Las autoridades federales o estatales no han podido proporcionar alguna fecha para cuando esperan contar con toda la información necesaria para hacer justiciaYa que han tocado todas las puertas y han visto pasar a cinco procuradores, cada uno de los cuales promete que hará la investigación y castigará a los culpables, y no hay justicia, madres y padres buscan nuevos caminos, uno de los cuales es la presentación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicó la abogada Stephanie Erin Brewer, del Centro Prodh.
Por su parte, New Media Advocacy Project presentó un video con el que busca contribuir a la búsqueda de justicia, indicó Jesús Robles Maloof, mientras que la plataforma Avaaz tiene activa unapetición en línea en la que acumula ya más de 20 mil firmas en apoyo a las familias afectadas.
La exigencia de justicia no se limita al esclarecimiento y sanción de las graves violaciones cometidas en contra de las 49 víctimas de la Guardería ABC, sino que busca poner fin a situaciones de riesgo para niños y niñas en las miles de estancias infantiles del país, aclaró José Francisco García, papá de Yeyé, fallecido en el incendio. Lo anterior, indicaron las organizaciones y las familias, es urgente a la luz de tragedias recientes como el fallecimiento de niños y niñas en 2014 y 2015 en estancias infantiles en Coahuila, Sonora, Querétaro y Chiapas.
Además, se denunció que al menos la mitad de las entidades de la República no han armonizado sus leyes para cumplir con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida como la Ley 5 de Junio.
En relación a las investigaciones federales abiertas en relación a la Guardería ABC, en una reunión sostenida el 1 de junio entre representantes de las familias, el Centro Prodh y Gilberto Higuera Bernal, Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo la Procuraduría General de la República (PGR), dicha Subprocuraduría se comprometió a presentar un plan de investigación a las familias en Sonora, detallando las diligencias por practicarse en las averiguaciones iniciadas tanto en 2009 como en 2013 (en el caso de esta última, dirigidas a indagar la posibilidad de que servidores públicos del Estado de Sonora provocaron el incendio con el fin de destruir documentos oficiales).
José Francisco García denunció que el proceso penal 126/2009 ya consta de 168 tomos, cada uno de los cuales consta de cerca de mil hojas, e indicó que se les prometió que la PGR presentará un nuevo plan de investigación.
“En resumen, a 6 años de la tragedia, sigue transcurriendo el tiempo y acumulándose diligencias, peritajes y documentos, sin que lo anterior haya significado el acceso a la verdad y la justicia para las familias de la Guardería ABC”, condenaron las organizaciones. “Tampoco las autoridades federales o estatales han podido proporcionar alguna fecha para cuando esperan contar con toda la información necesaria para hacer justicia”.