La nueva planta de tratamiento de aguas residuales de Huauchinango, Puebla, construida por el gobierno del estado no cuenta con permisos ambientales y en su edificación se cometieron diversos delitos ecológicos. En la obra se gastaron 162 millones de pesos.
Leticia Ánimas
Regeneración, 11 de julio de 2017. Huauchinango, Puebla.- Al menos tres conductas y omisiones constitutivas de delitos contra el medio ambiente y el ordenamiento ecológico fueron cometidas durante la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Huauchinango en la que se invirtieron recursos por 162 millones de pesos provenientes de los gobiernos estatal y federal.
Así lo consideró el biólogo Francisco Ledezma quien indicó que tanto la empresa constructora como el gobierno del estado, que licitó y ejecutó los trabajos sin contar con diversas licencias ambientales, incluidos los cambios de uso de suelo forestal, incurrieron en varios de los ilícitos previstos y sancionados en el Código Penal Federal en materia de recursos naturales, y otras conductas ilegales que atentan contra el ordenamiento ecológico y de impacto ambiental.
“Hubo desmonte y destrucción de vegetación natural; tala de árboles, cambio de uso del suelo forestal sin autorización, por lo que se pueden dictar sentencias de hasta nueve años de prisión y multas de hasta tres mil días de salario. Pero como se cometieron en un en un Área Natural Protegida –desde 1938-, estas penas pueden triplicarse: Así lo prevé el artículo 418 del Código Penal federal”, indicó.
Para la preparación del terreno donde se construyó el edificio principal de la planta con la que se pretende tratar las aguas negras generadas por los habitantes de la cabecera municipal, se talaron poco más de 50 árboles “jóvenes, de entre 15 y 20 años” de diversas variedades: como ocotes, pinos y ahilites, señalaron pobladores de Totolapa (El Sifón) y agregaron “hubo desmonte y movimientos de suelo. Nada más hay que asomarse a la orilla del río Texcapa para ver todos los movimientos que hicieron, toda la tierra que sacaron y ahora hicieron un disque relleno que podría caer al río”.
Según los mismos pobladores, lo mismo se hizo a todo lo largo de la zona boscosa para ampliar el colector que termina en la colonia La Palpa al noreste de la ciudad de Huauchinango, el mismo que el pasado 24 de Junio rebasó su capacidad y vertió las aguas residuales por la calle principal de esta comunidad.
En cuanto a las violaciones al ordenamiento ecológico e impacto ambiental, dijo el biólogo Ledezma, la planta tratadora de aguas residuales y la ampliación y construcción de los colectores que desembocan en ella, se hicieron sin contar con autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, requisito que se debió cumplir con mayor “razón estado en un área de protección de recursos naturales”.
El experto indicó que además, todo esto sucedió “con el agravante de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) había iniciado un procedimiento por las irregularidades en las obras, por estas violaciones y otras carencias; incluso había clausurado los trabajos en diciembre (cuando tenían un avance del 80 por ciento) y no les importó seguir violando la ley, continuarlos hasta su conclusión e inauguración” el pasado 10 de Mayo, ceremonia que encabezó el gobernador José Antonio Gali Fayad.
El experto en cuestiones ambientales no dudó que la obra sea necesaria y urgente para contribuir al saneamiento de la cuenca del río Necaxa, “pero no puedes tapar un hoyo y abrir otros. Como te lo comenté, todas las buenas intenciones de la obra se esfuman si la haces violando la ley y causando más daños al ambiente: es lo que se llama una acumulación de impactos, pero todos negativos, en la región.”
El jueves pasado, la PROFEPA dio a conocer que tras realizar una supervisión en la planta tratadora de aguas residuales de Huauchinango encontró que los sellos de clausura que colocó en diciembre pasado habían sido violados y que al requerir nuevamente los permisos ambientales de la obra los responsables de la misma no contaban con ellos.