Exagerada reacción contra ciudadanos, que son libres de acudir a cualquier tribunal, aseguró López Obrador.
Comunidad de activistas, periodistas e integrantes del MORENA en el D.F. se manifestó hoy afuera de la PGR.
Activistas en Guadalajara y Monterrey continuaron hoy con la colecta de firmas en la FIL y la UANL.
Regeneración, 29 de noviembre de 2011. En rueda de prensa el día de hoy, Andrés Manuel López Obrador destacó que la reacción del gobierno federal espurio es una exageración porque “los ciudadanos son libres para expresarse, para manifestarse y para acudir a cualquier tribunal”. Indicó que es necesario esperar a la resolución que tengan que los jueces de la Corte Penal Internacional que al día de hoy cuentan con la información proporcionada por los demandantes.
Andrés Manuel López Obrador agregó que “el mal no se debe enfrentar con el mal, que por eso no se soluciona el problema, mientras no se atiendan las causas, mientras no haya justicia en el país va a ser muy difícil de detener el problema de la inseguridad y de la violencia”. Andrés Manuel López Obrador destacó la necesidad de cambiar de estrategia para enfrentar al crimen organizado: “hay que entender de que la paz, la tranquilidad son frutos de la justicia y del amor… un cambio de fondo en el país para cambiar la estrategia y ya no seguir con la misma política coercitiva que no resuelve los problemas, al contrario los está complicando cada vez más, lo que tiene que ver con la inseguridad y la violencia”.
El pasado viernes se presentaron ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, Holanda, un grupo de activistas por los Derechos Humanos, una solicitud de investigación por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad permitidos por Felipe Calderón y su gabinete de seguridad, así como por el capo del narcotráfico Joaquín Guzmán. El gobierno espurio reaccionó con un comunicado de prensa en el que advirtió su voluntad de “explorar las vías jurídicas y legales para actuar en contra quienes promuevan esas acusaciones calumniosas”.
Hasta el día de hoy se han obtenido alrededor de 23 mil firmas en Internet junto con otras 5 mil en papel. La petición fue solicitada en base al artículo 15 del Estatuto de Roma, que indica que “el fiscal de la Corte Penal Internacional puede iniciar investigaciones "proprio motu" (por iniciativa propia) basándose en información sobre crímenes cometidos dentro de los límites de la jurisdicción de la corte", por lo que responsabilizó en última instancia a Felipe Calderón por su obligación de "tomar medidas para evitar que se cometan crímenes de guerra y sancionar a quienes los cometen".
Por esta razón, más de un centenar de manifestantes, activistas por los derechos humanos, periodistas y caricaturistas de La Jornada, Jóvenes y Estudiantes de MORENA de manera simbólica se entregaron simbólicamente a la PGR para ser investigados.
La denuncia ante la Corte Penal Internacional
El equipo de derechohumanistas integró un expediente de más de 700 páginas, con acervo periodístico y otros materiales para documentar alrededor de 50,000 muertes violentas, 230,000 desplazados y al menos 10,000 desaparecidos. Destacó que el conflicto en México “es mayor a los que ocurren en Congo, Sudan, Kenia y Costa de Marfil, en donde actualmente están bajo investigación por la Corte Penal Internacional“.
"Estamos planteando también actos imputables al narcotráfico en México, ataques a hospitales, ataques a centros de rehabilitación, amputaciones, reclutamiento de niños menores de 15 años" así como homicidos en contra de migrantes con una "preocupante colaboración por parte del Instituto Nacional de Migración" documentado con información oficial por el Instituto Federal de Seguridad Pública, agregó el abogado Netzaí Sandoval en entrevista con Carmen Aristegui.
Anexos a la denuncia se documentan al menos 470 casos específicos tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, secuestros y esclavización de migrantes entre otras violaciones a la Ley Internacional Humanitaria por diferentes fuerzas federales en México.
Esto desató la reacción del gobierno de Calderón que de inmediato emitió un comunicado para desmentir las acusaciones y advertir que “explorará las vías jurídicas para actuar en contra de estas afirmaciones falsas y calumniosas” y señaló que en México se vive actualmente de una “democracia vibrante”. Incluso, el Secretario del Trabajo usurpador Javier Lozano criticó de manera beligerante la iniciativa del abogado Netzaí Sandoval, en un intercambio de artículos-carta publicados en un portal periodístico nacional.
