Diputados habían acordado ocultar información de contratos con Asociaciones Público Privadas, pero Transparencia obliga hacerlos públicos
Regeneración, 30 de abril del 2018. En Baja California el instituto estatal de transparencia dictaminó que deben hacer públicos los contratos con asociaciones público privadas; el Congreso de Baja California se negaba a dar la información ya que la había decretado como clasificada.
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC), resolvió durante su tercera sesión ordinaria, desclasificar información que el Poder Legislativo clasificó como reservada.
El portal informativo, Uniradio informó que «lo anterior derivado de que un ciudadano solicitó la documentación analizada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Baja California, relativa a la Iniciativa de Decreto para ratificar y autorizar las obligaciones de pago de Entes Contratantes a favor de las Empresas por concepto de contraprestación derivado de los Contratos de Asociación Pública Privada (CAPP)».
Además el documento también toma en cuenta la contratación de obligaciones y Mantenimiento de la planta potabilizadora “La Nopalera” en el municipio de Tecate.
Al dar respuesta a la solicitud, el Congreso presentó un Acuerdo donde clasificó como reservada información relativa al dictamen 62 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y que dio el origen al decreto número 57 del Pleno del Poder Legislativo.
El Sujeto Obligado indicó que la información solicitada representa un daño real, demostrable e identificable al interés público, debido a que puede obstruir el proceso de dictaminación de algún asunto y puede influir en la toma de decisiones al interior de las comisiones del órgano legislativo bajacaliforniano.
Cabe mencionar que la documentación solicitada por el ciudadano ya había sido sujeta a valoración y discusión previa por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual en sesión extraordinaria aprobó la iniciativa de dicho decreto, por lo tanto, la documentación solicitada ya no es materia de estudio, análisis y dictaminación por parte de la Comisión, por lo que no puede ser reservada.
El argumento expresado por el Congreso fue que el dictamen 57 es parte del análisis de la iniciativa ciudadana para crear la Ley del Agua del Estado de Baja California.
Al respecto, el presidente del ITAIPBC, Octavio Sandoval López, señaló que los contratos de Asociación Público Privada, conocidos como APP, son información pública sujeto en la Ley de Transparencia del Estado de Baja California, ya que conforme a la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios, se registra en el Registro Único de Deuda y Obligaciones Financieras que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Además, sostuvo que esos contratos implican un compromiso presupuestal, por lo que son de interés público, ya que son los ciudadanos quienes en última instancia asumirán el compromiso de pago a través de los derechos por consumo del agua, por lo que es relevante su transparencia.
Finalmente, subrayó que esta resolución fijará precedente para todos los contratos presentes y futuros que celebre el Estado con los particulares, por lo que la información no puede ser reservada bajo ninguna circunstancia.