Los representantes de los familiares de los 43, dijeron que esta información «echa abajo» la llamada «verdad histórica» que argumentaba que los estudiantes fueron calcinados con todo y sus pertenencias entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Regeneración, 06 julio 2017.- Este medio día, durante la audiencia por el caso Ayotzinapa que se realizó en el marco del 163 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes del gobierno mexicano revelaron que nueve líneas celulares de los 43 normalistas desaparecidos estuvieron activas después de los hechos.
Por su parte, los representantes de las víctimas, dijeron que esta información «echa abajo» la llamada «verdad histórica» que argumentaba que los estudiantes fueron calcinados con todo y sus pertenencias entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
En esta misma sesión, la presidenta de la CIDH, Esmeralda Troitiño, y el comisionado James Cavallaro, indicaron que se tiene informes de que los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pudieron ser víctimas de espionaje telefónico por parte de dependencias del gobierno mexicano, con el mismo programa Pegasus del que hace unos días denunciaron haber sido víctimas periodistas y defensores de derechos humanos.
Ante ello, los comisionados de esta entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los representantes de los familiares de los 43 normalistas demandaron una explicación a los funcionarios gubernamentales presentes en la sesión y exigieron una investigación a fondo.
En tanto, al reclamar sobre la impunidad en la que se encuentra el caso de los normalistas desaparecidos a más de 33 meses de los hechos, uno de los padres de los estudiantes aseveró que se presentaban ante la CIDH desesperados porque a casi tres años no tienen noticia del paradero de sus hijos.
«Nosotros no vamos a aceptar ninguna verdad que no sea apegada a argumentos científicos», enfatizó.
Los comisionados de la CIDH y las víctimas urgieron al Estado mexicano a ampliar las indagatorias y a agilizar los procesos a fin de dar con el paradero de los jóvenes, sancionar a los responsables y llegar a la verdad y la justicia.
Con información de Proceso y La Jornada