La CIDH encontró que las once mujeres de Atenco que conforman el caso, fueron víctimas de violencia física, psicológica y sexual por parte de agentes estatales , por lo que remitió el caso a la Corte.
Regeneración, 28 de septiembre 2016.- El día de ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el caso Atenco.
Ante la falta de justicia en tribunales mexicanos, once mujeres han acudido a las instancias internacionales, siendo hace dos semanas cuando la CIDH informara que remitiría el caso formalmente llamado “Mariana Selvas Gómez y otros” a la Corte Interamericana.
La Comisión puntualizó que “el caso se relaciona con violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, en el marco de las detenciones y traslados realizados en los operativos policíacos que tuvieron lugar en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, respectivamente, en el contexto del conflicto y las protestas de floricultores y otros grupos”.
Además, señaló que la detención de las once mujeres “fui ilegal, arbitraria, sin ser informadas sobre las razones de su detención, ni sobre los carpos respectivos”.
Por lo tanto, tras analizar las pruebas disponibles, la Comisión consideró que está acreditada la existencia de actos graves de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual contra las once mujeres, y de violación de siete por parte de agentes estatales.
Explicó que las mujeres sufrieron “tortura y determinó que las once mujeres fueron víctimas de diversas formas de tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, traslados y llegada al centro de detención”.
En cuanto al gobierno mexicano, señaló que la “Comisión también estableció que el Estado mexicano incumplió su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable”.
Recordó que la CIDH recomendó “al Estado disponer una reparación integral a favor de las víctimas por las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, incluyendo el aspecto material y moral, y brindar tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico”.
Pidió “continuar investigando de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma integral, e identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, desde la autoría material hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad”, lo que incluye, “las responsabilidades derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación de diversos cuerpos de seguridad tanto de nivel estatal como federal, así como de posibles actos de encubrimiento u omisión”.
Además, “disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a los distintos factores de denegación de justicia identificados en el informe. Además de “adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas en este caso”.
La Comisión recordó que durante la tramitación del caso, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad por algunas de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, sin embargo, no ha avanzado “integral y sustantivamente” en la implementación de las recomendaciones.
“Pasados más de diez años de ocurridos los hechos, no existe un esclarecimiento judicial de las violaciones ocurridas en perjuicio de las once mujeres ni se ha emitido sentencia alguna en los procesos penales al respecto”, acota.
“Este caso ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades, incluidas las derivadas de la cadena de mando, así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos en sí mismos y también de las que pudieran haber obstaculizado su esclarecimiento”, puntualizó la CIDH.
Con información de Sin Embargo.