La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) se han encargado del sabotaje a la consulta. Han comenzado a entrar a los pueblos a tratar de dividirlos, a soltar dinero para hacer consultas paralelas.
Regeneración, 25 de junio de 2017.- El abogado Jorge Fernández, advirtió que el clima de intimidaciones y hostigamiento contra los habitantes que se oponen a la siembra de soya transgénica en Campeche y Yucatán sigue creciendo, situación que obstaculiza la realización de la consulta ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los pueblos de la región decidan libremente sobre el tema.
“Ha habido una persistente actitud de sabotear el proceso de consulta”, dijo el litigante.
Tanto la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) se han encargado del sabotaje a la consulta.
Como ejemplo, el abogado recordó la reunión del pasado 13 de mayo, en la que se supone que los representantes del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria –dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)– iban a dialogar con apicultores afectados por la soya transgénica, pero los dejaron plantados.
También mencionó el encuentro del pasado 27 de mayo, cuando la delegación de la Cibiogem saboteó un encuentro con los representantes de los pueblos inconformes y cuestionó su autoridad y además llevó a personas que reventaron la sesión.
“Lejos de establecer procesos adecuados para que los pueblos ejerzan su derecho a la consulta, la Cibiogem y la CDI, en complicidad, intentan plantear una propuesta que ni con mucho se acerca a los estándares internacionales, los cuales establecen que dichos ejercicios deben ser previos, informados, libres y de buena fe”, dijo Fernández.
Agregó que “frente a la resistencia de las comunidades de aceptar una consulta chafa y su capacidad de exigir diálogo y no caer en provocaciones, han comenzado a entrar a los pueblos a tratar de dividirlos, a soltar dinero para hacer consultas paralelas. Eso viola el principio de buena fe y el mandato de la SCJN”, recalcó.
Con información de La Jornada