Conoce a los ciudadanos que propone AMLO para fiscal general, anticorrupción y Fepade

La terna para Fiscal General la integran: Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica de Gyves Zárate y Juan Luis González Alcántara Carrancá; la de Fiscal Anticorrupción: Ricardo Peralta Saucedo, María de la Luz Mijangos Borja y Diana Álvarez Mauri; y para Fiscal Electoral participarán: Ernestina Godoy Ramos, María Estela Ríos González y José Agustín Ortiz Pinchetti.

Regeneración, 29 enero 2018.- El precandidato por la coalición ‘Juntos haremos historia’, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer este lunes las ternas que presentaría al Congreso para ocupar la titularidad de los cargos de Fiscal General, Fiscal Anticorrupción y Fiscal Electoral, en caso de ganar las elecciones.

Para fiscal general de la República la terna estará conformada por Eva Verónica de Gyves Zarate, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Bernardo Bátiz Vázquez.

Bernardo Bátiz Vázquez. Es licenciado en Derecho por la UNAM y cuenta con una maestría en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana. Ha publicado varios libros, ha sido maestro en distintas universidades, así como diputado federal en cuatro ocasiones y diputado constituyente de la Ciudad de México. Del 2000 al 2006, se desempeñó como Procurador General de Justicia del Distrito Federal.

Eva Verónica de Gyves Zárate. Se graduó en Derecho por la UNAM y cuenta con maestría internacional en Derecho procesal penal acusatorio. Se desempeñó durante diez años como juez penal del Poder Judicial del Distrito Federal y desde el 2008 es magistrada de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Juan Luis González Alcántara Carrancá. Es licenciado en Derecho con especialización en Finanzas públicas por la UNAM y doctor en Derecho por la misma casa de estudios. Es profesor en la UNAM y en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Se ha desempeñado como jefe del departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y como director de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac. En el Poder Judicial de la Ciudad de México ha sido magistrado y presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura.

En la Fiscalía Anticorrupción, nombramiento que lleva dos años pendiente en el Senado, propone a María de la Luz Mijangos Borja, Diana Álvarez Maury y Ricardo Peralta Saucedo.

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Ricardo Peralta Saucedo. Es egresado de la facultad de derecho de la UNAM y catedrático de esa facultad, donde promovió la creación del primer diplomado sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. La facultad de derecho lo propuso, ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para el proceso de selección del Fiscal Anticorrupción. También lo apoyan 40 organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, así como catedráticos y líderes de opinión.

María de la Luz Mijangos Borja. Es egresada de la Universidad Iberoamericana y doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Durante diez años se desempeñó como investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En el año 2000 fue electa como contadora mayor de Hacienda y en 2004 fue reelecta para cumplir un total de siete años como titular de lo que hoy es la Contaduria Mayor de Hacienda de la Ciudad.

Diana Alvarez Maury. Es licenciada en Derecho por el ITAM con maestría en la Universidad de las Américas. Ha sido profesora universitaria por más de 15 años en diferentes instituciones, impartiendo las maestrías de Derecho constitucional, Garantías individuales, Teoría del Estado, entre otros. Fue Coordinadora y directora de la licenciatura de Derecho de la Universidad de las Américas. Actualmente es consultora jurídica independiente y directora académica de la preparatoria Thomas Alba Edison.

Mientras que la terna para la Fiscalia Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) la integran María Estela Ríos González, Ernestina Godoy Ramos y José Agustín Ortiz Pinchetti.

Ernestina Godoy Ramos. Es egresada de la Facultada de Derecho de la UNAM. Ha sido fundadora de organismos de la sociedad civil, como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Ha realizado actividades de observación electoral en programas del IFE y de Naciones Unidas. Fungió como diputada local y actualmente es diputada federal en la LXIII Legislatura por el distrito 4 federal y secretaria de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados por Morena.

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María Estela Ríos González. Es egresada de Derecho de la UNAM. Se ha desempeñado como litigante especializada en Derecho laboral y en Defensa de sindicatos y trabajadores, fue presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y ha ocupado los cargos de directora del Registro Civil de la Ciudad de México, procuradora de la Defensa del Trabajo y consejera jurídica y de servicios legales del Gobierno del Distrito Federal.

José Agustín Ortiz Pinchetti. Es egresado de la Escuela Libre de Derecho con maestría en la Universidad Iberoamericana. Practicó la profesión de abogado por más de 40 años y ha sido profesor universitario, escritor, ensayista y articulista del periódico La Jornada. Participó en el movimiento democratizador de Carlos Madrazo de 1967 a 1969. Fue consejero ciudadano del IFE y participó en los trabajos para la reforma política del Distrito Federal. También ha sido secretario del Gobierno del Distrito Federal y diputado federal.

López Obrador señaló que las propuestas estarán sujetas a discusión del Congreso de la Unión y cuando se realice la elección, será respetuoso de la decisión final; a la vez, comentó que cada uno de los candidatos son independientes, “no les temblará la mano para hacer justicia” y no sólo tratarán de “aminorar la corrupción, sino de acabarla por completo”, sostuvo.

López Obrador afirmó que en sus propuestas «hay ciudadanos honestos e independientes que harán valer el principio de que al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie».

El tabasqueño adelantó que buscará reformar el artículo 108 constitucional, para que, el presidente de la República pueda ser juzgado por delitos de corrupción y electoral; también trabajará en mecanismos que garanticen la legitimidad de los procesos democráticos, tales como la compra del voto y fraudes electorales.