Talan árboles en por lo menos seis comunidades; la oposición al proyecto crece. Ante denuncias, tanto penales como de derechos humanos, sólo hay silencio. La autopista privada Toluca Naucalpan es promovida por Teya, propiedad de Armando Hinojosa Cantú, junto a Banorte y el gobierno del Estado de México.
Por ALDABI OLVERA | Masde131
La empresa Autovan, filial de la constructora Teya, envuelta en un escándalo internacional por la construcción de la mansión de más de 86 millones de pesos de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, tiene una serie de denuncias por “Incumplimiento de amparo”, “destrucción de vegetación”, “tala de árboles” en territorio comunal y boscoso de indígenas ñatho (otomí) ante la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y ante la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa).
Teya es a su vez parte de Grupo Higa, consorcio de Juan Armando Hinojosa Cantú que obtuvo la licitación del suspendido Tren rápido México-Querétaro, y que mediante la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro tiene en su registro la ahora famosa “Casa Blanca de EPN”. Teya ganó en el 2007 la licitación para construir la autopista privada Toluca-Naucalpan que pretende atravesar el Parque Ecológico, Turístico y Recreativo Zempoala La Bufa, denominado Parque Otomí–Mexica del Estado de México que tiene también categoría de Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río Mayorazgo Temoaya.
Desde el 2007, miembros de Autovan-Teya han incursionado (sin permiso) en territorio comunal para hacer mediciones topográficas y talar árboles en por lo menos seis comunidades: San Lorenzo Huitzizilapan, Santa Cruz y San Francisco Ayotuxco, San Francisco Chimalpa, Santa María Atarasquillo, Santa María Tlalmimilolpan y San Francisco Xochicuautla.
Másde131 cuenta con copias del acta relativa a la licitación, con actas de asambleas, amparos y denuncias penales donde se muestra la forma en la que sistemáticamente la constructora de la “Casa Blanca de EPN” ha violado los derechos agrarios, humanos e indígenas de estas comunidades en contubernio con dependencias del gobierno del Estado de México como el Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos del Estado de México (SAASCAEM) y la Secretaria de Seguridad Pública (SSC).
El acta de Banobras relativa a la autopista relata que el proyecto consiste en la construcción de una carretera A4 (de cuatro carriles) de 34.2 kilómetros que unirá el municipio de Naucalpan con la Ciudad de Toluca y será promovida por Teya, Banorte y el gobierno del Estado de México.
De acuerdo con las actas de asambleas, miembros de la empresa nunca se han presentado a las asambleas de las comunidades donde, de acuerdo con la Ley Agraria, se deben resolver y en su caso aprobar cualquier afectación sobre su territorio.
En San Francisco Xochicuautla se ha formado oposición a la autopista, sin embargo, miembros del Comisariado de Bienes Comunales y la empresa han logrado avanzar la construcción del proyecto alterando las actas de asamblea.
Según acta de la asamblea de la comunidad con fecha del 14 de agosto del 2011, durante la asamblea de comuneros se presentó la solicitud del proyecto carretero pero no se menciona quién o quiénes hicieron la propuesta. A los comuneros se les dijo que era una obra de “interés público cuando en realidad es una obra de interés privado”. Abandonaron la asamblea por no estar de acuerdo y se les tomó como abstenciones. Así es como fue aprobada la carretera.
El acta de asamblea de la comunidad de Santa Cruz Ayotuxco del día 18 de abril del 2010 fue sólo informativa, pero fue tomada como prueba de la aprobación de la comunidad del proyecto carretero.
Tampoco hubo personal de la empresa para explicar a la comunidad el proyecto. Santa Cruz presentó una querella que resultó en la sentencia del expediente 67/2011 en la cual SAASCAEM y Autovan eran condenadas a “desocupar y entregar la superficie de 156,000 metros cuadrados que le fue entregada mediante acta”.
De acuerdo con el juicio agrario 647/2011 y con el amparo directo 48/2014, interpuesto por comuneros de Xochicuautla, las asambleas serían nulas ya que para un asunto de esta índole, por lo menos la mitad de los comuneros deben estar presentes; a dicha asamblea asistieron únicamente 262 de 882. Para ver: Amparos y Juicios PDF
CONTUBERNIO CON EL GOBIERNO Y AGRESIÓN A LAS COMUNIDADES
De acuerdo con el acta relativa al acto de emisión del fallo con la cual se dio la concesión de la licitación pública SCEM-CCA-01-06, la carretera fue dada a Teya bajo el argumento de que la tarifa dada por Teya “resulta ser la más baja de todas las propuestas, dará mayor accesibilidad a la autopista, lo que repercute en beneficio del interés social”.
