Nava Soria está en la lista de quienes habrían colaborado con Duarte como accionistas, contadores o representantes legales para desviar recursos públicos e invertirlos mediante firmas fantasma en México, Estados Unidos y España.
Regeneración, 21 de abril del 2017.-Javier Nava Soria, el contador de Javier Duarte detenido en España el miércoles, ha rechazado la extradición inmediata a México, da a conocer EL UNIVERSAL.
La decisión de Nava abre un proceso que puede alargarse durante meses, como ocurrió con el caso del Porky, Diego Cruz Alonso, que pasó entre junio de 2016 y enero de 2017 en una cárcel de Madrid hasta que agotó todos los recursos judiciales de los que disponía para retrasar su regreso a Veracruz.
Ahora que Nava ha rechazado el traslado obligatorio a México, donde pesan contra él cargos de “delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Secretariado de Relaciones Exteriores (SRE) tienen 45 días para presentar la documentación necesaria para acreditar para una extradición forzosa.
Luis Videgaray confirmó este jueves en España, donde se encontraba en una visita oficial, que el gobierno presentaría todos los documentos, ante la previsión de que el colaborador de Duarte no aceptaría regresar a México voluntariamente.
A partir de este momento comenzarán una serie de vistas en los tribunales y recursos que terminarán en un plazo incierto con una decisión judicial que deberá avalar el gobierno de España, explican desde la Audiencia Nacional.
Javier Nava tenía una Orden Internacional de Detención de la Interpol, se le acusa de desviar dinero público destinados a educación y salud; para reinvertirlas en en la adquisición de bienes en México y el extranjero.
Era uno de los colaboradores más cercanos de Javier Duarte. La policía española asegura que los delitos que se le imputan a Nava podrían conllevar una pena de 20 años de prisión.
Nava Soria está en la lista de quienes habrían colaborado con Duarte como accionistas, contadores o representantes legales para desviar recursos públicos e invertirlos mediante firmas fantasma en México, Estados Unidos y España.