Por su parte, el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, aseguró que estudiará las denuncias por presuntos crímenes de lesa humanidad recibidas por su oficina, reportó Univisión.
Protestas en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey
Más de una decena de representantes de los medios, activistas, periodistas, académicos y organizaciones se manifestaron hoy afuera de la PGR en el Distrito Federal y leyeron pronunciamientos. Lo hicieron también familiares de víctimas de desaparición forzada y un amigo del señor Nepomuceno Moreno, integrante del Movimiento por la Paz.
Con el apoyo del equipo de sonido del Sindicato Mexicano de Electricistas que actualmente ocupan la acera de la Bolsa Mexicana de Valores, se manifestaron en rechazo a la reacción autoritaria del gobierno usurpador.
En actos simultaneos en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, grupos de activistas convocados en su mayoría por las redes sociales, se congregaron en la Feria Internacional del Libro y la explanada de rectoría de la UANL, para realizar una colecta de firmas e informar sobre la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Los activistas aseguraron que continuarán con la colecta de firmas para hacerlas llegar al equipo de derechohumanistas que encabezan la denuncia en el Distrito Federal.
Usuarios de las redes sociales denunciaron que inspectores de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara se acercaron para intentar llevarse el material informativo, de manos de los activistas a los que también se sumó el escritor Paco Ignacio Taibo II.
A continuación, el texto íntegro del documento presentado hoy a los medios enfrente de la PGR del Distrito Federal.
Imágenes cortesía de @Mariachata, @Clauchella y @RoblesMaloof
Pronunciamiento sobre el anuncio de posibles acciones legales por parte del gobierno federal en contra de los 23,000 ciudadanos que han informado a la Corte Penal Internacional sobre la violación a los Derechos Humanos en México.
Los abajo firmantes, seguidores del aconter nacional y juristas provenientes de diversos ámbitos académicos, políticos y profesionales, compartimos la preocupación de que el gobierno federal entable acciones legales en contra de los 23 mil ciudadanos mexicanos, que en pleno ejercicio de su derecho de acudir a instancias legales internacionales, han ofrecido información al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para que, de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma, se investigue la posible comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad tanto por funcionarios públicos como por narcotraficantes en México. Estamos convencidos que esta acción del gobierno violentaría, entre otros, los artículos 6 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Independientemente de que la información en cuestión desemboque o no en una investigación del Fiscal de la CPI, sea considerada jurídicamente viable por los jueces de la CPI, o pueda ser o no refutada por el mismo gobierno federal con base en los argumentos jurídicos del caso en cuestión, hoy resulta sumamente preocupante que se pretenda intimidar a los ciudadanos denunciantes al emprender acciones legales en su contra.
Invitamos respetuosamente al gobierno federal y en particular al presidente Felipe Calderón, a que reconsidere esta acción que podría afectar gravemente el Estado de Derecho, la libertad de expresión y la convivencia democrática en el país.
Diego Valadés, Genaro Góngora Pimentel, Obispo Raúl Vera, Edgardo Buscaglia, Lydia Cacho, Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, Jorge Zepeda Patterson, Alberto Aziz Nassif, Agustín Basave, Rocato Bablot, Manuel Becerra Ramírez, Jaime Cárdenas, Ernesto Villanueva, José Roldán Xopa, Santiago Corcuera Cabezut, Fabián Aguinaco Bravo, Jorge Wilker, Miguel Eraña, Miguel Rábago, José Luis Caballero, Eduardo Huchim, Sergio Méndez Silva, René Jiménez Ornelas, Luis Astorga, Hugo Espejo, Teresa Guitián, Carlos Guitián, Carlos Melesio Nolasco, Jennifer Ann Cooper, Rosa María Álvarez, David Apolinar Rincón, Raquel Huerta Nava, Willivaldo Delgadillo, Delia Selene de Dios Vallejo, Eugenia Correa, Martha Mondragón Ochoa, Iliana Godoy, Jesús López amador, Munive Piz, Margarita Torres Hernández, Laura Ocampo, Laurencio Barraza Limón, Paulina Vega González (Presidenta, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-CMDPDH), Miguel Pulido (Director, FUNDAR), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC, Federación Mexicana de Universitarias, AC.
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