Dormían hacinados en el piso repleto de chiches, tomaban agua contaminada, y comían alimentos podridos.
Regeneración, 08 de febrero de 2017.– Aunque los funcionarios de la Secretaría del Trabajo local y federal sabían las condiciones en las que trabajaban menores indígenas de la etnia nahua en un rancho en San Luis Potosí, nadie hizo nada.
Ambas dependencias pasaron por alto las denuncias y no tomaron medidas para evitar las violaciones a derechos humanos a las que se estaban sometidos, entre ellas trabajar siendo menores de edad, dormir hacinados rodeados de otros 200 jornaleros en malas condiciones de higuiene y consumir alimentos y agua en malas condiciones.
Según un texto de Manu Ureste, los niños de entre 4 y 12 años de edad, trabajaban en un rancho agrícola y aunque presentaban fuertes diarreas por los malos alimentos y agua, se les negó la atención médica.
Por todo lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendació contra el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, y al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carrera, para que se repare el daño a los menores y a los jornaleros indígenas.
La recomendación derivó de la denuncia de Juan, realizada el 13 de junio de 2016 ante la Comisión de derechos humanos de San Luis Potosí, en la que pedía ayuda.
Juan, cuyo verdadero nombre queda protegido por temor a represalias, explicó que trabajaba sembrando chile y pepino en un rancho en el municipio potosino de Villa Juárez. Y que junto a él había al menos otros 240 jornaleros indígenas, “incluyendo niños de entre cuatro, cinco y 12 años de edad”, que llegaron desde diferentes puntos de las sierras de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí, para laborar de 07.30 de la mañana hasta las 16.30 de la tarde por un salario de 150 pesos al día.
En su denuncia de hechos, Juan expuso que las condiciones de trabajo y alojamiento eran infrahumanas para todos los jornaleros, pero más aún para los menores que dormían con otras ocho personas tirados en el suelo, entre el lodo y una “epidemia” de chinches.
Aunque tres días después de la denuncia la Comisión de derechos humanos local acudió a la Secretaría del Trabajo Federal, nada se hizo.
Tampoco la Procuraduría de justicia de San Luis Potosí se movilizó ante la petición de la CNDH para proteger a los menores y a los jornaleros explotados, aunque por escrito indicó que lo haría así.
«Quedó plenamente evidenciado que las autoridades responsables de la aplicación de las leyes del trabajo no adoptaron las medidas necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones a derechos humanos, a pesar de haberles sido requeridas por la Comisión Nacional, a quienes hicieron llegar sus correspondientes aceptaciones”, recalcó la CNDH.
Según la UNICEF, en México los hijos e hijas de jornaleros agrícolas «son un grupo especialmente vulnerable», pues al menos el 44 por ciento de los hogares jornaleros cuentan con un niño trabajador.
Vía Animal Político.