras en nuestro país. Las organizaciones firmantes responsabilizamos al estado de Chihuahua de estos hechos y de cualquier otro que ocurra en contra de Norma Andrade, María Luisa Andrade o cualquiera de sus familiares.
Asimismo exigimos de manera inmediata:
1. Un pronunciamiento público por parte del gobernador de Chihuahua condenando estos hechos.
2. Que el estado de Chihuahua realice las investigaciones correspondientes para localizar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales del atentado en contra de Norma Andrade y evite realizar declaraciones que desestimen el caso y desvíen la investigación.
3. Al gobierno de la República Mexicana, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Chihuahua la puntual atención a las medidas cautelares que no han sido garantizadas para Norma Andrade, para su hija María Luisa Andrade y para toda su familia.
4. Que el Estado mexicano celebre una reunión urgente en Chihuahua con las y los defensores de derechos humanos que cuentan con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revisar su cumplimiento.
5. Que el Estado mexicano diseñe e implemente mecanismos efectivos de protección para defensores y defensoras.
Responsable de la publicación: María de la Luz Estrada
OBSERVATORIO CIUDADANO NACIONAL DEL FEMINICIDIO, conformado por 49 organizaciones en 19 estados de la República
Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT)
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