Esta fue otorgada a Teya sobre otras constructoras como Tradeco, la cual tiene la concesión de La Pera-Cuautla, a la cual se opone la comunidad de Tepoztlán en Morelos.
Además de contar con la firma de once funcionarios de SAASCAEM, dependencia también denunciada por los indígenas, el proyecto está firmado por el actual Secretario de Comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quién fue a China a resolver los problemas que dio la cancelación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, que además de estar concesionado a China Railway Construction también estaba a favor de Teya.
La construcción del tren habría sido suspendida debido a “supuestos favoritismos políticos”.
Los ataques contra las comunidades han llegado a tal grado que no hay asamblea en Xochicuatla desde el 2011 en la que no haya presencia de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Estado de México, en particular de granaderos.
Incluso, cuando se ha presentado la empresa de Armando Hinojosa Cantú, personal de la SSC ha llevado a cabo detenciones arbitrarias en contra de de los otomíes, incluidas señoras. El 14 mayo del 2013, catorce hombres y mujeres, la mayor parte adultos mayores, fueron detenidos mientras la empresa destrozaba milpas de maíz azul.
El tres de noviembre del 2014, mientras el delegado municipal elegido por usos y costumbres enseñaba a la empresa el amparo que protege a la comunidad (48/2014), siete mujeres y hombres fueron detenidos por la SSC al interponerse entre la maquinaria y los árboles. Fueron puestos en libertad bajo caución tres días después.
Las últimas detenciones se dan en un contexto de tensión, ya que Teya-Autovan y granaderos de la SSC entraron a territorio comunal el 8 de noviembre talando árboles y haciendo levantamientos topográficos. Desde entonces, todos los días hábiles han trabajado. Desde la comunidad se alcanza a ver la destrucción de cientos de árboles e incluso, casas de varios habitantes están amenazadas.
Ante esta situación, Xochicuautla interpuso el 27 de octubre tres denuncias penales, una ante la PGR, otra ante Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) y ante la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) en contra del Director General y Representante Legal y Director General de Autopsitas de Vanguardia y del contador José Ramón Alcalá Angelino. En contra del Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos y auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), y en contra del director de la SSC, Damián Canales Mena.
De proceder las denuncias, la empresa en colusión con SAASCAEM y la SSC estarían violando el amparo 46/2014 de la comunidad, el artículo 46 fracción nueve de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, además de la ley agraria.
Además, de violar la ley al realizar detenciones arbitrarias y no respetar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de manera libre, previa e informada de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado por México.
Hasta la fecha, ante las denuncias tanto penales como de derechos humanos, sólo hay silencio.
LOS DECRETOS EXPROPIATORIOS DE ENRIQUE PEÑA
En mayo del 2014, Enrique Peña Nieto continuó con la ofensiva en contra de estos pueblos en favor de sus empresas cercanas mediante decretos expropiatorios federales. En el decreto que expropia seis hectáreas de Huitzizilapan, se dice que el área la ocupará la autopista ya que el terreno expropiado no es “susceptible de labores agrícolas” pese a que en la región se cultiva papa, maíz azul y se dan hongos comestibles.
La supuesta utilidad pública que el gobierno de Peña Nieto argumenta en los decretos dirigidos contra Huitzizilapan, Tlalmimilolpan y Atarasquillo, dice:
“Resulta un factor determinante para el desarrollo económico y social para el Estado de México, y para la consolidación, ampliación y modernización de la red de autopistas de altas especificaciones que haga más segura, económica y confortable la interconexión de polos de desarrollo industrial, turístico, comercial y, en general, del transporte de bienes y personas”.
Lo que no dice el documento es que ya existe una carretera de Toluca a Naucalpan, que no es de cuota y pasa por el centro de Huitzizilapan, Xochicuautla y termina en Chamapa.
El decreto pretende enlazar el Aeropuerto Internacional de Toluca (cuya construcción se adjudica a las empresas de Hinojosa Cantú junto a la española OHL) con la zona norte y noroeste de la zona metropolitana de la Ciudad de México: “Lo que significa una enorme aportación al desarrollo socioeconómico para toda la región centro del país”.
Ciudad, conectividad, negocio, principalmente para constructoras ligadas al PRI; pero en ninguna parte del decreto de Peña Nieto ni de las licitaciones se menciona a los pueblos indígenas que habitan la región.
Licitación TEYA Toluca – Naucalpan