En Brasil, el ritmo de las privatizaciones es tan veloz que debería estar en el libro Guinness.
Por Alfredo Serrano Mancilla, doctor en economía, director de CELAG.
Detrás de cada golpe a la democracia, suele existir una alfombra roja para que caminen poderosos grupos económicos. En Brasil, el ritmo de las privatizaciones es tan veloz que debería estar en el libro Guinness. Han transcurrido apenas dos meses, y el presidente interino Temer ha demostrado ser muy eficaz en expropiar al Estado de todo lo que sea considerado altamente rentable. La excusa, la de siempre: reducir el déficit fiscal. La verdad: cumplir con el cometido por el cual se dio el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, esto es, el control económico del país por unos pocos.
El equipo económico de Temer va por todas. Puso el cartel de rebajas desde el primer día. Todo a precio de ganga para todo empresario con buena voluntad golpista. No hay sector que se escape. En el eléctrico, se están privatizando unas 230 pequeñas empresas –dedicadas a la generación, transporte y distribución– altamente rentables y necesarias para dar cobertura sin discriminación a la mayoría del país. Hidroeléctricas y parques eólicos también son puestos en venta. En el sector transporte la empresa aeroportuaria Infraero y la portuaria Docas ya están entregadas. En el sector asegurador, la unidad de Seguro de Caixa Económica Federal (gran prestamista público) ha vendido buena parte de sus participaciones a favor de unas pocas empresas; lo mismo ha sucedido con el instituto de reaseguros de Brasil.
Dos emblemas públicos, en lo simbólico y en lo económico, Correos y la Casa de la Moneda, son botín que el gobierno de Temer está dispuesto a subastar al mejor postor. No importa la oferta; lo importante es tener buenos amigos. En el caso de Correos, el escollo es mayor, porque se necesita la aprobación en el Congreso. Pero se hará sin problemas porque este es el mismo Congreso que diera el golpe de Estado.
En el caso de aerolíneas locales, Temer ha cambiado un decreto presidencial de Rousseff para viabilizar el incremento de la participación de empresas foráneas. Privatización y extranjerización para que ningún gran capital quede afuera de este enorme mercado. Los aeropuertos también se venden. Temer ha abierto la posibilidad de privatizar los aeropuertos locales Santos Dumont (Río de Janeiro) y Congonhas (Sao Paulo).
Se prepara, además, una nueva ronda de licitaciones para el sector petrolero y gasífero que incluirá áreas del Pre-Sal, importante reserva en aguas profundas del Atlántico que hasta ahora sólo Petrobras explotaba. Así, se permite que aparezcan nuevas empresas privadas diferentes a Petrobras para operar en esta zona estratégica con reservas estimadas en 80 mil millones de barriles de petróleo.
A pesar de las rebajas, la agenda privada de calificación de riesgo, Moody’s, quiere más. Y critica que el ajuste fiscal en Brasil «avanza a un ritmo muy lento» con el gobierno de Temer. Se obedecerá. Y así, seguramente, el déficit fiscal actual se reducirá a costa de una masiva descapitalización del Estado, que impedirá generar ingresos públicos de forma sostenible. Los programas sociales tienen fecha de caducidad.
El golpe a la democracia es coherente consigo mismo: la economía, cuanto más concentrada y menos democratizada, mejor que mejor. Pero no es únicamente una cuestión de injusticia, sino también de ineficacia. Los datos ya comienzan a cantar por sí solos: la economía de Brasil se contrae. Las ventas del comercio minorista cayeron 9 por ciento en comparación con mayo del año pasado. La actividad productiva también se redujo 0.51 por ciento en ese mismo mes.
Sin embargo, el riesgo país continúa cayendo, feliz con los golpistas. La democracia molesta.