Movimientos de afectados por la minería se pronuncian contra el modelo de desarrollo extractivo que devasta sus territorios
- Se manifestaron en el marco del Día Internacional en contra de la megaminería tóxica
- Exigen que se retiren todas las concesiones mineras entregadas sin el consentimiento de las comunidades
- Responsabilizan al gobierno federal y a las grandes empresas mineras de la destrucción de su territorio y de la criminalización y violencia contra sus defensores.
Regeneración, 23 de julio del 2015.-Integrantes de comunidades rurales, investigadores y activistas provenientes de distintas regiones del país se manifestaron ayer frente al Ángel de la Independencia debido a los profundos y graves daños provocados por el desarrollo de actividades mineras en México. Se dieron cita en este monumento defensores del territorio de Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Morelos, Baja California y el Distrito Federal para elevar una denuncia contra el modelo de desarrollo extractivo y de despojo que promueve el gobierno federal a través de las actividades mineras. Asimismo, se manifestaron en oposición al marco normativo que permite estas actividades, particularmente la Ley Minera.
“Llevamos más de 17 años en esta lucha y a lo largo de este intervalo no hemos visto más que la proliferación de proyectos mineros de devastación y despojo” señaló Sergio Serrano, integrante del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (FAOMSX). “En la actualidad, múltiples movimientos sociales presentes en Chihuahua, Baja California Sur, Durango, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, hacen un claro e inequívoco llamado al Ejecutivo y Legislativo federales a poner un freno a la destrucción permanente e irreversible de nuestro país.
Ivette Lacaba, también integrante del FAOMSX, denunció la comisión de agresiones contra comunidades cometidos por el Ejército mexicano en presunta colusión con los concesionarios mineros. “No podemos permitir que se repitan hechos como la agresión contra niños y otros habitantes de comunidades como sucedió en Ostula, Michoacán. No podemos omitir, tampoco, que este crimen ocurre en el marco de un conflicto importante entre la comunidad, por un lado, y la minera Ternium aliada con los grupos delictivos como los Templarios. A partir de estos actos podemos afirmar que los pueblos se encuentran indefensos ante las trasnacionales”, afirmó.
Los activistas exigieron la prohibición de técnicas profundamente devastadoras como son la minería submarina y la lixiviación con cianuro de sodio. “En Baja California Sur nos enfrentamos a sendos problemas con el proyecto Don Diego en el Océano Pacífico y la minera Los Cardones, la segunda impulsada por el empresario Ricardo Salinas Pliego”, declaró Jesús Echevarría Haro de Agua vale más que oro.
Integrantes de comunidades afectadas dieron testimonio de las profundas afectaciones que estos proyectos han tenido en sus vidas. “De ochocientas personas que habitaban mi comunidad (en la colonia de La Mira, en Lázaro Cárdenas, Michoacán) hoy solamente quedamos 100” mencionó Melitón Izazaga, defensor de esta comunidad. “Con el paso de los años y los daños y amenazas provocadas por la empresa Arcerlor-MIttal a la gente no le ha quedado alternativa más que salir o morir, ya sea por la violencia o los daños a la salud.”
Por su parte, Francisco Cravioto, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, estableció que “Más del 14% del territorio nacional se encuentra concesionado por la Secretaría de Economía para el desarrollo de actividades de explotación, exploración y beneficio minero” señaló. “Al entregar estas concesiones, la SE no pone atención si se trata de Áreas Naturales Protegidas, núcleos agrarios, territorios indígenas, centros urbanos, zonas de recarga de acuíferos o ruinas arqueológicas”
Sol Pérez del CIGA de la Universidad Nacional Autónoma de México, estableció que se encuentran vigentes 102 conflictos sociales en México con directa relación con la realización de actividades mineras; 80 conflictos socioambientales y 22 conflictos laborales.
Afirmaron que continuarán denunciando el modelo extractivo-minero y respaldando los esfuerzos de defensa de comunidades agredidas por estos empresarios.