Marcelo Odebrecht hizo estas confesiones en una reunión con fiscales de Perú en noviembre y fueron filtradas por un grupo de investigaciones periodísticas.
Regeneración, 5 de enero de 2018.- Ante fiscales peruanos, el empresario brasileño Marcelo Odebrecht confirmó que la transnacional que lleva su apellido financió campañas políticas de la oposición venezolana.
Además, dijo que ese modelo también lo quiso aplicar en Perú, desde la presidencia de Alejandro Toledo (2001-2006).
“Nuestra intención era apoyar a muchos candidatos de la oposición, incluso sabiendo que no iban a ganar”, dijo el empresario de acuerdo con la información retomada por la cadena Telesur.
Odebrecht hizo estas confesiones en una reunión con fiscales de Perú el pasado 9 de noviembre, cuando también confesó que apoyó las campañas de los ex mandatarios Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y la candidatura de Keiko Fujimori.
Incluso, dijo que dio su autorización a Jorge Barata, quien fungió como representante de Odebrecht en Perú para apoyar más a Fujimori y así hacer lo mismo que en Venezuela.
“La manera de evitar a la oposición era justamente atender sus necesidades en campaña”, dijo.
Las grabaciones de esa reunión fueron filtradas el sábado pasado por el grupo peruano de investigaciones periodísticas IDL-Reporteros, y llegan en el momento en que Venezuela se prepara para sus elecciones presidenciales, en las que Nicolás Maduro podría reelegirse.
Por su parte, los voceros del chavismo acusaron a Henrique Capriles, exgobernador del estado de Miranda por recibir el dinero de Odebrecht pero el dirigente del partido opositor Primero Justicia rechazó los señalamientos.
Con la finalidad de mantener y obtener más contratos de obras públicas, Odebrecht dio al gobierno de Venezuela alrededor de 98 millones de dólares, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht entregó al gobierno venezolano aproximadamente 98 millones de dólares a funcionarios gubernamentales y los intermediarios con el fin de obtener y mantener los contratos de obras públicas.
Vía La Jornada