Por María Luisa Amilpa
Regeneración. Mayo 20, 2014 México, DF.- Para empezar, es inevitable escandalizarse por las cifras. el sueldo total mensual de cada uno de los siete magistrados del tribunal electoral del poder judicial de la federación es de 528,621 pesos al mes, en un país en donde el salario mínimo no supera los 3 mil pesos mensuales y en donde 64% de los profesionistas gana menos de 10 mil pesos al mes (según información del Inegi). Estos datos deberían ser suficientes para que tanto la ciudadanía como nuestros supuestos representantes se indignaran e hicieran algo al respecto, pero no es el caso. Además de que los magistrados ganan 211 veces más de lo que un mexicano que percibe el sueldo mínimo, la semana pasada, la cámara de senadores aprobó otorgarles un “haber de retiro”, que consiste en el pago de 100% de su salario durante los dos años posteriores al final de su periodo, el cual dura nueve años, y 80% posteriormente.
La “justificación” para el “haber de retiro” es que después de concluir su periodo, los magistrados quedan inhabilitados para desempeñarse como funcionarios públicos durante dos años. O sea, que después de haber recibido un ingreso total de aproximadamente 57 millones 91 mil pesos, nos tenemos que hacer responsables, por medio de nuestros impuestos, de que los ilustres magistrados no tengan predicamentos económicos, no vaya a ser que se tengan que abstener de los lujos a los que se acostumbraron durante los nueve años en los cuales heroicamente defendieron el voto de los mexicanos con sus vidas. Es triste tener que preguntarse por qué, después de la publicación de esta información en los principales diarios de circulación nacional, la ciudadanía –salvo honrosas excepciones– no se ha ofendido al grado en que exija, con todo derecho, que se haga algo inmediatamente para corregir estos insultantes excesos.
Como si no fuera suficiente, aquí viene finalmente la parte del cinismo. El magistrado Flavio Galván defendió el “haber de retiro”, como una manera para evitar que se corrompan los jueces electorales. Esto sugiere que, además de que en teoría pasan por un estricto proceso de selección, del cual se encarga la suprema corte de justicia y la cámara de senadores, y además de que ganan más de medio millón de pesos al mes, tenemos que pagarles de más para que no vayan a caer en la tentación de la corrupción. Como lo describieron diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, esto se trata de un “soborno anticipado” e institucionalizado. En lugar de esperar que los magistrados sean personas íntegras y con ética laboral, se parte del supuesto de que son corruptibles y, por lo tanto, hay que darles dinero antes de que lo busquen por otros medios.
Desgraciadamente, esta no es la primera vez que se usa este argumento para justificar los exorbitantes sueldos y prestaciones de funcionarios públicos. Tampoco fue la única declaración de la semana que se refirió a la corrupción con un cinismo que debería dar vergüenza. Después de haber sido declarado ganador de las elecciones internas del PAN, Gustavo Madero declaró que propondrá una iniciativa para modificar el funcionamiento de las asignaciones discrecionales por parte de diputados. En otras palabras, para controlar los “moches”.
Llama la atención que, el año pasado, cuando se descubrió que diputados del PAN condicionaban a los alcaldes de su partido la asignación de presupuesto de obras al pago de parte del mismo, Madero no sólo no hizo nada, sino que evitó que se llevara a cabo una investigación y se castigara a los responsables. Es más, el grupo de Cordero lo identificó como uno de los promotores de los “moches”. Ahora que ganó la presidencia del PAN, meses después de que la corrupción al interior de su partido no sólo quedó revelada, sino impune, Madero promete que trabajará en una iniciativa para modificar estas prácticas. Sería buena idea que también trabaje en una iniciativa para quitarle el cinismo a sus declaraciones, así como la falta respeto a la ciudadanía que paga su sueldo y el de todo su partido.